Derechos humanos

Derechos humanos, la clave para reducir conflictos socioambientales en el Perú

El Perú enfrenta desde hace décadas una conflictividad social marcada por tensiones entre comunidades, Estado y empresas en sectores estratégicos como minería, energía, infraestructura y agroindustria. Según la Defensoría del Pueblo registra que, en 2026, más del 50% de los conflictos activos son socioambientales, con la minería como principal foco. Estos conflictos no solo afectan la gobernabilidad y la estabilidad económica, sino que también ponen en riesgo la legitimidad de las instituciones y la sostenibilidad de las inversiones. 

En este escenario, el respeto a los derechos humanos emerge como un eje preventivo fundamental. No se trata únicamente de un principio ético, sino de una estrategia que permite reducir arbitrariedades, garantizar participación efectiva y construir confianza entre actores. Para desarrollarla, los expertos Arturo Huaytalla, sociólogo y docente universitario, y Eduardo Asmat, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Minera Bateas, permiten comprender cómo los derechos humanos se convierten en un mecanismo de gobernabilidad y sostenibilidad. 

Conflictividad social: ¿Crisis institucional o deficiencia en la gestión preventiva?

El marco de derechos humanos en el Perú y en la región se ha construido a partir de compromisos internacionales y normas nacionales que buscan equilibrar el desarrollo económico con la protección de las comunidades. 

Uno de los pilares es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Perú en 1994, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados frente a medidas susceptibles de afectar directamente sus territorios y modos de vida. Este convenio obliga al Estado a garantizar procesos de participación previa, libre e informada, y se ha convertido en un referente para evaluar la legitimidad de proyectos extractivos y de infraestructura.

De acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, orientan a los Estados y a las empresas a cumplir con el respeto hacia los derechos humanos en el desarrollo de actividades económicas. En el Perú, estos principios han sido incorporados en políticas corporativas de empresas mineras y energéticas, aunque su implementación práctica sigue siendo desigual. 

Arturo Huaytalla, docente de la Universidad Antonio Ruíz de Montoya, inicia diciendo que: “Los derechos humanos obligan a reconocer a las poblaciones como titulares de derechos y no únicamente como grupos de interés, beneficiarios o potenciales opositores”. 

Para el académico, el respeto a estos principios no puede reducirse a un recurso instrumental de las empresas, sino que constituye un límite ético y jurídico al ejercicio del poder. Recuerda que los conflictos sociales no nacen de hechos aislados, sino de procesos acumulativos de agravios y expectativas. En el Perú, estos principios han sido incorporados en políticas corporativas de empresas mineras y energéticas, aunque su implementación práctica sigue siendo desigual. 

Sin embargo, desde la práctica empresarial, Eduardo Asmat, Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Minería Bateas, sostiene como la compañía previene los riesgos sociales: “Integramos los estándares de derechos humanos a través de un enfoque preventivo basado en la debida diligencia”. Explica que Minera Bateas identifica riesgos, desarrolla planes de acción y mantiene un diálogo permanente con las comunidades. Reconoce que la experiencia del sector ha demostrado que la gestión de riesgos sociales debe ser preventiva y no reactiva.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo reportó en marzo de 2026 un total de 193 conflictos sociales activos, de los cuales 98 eran socioambientales y 33,7% vinculados a minería. Asimismo, regiones como Loreto, Puno y Áncash concentran la mayor cantidad de casos. Estos números confirman que la falta de transparencia y participación alimenta la desconfianza y el surgimiento de protestas.

En ese sentido, el ejecutivo señala la necesidad de anticiparse a las tensiones: “Integramos los estándares de derechos humanos a través de un enfoque preventivo basado en la debida diligencia. La experiencia del sector minero ha demostrado que la gestión de riesgos sociales debe ser preventiva y no reactiva”. Esto con la finalidad de prevenir riesgos sociales en el país mediante diálogo permanente, identificación temprana de riesgos y mecanismos de participación comunitaria. 

La cuestión peruana sobre los derechos humanos

En 2011, el país aprobó la Ley de Consulta Previa, que institucionaliza este derecho y establece procedimientos para que las comunidades indígenas participen en decisiones sobre proyectos de gran impacto. Sin embargo, diversos informes de la Defensoría del Pueblo han señalado limitaciones en su aplicación, como la falta de información culturalmente adecuada y la tendencia a convocar procesos de consulta cuando las decisiones ya están tomadas. Estas deficiencias han alimentado la percepción de que la consulta es un trámite formal y no un mecanismo real de participación. 

Otro instrumento relevante son los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, adoptados por varias empresas del sector extractivo. Estos principios buscan garantizar que las fuerzas de seguridad, públicas o privadas, actúen respetando los derechos de las comunidades. En un país donde los enfrentamientos entre población y fuerzas del orden han dejado víctimas mortales, su aplicación resulta crucial para reducir la conflictividad. 

Para el sociólogo, las empresas cuentan con recursos técnicos y legales muy superiores a los de las comunidades, lo que genera desigualdad en la deliberación. “La entrega formal de información no corrige por sí sola esa desigualdad si la población no dispone de tiempo, asesoramiento independiente y condiciones para comprenderla y discutirla”, señala.

El portavoz de Minera Bateas coincide en la importancia de la transparencia y agrega: “Compartir información clara, oportuna y accesible fortalece la credibilidad y facilita acuerdos sostenibles”. Describe cómo la empresa implementa oficinas de información permanente y carpas itinerantes para acercar datos a la población. Además, destaca los monitoreos ambientales participativos como espacios que generan confianza.

Huaytalla complementa: “La transparencia no consiste únicamente en publicar documentos; la información debe ser oportuna, completa, comprensible y culturalmente adecuada”. Recuerda que en muchos casos la participación pierde legitimidad porque se convoca después de que las decisiones ya fueron tomadas, lo que convierte la protesta en el único medio de visibilización.

Episodios como el Lote 192, donde comunidades indígenas exigieron reparación por pasivos ambientales acumulados durante décadas, generó la paralización de operaciones y obligó al Estado a intervenir como mediador. En el caso de la agroindustria de Ica, las protestas laborales de 2020 evidenciaron condiciones precarias y derivaron en la reforma de la Ley de Promoción Agraria. La hidroeléctrica de Inambari, proyectada en la Amazonía, fue cancelada tras oposición social por falta de consulta y afectación ambiental. 

Un ejemplo distinto es lo que sucede en Caylloma, donde la empresa participa en el Comité de Gestión del Fondo Social junto con autoridades locales y representantes de la sociedad civil. Este espacio permite que las decisiones se adopten de manera participativa y representativa, considerando las prioridades del territorio. “La experiencia demuestra que cuando se cumplen acuerdos y se mantiene un diálogo permanente, los conflictos no escalan”, afirma Asmat.

Los errores frecuentes de las empresas que alimentan la desconfianza

Huaytalla advierte sobre los errores frecuentes de las compañías: diseñar proyectos desde una lógica técnica y económica, incorporar lo social de manera tardía y relacionarse solo con dirigentes visibles. “Lo social no debe llegar después del proyecto; debe ser parte constitutiva de este”, enfatiza.

El ejecutivo reconoce que escuchar oportunamente y cumplir compromisos son factores determinantes para construir confianza. Por ello, señala que Minera Bateas ha incorporado cláusulas contractuales vinculadas a derechos humanos y en los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, buscando reducir riesgos en la interacción con las comunidades. 

En esa línea, la empresa ha reforzado sus mecanismos de diálogo y seguimiento, además de establecer procedimientos para atender reclamos comunitarios. También ha incorporado cláusulas contractuales vinculadas a derechos humanos en los acuerdos con sus contratistas y ofrece capacitación específica a su personal de seguridad en los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, buscando reducir riesgos en la interacción con las comunidades. 

El especialista en temas sociales recuerda que la confianza no se construye mediante campañas comunicacionales, sino a partir de experiencias concretas y sostenidas. “Una comunidad confiará cuando observe que la información recibida es cierta, que los compromisos se cumplen, que sus representantes no son deslegitimados y que las afectaciones son reconocidas y corregidas”.

Asmat añade que la efectividad de las políticas de derechos humanos se mide con indicadores específicos: número de disputas significativas con comunidades y número de huelgas, ambos mantenidos en cero gracias al trabajo preventivo.

Asimismo, agrega que: “La articulación entre Estado, empresas y comunidades es fundamental. El respeto de los derechos humanos debe integrarse desde la planificación estratégica y formar parte de la gestión diaria. Solo así se construyen relaciones de confianza y se generan condiciones para el desarrollo sostenible de los territorios”.

Ambos autores revelan coincidencias y tensiones que reflejan la realidad peruana. El sociólogo insiste en que los derechos humanos son un límite ético y jurídico que obliga a reconocer a las comunidades como actores políticos. El ejecutivo muestra cómo una empresa puede traducir esos principios en prácticas concretas de diálogo, transparencia y reparación. Ambos coinciden en que la confianza no se construye con discursos, sino con hechos verificables.

El respeto a los derechos humanos se convierte así en una estrategia de gobernabilidad y sostenibilidad. No es un accesorio ni un programa de responsabilidad social, sino la condición indispensable para reducir la conflictividad y legitimar las inversiones. En un país donde más del 50% de los conflictos son socioambientales, la prevención requiere tanto un enfoque estructural, que reduzca desigualdades y fortalezca la institucionalidad, como un enfoque operativo, que implemente mecanismos de diálogo, reparación y evaluación.

Después de celebrar los 205 años de independencia, el Perú enfrenta un reto monumental: construir un modelo de desarrollo que respete los derechos humanos, garantice participación efectiva y reduzca la conflictividad social. La sostenibilidad no se logrará con imposiciones ni con campañas comunicacionales, sino con coherencia, presencia sostenida y rendición de cuentas. El respeto a los derechos humanos es, en definitiva, la única vía para transformar la relación entre Estado, empresas y comunidades, y asegurar un futuro de estabilidad y legitimidad.