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Más allá de las NDC: el desafío de hacer que la transición climática ocurra

El Perú se ha propuesto no superar los 179 millones de toneladas de CO2 equivalente entre 2030 y 2035, según la actualización más reciente de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), presentada a finales de 2025. La meta a largo plazo es aún más ambiciosa: alcanzar emisiones netas iguales a cero hacia 2050.

Sobre el papel, el país ha construido una arquitectura normativa y de planificación climática que destaca en la región. Sin embargo, el desafío ya no está en formular compromisos, sino en demostrar que pueden convertirse en resultados concretos sobre el territorio.

Desde el Ministerio del Ambiente (Minam), el objetivo actual es pasar de una etapa centrada en la planificación a otra enfocada en la implementación territorial de la acción climática. Nelly Paredes del Castillo, ministra del Ambiente, sostiene que la Ley Marco sobre Cambio Climático ha permitido consolidar esta agenda como un eje estratégico para fortalecer la competitividad, aumentar la resiliencia y promover el desarrollo sostenible.

La ministra añade que el país fortaleció su sistema de transparencia climática mediante la presentación del Primer Informe Bienal ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el cual identificó una necesidad de inversión superior a los 186 000 millones de soles hacia 2030 para cumplir las metas nacionales.

«El desafío ahora es acelerar la implementación y convertir estos compromisos en resultados concretos para la población y los territorios», enfatiza.

Adaptarse ya no es una opción

La transición hacia una economía resiliente requiere instrumentos capaces de traducir objetivos nacionales en acciones concretas. En esa línea aparece el Plan Nacional de Adaptación (PNA), que busca responder cómo, dónde y cuándo deben implementarse las medidas frente al cambio climático. Su punto de partida es claro: los impactos climáticos no afectan a toda la población de la misma manera.

José Luis Capella, director del Programa Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA, explica que el plan reconoce distintos niveles de vulnerabilidad y prioriza grupos históricamente más expuestos. Entre ellos se encuentran pueblos indígenas, personas en situación de pobreza, niñas, niños y otros grupos cuya capacidad de respuesta suele ser menor frente a eventos extremos.

«Un aspecto destacable es que, en el análisis de exposición y vulnerabilidad, se incluyen los impactos potenciales indirectos sobre estas poblaciones (…). Sin embargo, cuando revisamos las medidas de adaptación vigentes, aún hay oportunidades de mejora para garantizar que realmente se tomen en cuenta estas vulnerabilidades al momento de implementarlas», argumenta.

Para el especialista, reconocer vulnerabilidades en los documentos no es suficiente si estas no terminan reflejándose en decisiones concretas. En el caso de la niñez, señala que no basta incorporar el enfoque intergeneracional como criterio de redacción. Considera necesario que niñas, niños y adolescentes participen activamente en las acciones diseñadas para responder a los riesgos identificados.

«Adicionalmente, los procesos de actualización o formulación de nuevas medidas representan oportunidades para abrir procesos participativos con las poblaciones más vulnerables. Resaltan las nuevas áreas temáticas: desplazamiento interno forzado y la promoción de empleos verdes que se incluyeron en la NDC 3.0», comenta.

Lo que no se mide, no se corrige

Con el objetivo de verificar resultados, el Minam aprobó durante 2026 el Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación de las Medidas de Adaptación al Cambio Climático. El instrumento busca ordenar el seguimiento de las acciones contempladas en las NDC y generar evidencia sobre su efectividad.

«Este es un instrumento que busca fortalecer el seguimiento de las acciones de adaptación de las NDC para asegurar una implementación más efectiva frente a los impactos del cambio climático», asegura Nelly Paredes del Castillo.

Según la ministra, el sistema permitirá orientar el monitoreo en el territorio nacional, reducir vulnerabilidades y fortalecer la capacidad adaptativa tanto de la población como de los ecosistemas.

«Contar con un sistema de monitoreo robusto permitirá mejorar la eficacia de las acciones de adaptación, promoviendo soluciones sostenibles que contribuyan a enfrentar riesgos climáticos y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante intervenciones estratégicas del Estado», remarca.

Desde una mirada técnica, José Luis Capella destaca que el plan incluya una evaluación intermedia para revisar si las medidas están reduciendo riesgos y realizar ajustes cuando sea necesario.

«Si bien esta evaluación es opcional, esperamos que esto sea implementado por todos o la mayoría de los sectores que ejecutan las medidas. Es clave poder medir el avance y corregir la ruta para llegar a los resultados que nos hemos planteado como país tanto para 2030 como para 2050», sostiene.

Entre el presupuesto y la implementación

El reto no está únicamente en contar con un sistema de seguimiento. Para especialistas en financiamiento climático, el verdadero valor del monitoreo dependerá de si logra corregir problemas estructurales que han limitado históricamente la acción climática en el país.

José Luis Ruiz Pérez, director de Finanzas Sostenibles de A2G Sostenibilidad y Cambio Climático, considera que el plan representa un avance porque busca generar información más ordenada sobre el progreso de las medidas de adaptación en sectores como agua, agricultura, salud y bosques.

«No obstante, desde una perspectiva de finanzas sostenibles, el valor de este instrumento depende enteramente de si logra resolver tres vacíos estructurales que han limitado la acción climática peruana históricamente», manifiesta.

El primer vacío es la articulación entre niveles de gobierno. Aunque el plan promueve el intercambio de información entre el ámbito nacional, regional y local, esa coordinación sigue siendo una dificultad persistente. «Sin mecanismos de reporte vinculantes y sin presupuesto asignado a los gobiernos subnacionales para implementar el monitoreo, el plan corre el riesgo de quedarse en papel», explica.

El segundo desafío es la trazabilidad financiera. Para Ruiz, un sistema de monitoreo sólido necesita identificar qué inversiones públicas y privadas están generando reducciones reales del riesgo climático. «Sin esto, el plan se convierte en un registro de actividades, no en una medición de resultados», detalla.

El tercer elemento es la calidad de la información disponible. La diversidad geográfica del Perú exige líneas de base confiables y sistemas de información comparables, pero todavía existen brechas importantes, especialmente en zonas rurales y amazónicas. Un monitoreo construido sobre datos incompletos puede producir diagnósticos limitados y afectar la toma de decisiones.

«Para que este plan sea una herramienta de gestión y no un requisito de cumplimiento internacional, el siguiente paso crítico es vincularlo al ciclo presupuestal del Estado: que las medidas de adaptación monitoreadas tengan reflejo en el presupuesto por resultados. Ahí está la prueba de fuego», enfatiza.

Desde el Minam sostienen que parte de estos riesgos ya está siendo abordada mediante fortalecimiento de capacidades técnicas y lineamientos comunes para regiones y municipios. Según la ministra del Ambiente, el sector impulsa asistencia técnica permanente y mecanismos de reporte articulados para mejorar la calidad de la información.

«El Minam aprobó lineamientos metodológicos que permiten a regiones y municipios implementar y evaluar sus instrumentos de gestión climática bajo criterios comunes, facilitando una mejor toma de decisiones a nivel nacional», precisa. Agrega que existe acompañamiento continuo a Gobiernos regionales y acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades locales. «A ello se suma un sistema de reporte periódico que organiza el flujo de información desde el nivel local hacia el regional y nacional, fortaleciendo la calidad de los datos y permitiendo al Perú dar seguimiento a sus compromisos internacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático», explica.

La transición no se hace solo desde el Estado

Las metas climáticas tampoco podrán cumplirse únicamente mediante regulación pública. La transformación requerida implica decisiones económicas que, en gran medida, dependen del sector privado.

José Luis Ruiz sostiene que pensar una reducción de emisiones sin coordinación con las empresas resulta poco realista. Son sectores como minería, manufactura, agroindustria, pesca, construcción y transporte los que finalmente ejecutarán inversiones y modificarán procesos para hacer viable una economía baja en carbono. «El Estado puede fijar la meta, pero no puede ejecutarla solo», recalca.

Gabriel Quijandría, director regional para América del Sur de la UICN, considera que el rol del Estado es generar señales que orienten decisiones económicas. Según explica, gran parte de las decisiones que afectan emisiones son tomadas por actores privados que responden a incentivos y reglas institucionales. Para el también exministro del Ambiente, uno de los principales desafíos está dentro del propio aparato estatal: lograr que los compromisos internacionales sean asumidos de forma transversal.

«Sobre todo los ministerios que están vinculados a los sectores productivos, no asumen esos compromisos como propios, sino que lamentablemente lo siguen viendo como una imposición extranjera o del sector ambiente», argumenta.

Desde el sector empresarial también se reconoce que cumplir las metas climáticas exige una relación distinta entre empresas y Estado. Vanessa Macher, directora ejecutiva de UN Global Compact Perú, sostiene que esa coordinación debe construirse sobre una lógica de corresponsabilidad y visión de largo plazo. Las metas climáticas, explica, difícilmente serán alcanzadas únicamente mediante regulación pública o iniciativas voluntarias aisladas. Requieren una agenda compartida que alinee objetivos económicos y ambientales.

«Desde el sector empresarial, es fundamental avanzar en la incorporación de la sostenibilidad y la acción climática dentro de la estrategia del negocio, con metas medibles de reducción de emisiones, adaptación y resiliencia», señala.

En 2025, Pacto Global de las Naciones Unidas Perú realizó la primera Consulta Empresarial de Sostenibilidad para conocer el nivel de avance del sector frente a la acción climática. El estudio incluyó a 236 empresas ubicadas en 17 regiones del país. Entre sus resultados, identificó que la medición de la huella de carbono empieza a consolidarse como una práctica relevante dentro de la gestión empresarial, aunque solo el 46 % afirmó medir la huella de carbono de sus operaciones.

La adopción es significativamente mayor entre grandes empresas, donde alcanza el 84%, mientras que entre pequeñas y medianas empresas llega al 41%. En microempresas, el porcentaje desciende al 14 %. Para Macher, ampliar esa transición requiere que el Estado genere condiciones más favorables. «Para que ello escale, el Estado cumple un rol clave generando condiciones habilitantes: marcos regulatorios claros, predictibilidad, incentivos para la innovación y financiamiento verde, así como mecanismos que faciliten la transición hacia una economía baja en carbono», agrega.

En esa discusión aparecen instrumentos económicos que todavía generan debate en el país. Gabriel Quijandría considera que el impuesto al carbono podría convertirse en una herramienta para acelerar la reducción de emisiones y fortalecer el cumplimiento de las NDC.

«Países como Chile, Colombia o Argentina tienen el impuesto al carbono que ha servido como un instrumento para dinamizar los mercados de carbono y para generar un incentivo, digamos, para el cumplimiento de estas metas. En el caso peruano, hasta ahora hemos optado por la opción voluntaria (…) considero personalmente que no es suficiente», sostiene.

Más allá de cuál sea el mecanismo elegido, la discusión apunta a una misma pregunta: cómo generar señales económicas capaces de hacer que la transición climática deje de depender solo de la voluntad.

La credibilidad también se financia

El cumplimiento de las NDC ya no tiene únicamente implicancias ambientales. También empieza a convertirse en un factor económico. José Luis Ruiz plantea que la transparencia climática y la capacidad de demostrar avances medibles son variables que hoy observan inversionistas y organismos financieros internacionales.

Los mercados de capital verde —bonos verdes, financiamiento climático e inversiones con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)— funcionan sobre una lógica de confianza institucional. Un país que reporta con consistencia, demuestra resultados y cuenta con métricas verificables reduce el riesgo percibido por los inversionistas y mejora sus condiciones de acceso al financiamiento.

«El cumplimiento transparente de las NDC no es solo un deber ético, es un activo financiero concreto», reflexiona.

Como ejemplo, menciona el reciente financiamiento recibido por el país para fortalecer la gestión de áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento amazónicas. «Los resultados ya son visibles. Perú recibió hace poco 37.5 millones de dólares del Fondo Verde para el Clima de la ONU como parte de un paquete de 74.5 millones destinado a fortalecer la gestión de 25 áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento amazónicas. Eso no ocurre por casualidad: es el resultado de años de construcción institucional y credibilidad climática», finiquita.

El Perú ya definió hacia dónde quiere avanzar. Las metas climáticas están trazadas y el marco institucional se ha fortalecido durante los últimos años. Pero el siguiente desafío será demostrar que esos compromisos pueden traducirse en decisiones sostenidas, inversiones efectivas y resultados visibles para la población.

La capacidad del país para alcanzar sus objetivos no dependerá únicamente de nuevos planes o reportes internacionales. Estará marcada por su capacidad de coordinar sectores, sostener financiamiento, fortalecer territorios y convertir la acción climática en una política de desarrollo. En adelante, la credibilidad del Perú frente al cambio climático se medirá menos por lo que promete y más por lo que logre transformar.