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¿Podrá el gobierno de Keiko Fujimori cumplir su agenda ambiental? Expertos analizan los desafíos 

La administración de Keiko Fujimori heredará una Amazonía presionada por la minería ilegal, una deforestación persistente y un sistema de gestión de residuos que aún deja millones de toneladas sin tratamiento adecuado. ¿Podrá revertir esa tendencia?

Frente a este panorama, en Stakeholders consultamos a expertos sobre los principales retos que deberán asumir las nuevas autoridades y la viabilidad de las propuestas ambientales incluidas en el plan de gobierno de Fuerza Popular.

Los retos del nuevo Gobierno 

Para Manuel Pulgar-Vidal, líder Global de Clima y Energía de WWF Internacional y exministro del Ambiente, el Perú ha retrocedido de manera significativa en materia ambiental durante la última década.

A su juicio, el país ha perdido relevancia, capacidad de liderazgo, visión y claridad en sus objetivos, en parte debido a la falta de funcionarios competentes en el Ministerio del Ambiente (Minam) y en otras instituciones vinculadas.

En ese contexto, sostiene que el primer desafío será recuperar la institucionalidad ambiental y devolverle protagonismo dentro de las políticas de desarrollo del país, fortaleciendo además la articulación entre el Gobierno nacional, los Gobiernos regionales y las municipalidades.

«Lograr esto solo va a ser posible si la gobernante entrante tiene la voluntad política. No hay manera que un ministro (a) del Ambiente sea eficaz y tenga éxito si no cuenta con el respaldo del más alto nivel de gobierno», indica.

Pulgar-Vidal advierte que el debilitamiento institucional ha tenido consecuencias concretas: una menor capacidad de fiscalización ambiental y el crecimiento de actividades ilícitas como la minería ilegal, la pesca ilegal y otros delitos ambientales.

Mariano Castro, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) y exviceministro de Gestión Ambiental, considera que en los últimos años las políticas públicas han relegado a la Amazonía, pese a su enorme importancia ambiental, social y económica.

«Esta falta de priorización ha determinado, a su vez, que las políticas y las propuestas electorales que se han dado, no llegan efectivamente a cubrir las brechas que existen en la Amazonía, desde las cuestiones más esenciales», enfatiza.

Otro de los retos será mejorar los indicadores de calidad del aire, calidad del agua, calidad del suelo, control de la contaminación y gestión de residuos sólidos. Para Pulgar-Vidal, el rezago es evidente.

«No puede ser que desde 2010, cuando Antonio Brack Egg obtuvo fondos de cooperación internacional para desarrollar 32 rellenos sanitarios, estos no se hayan implementado del todo. Hoy la demanda es mayor y seguimos con botaderos y una pésima gestión de residuos sólidos a nivel nacional», sostiene. 

Frente a las economías ilegales

Indudablemente, las economías ilegales también representan un desafío prioritario para la nueva gestión. Pulgar-Vidal sostiene que estas actividades han logrado incluso influir en la política ambiental debido a la limitada capacidad del Estado para ejercer una fiscalización efectiva.

En este contexto, Albina Ruiz, fundadora y presidenta de Ciudad Saludable y exministra del Ambiente, cuestiona que aún existan concesiones mineras en ríos y bosques primarios, como ocurre en Madre de Dios.

«Para su abordaje, tienen que intervenir también el Minem, la Fiscalía Especial de Medio Ambiente, la de Crimen Organizado, entre otras instituciones», puntualiza.

Mariano Castro añade que otro aspecto pendiente es resolver la situación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), mecanismo creado para formalizar a pequeños mineros y mineros artesanales, pues considera que ha generado escenarios de impunidad que favorecen tanto la deforestación como la contaminación ambiental.

La articulación entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será otro factor determinante para impulsar la agenda ambiental. Para los especialistas, las inversiones en sostenibilidad deben ser entendidas como una condición para el crecimiento económico y la competitividad.

«Cuando uno mira que tanto el Perú ha crecido en energías renovables, introducción de vehículos eléctricos, políticas de precio al carbono, es lo más modesto en la región. Adelante están países como Chile, Colombia o Brasil», manifiesta Manuel Pulgar-Vidal.

Albina Ruiz sostiene que la gestión ambiental requiere respaldo presupuestal y una adecuada sustentación técnica para obtener recursos públicos.

«En su momento, desde el MEF entendieron la inversión en infraestructura de valorización y disposición final de residuos, y se sacó por decreto de urgencia 320 millones de soles cuando era ministra del Ambiente», sostiene. 

A estos desafíos se suma uno de carácter inmediato: fortalecer la prevención y la adaptación frente al fenómeno de El Niño.

Recientemente, la Contraloría General de la República identificó 32 obras de infraestructura pública vinculadas a este evento cuyos costos aumentaron 140.7 % y cuyos plazos de ejecución se extendieron 332.6 % respecto de lo previsto inicialmente.

Para Pulgar-Vidal, la prevención sigue siendo una de las principales deudas de la política ambiental peruana.

«Considero que el Ministerio del Ambiente muestra una absoluta ausencia de lo que es prevención y seguimiento de acciones vinculadas al Niño, aun cuando cada vez se presenta con más recurrencia», hace hincapié.

¿Qué propone Fuerza Popular? 

«Perú con orden» es el título del plan de gobierno 2026-2031 de Fuerza Popular. El documento, de 144 páginas, se estructura en tres pilares estratégicos: Orden, Económico y Social. Los temas vinculados al desarrollo sostenible y el ambiente forman parte del pilar económico, junto con sectores como agricultura, minería y energía.

Para Mariano Castro, la gestión ambiental y la acción climática deberían constituir un pilar estratégico propio dentro de un plan de gobierno. En su opinión, la estructura del documento refleja que estos temas aún no tienen el nivel de prioridad necesario para articular objetivos, políticas públicas e inversiones.

«Contamos con la Política de Estado N.º 19 del Acuerdo Nacional del Perú. Lo ambiental tiene una propia definición que es transversal, pero no solamente con lo económico, sino también con lo social y la gobernabilidad», agrega.

Manuel Pulgar-Vidal, en cambio, considera que incorporar el componente ambiental dentro del eje económico no necesariamente constituye un error.

«Al final del día, el gran objetivo de lo ambiental es que se convierta en la política de desarrollo que nutra la economía», menciona.

Uno de los apartados del plan de gobierno está dedicado a la acción climática, el monitoreo ambiental y las finanzas verdes. Pulgar-Vidal considera positivas estas propuestas, aunque señala que debe esclarecerse qué tipos de resultados son los esperados.

En materia de acción climática, recuerda que las políticas de mitigación deben entenderse también como una oportunidad para mejorar la competitividad del país mediante innovación y desarrollo tecnológico.

«En el Perú se sigue utilizando muchas veces este innecesario discurso de que somos un pequeño emisor. Hoy en día las acciones de mitigación y el cambio tecnológico tienen que ver con el desarrollo de nueva tecnología que te vuelve más competitivo. Considero que ese entendimiento no se da en el país», remarca.

En ese sentido, sostiene que las autoridades deben dejar de ver el cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) únicamente como una obligación internacional y asumirlo como una oportunidad para impulsar el desarrollo económico.

Respecto a la propuesta de elaborar Planes Regionales de Adaptación Climática, recuerda que el Perú ya cuenta con un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, aprobado en 2021, cuya implementación aún presenta importantes retrasos.

«Definitivamente, las regiones no tienen estructuras para el ejercicio de las funciones ambientales, porque no les interesa y no lo han priorizado. Considero que no necesitamos tantos planes regionales, lo que necesitamos es que implementen en sus regiones el Plan Nacional de Adaptación», sostiene.

Otro aspecto que destaca es el impulso a las finanzas verdes. Para Pulgar-Vidal, este concepto no se limita al acceso a recursos financieros, sino que también implica diseñar incentivos económicos que promuevan actividades menos contaminantes.

«Antes teníamos una política tributaria aplicada al diésel mediante el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) por ser un combustible contaminante, y luego se abandonó para no afectar supuestamente el transporte», aclara.

Economía circular: la clave está en la implementación

El plan de gobierno contempla también propuestas sobre economía circular y gestión moderna de residuos. Para Albina Ruiz, en un balance estas representan señales positivas. No obstante, alerta que su éxito dependerá de la articulación entre sectores y de la capacidad para llevarlas a la práctica.

«Eso me dice mi experiencia como ministra. La economía circular nos exige una visión sistémica», puntualiza.

A su juicio, las políticas ambientales requieren la participación de sectores como Vivienda y Educación para generar cambios reales. 

También subraya la necesidad de incorporar un enfoque territorial en la gestión de residuos, es el caso si se proyecta crear plantas de tratamiento y valorización, tal como se estipula en las propuestas.

«No se puede emplear la misma tecnología para una infraestructura de disposición final en la costa que en la selva», explica.

Respecto al reciclaje, considera que es momento de actualizar la Ley que regula la actividad de los recicladores, vigente desde 2009.

«Es absurdo. A los recicladores no les pagan por una recolección selectiva cuando ahí se ahorraría en la disposición final. Formalizarlos no es solamente que estén constituidos legalmente como una asociación», arguye.

Asimismo, considera que más importante que un nuevo Plan Nacional de Gestión de Residuos es contar con las inversiones para su implementación.

«Debería haber un programa nacional de inversiones, donde se tenga prioridad la valorización de los residuos», dice.

Ruiz también identifica oportunidades para impulsar nuevos negocios a partir de los residuos orgánicos.

Recuerda que cerca del 57 % de los residuos sólidos municipales son orgánicos, por lo que podrían aprovecharse junto con biomasa agrícola y agroindustrial para producir carbón vegetal mediante procesos de pirólisis.

«¿Cuántos negocios de pollerías, por ejemplo, pueden abastecerse con este recurso? El carbón que usan actualmente viene de la tala ilegal en su mayoría», destaca.

Añade que ese mismo proceso permite obtener biochar, un material que mejora la productividad de los suelos y que podría reducir la dependencia del país de fertilizantes importados como la urea.

Amazonía: reducir la deforestación 

El plan de gobierno propone reducir en 50 % la deforestación ilegal en la Amazonía. Para Mariano Castro, el objetivo es alcanzable, pero requiere medidas concretas para combatir las causas que originan la pérdida de bosques.

«Es viable si hay voluntad política, inclusive debería ser más esta reducción. No se puede determinar la viabilidad si el plan de gobierno no tiene todo el detalle necesario. Hay que considerar ciertos factores: ¿cómo vamos a reducir la deforestación si no se tiene claridad respecto a cómo se va a reducir o eliminar la minería ilegal?», explica.

En esa línea, afirma que el éxito del Programa Nacional de Cero Deforestación Ilegal dependerá de enfrentar factores como el cambio de uso del suelo y la minería ilegal.

«Se debe hacer modificaciones y correcciones de ciertas políticas y las legislaciones que se han venido dando últimamente, donde se han producido cambios en la ley forestal, que legalizan y facilitan el proceso de deforestación, que además se han hecho sin consulta con pueblos indígenas», declara.

Sobre la propuesta de realizar operativos conjuntos entre el Minam, la Policía Nacional y la SUNAT para combatir el tráfico de madera y fauna silvestre, considera que la coordinación institucional será determinante para su éxito.

«Deben establecer protocolos afines, que converjan, de tal manera que los esfuerzos que se realizan para obtener la información respecto a las situaciones, por ejemplo, de deforestación o de presencia de dragas en ríos, puedan ser efectivamente usados en forma oportuna cuando están ocurriendo los hechos», indica.

Finalmente, recuerda que fortalecer la protección de la Amazonía también implica garantizar el acceso a información ambiental y promover una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.

¿Será suficiente? 

A pocas horas del inicio del nuevo Gobierno, Manuel Pulgar-Vidal considera que una de las primeras señales será la designación de las autoridades encargadas del sector ambiental. A su juicio, la elección del próximo titular del Ministerio del Ambiente permitirá conocer el verdadero nivel de prioridad que tendrá la agenda ambiental en los próximos cinco años.

“Vamos a ver qué ministro (a) se designa. Al final del día vamos a ver qué tanto lo ambiental forma parte de la voluntad política de Keiko Fujimori. Sobre todo esto: voluntad política, eso es importantísimo”, subraya.

Para Albina Ruiz, además del liderazgo político, será indispensable garantizar la continuidad de las políticas públicas y asegurar los recursos necesarios para ejecutarlas. Advierte que sin presupuesto, incluso las mejores estrategias quedan solo en el papel.

“Todos los ministerios tienen responsabilidades, pero si ese ministerio no logra ponerle presupuesto, no va a reportar avances. (…) Pediría también que las nuevas autoridades que llegan, escuchen primero y den continuidad a lo bueno; sino el tiempo no te da”, finaliza.

En tanto, Mariano Castro recuerda que el país ya cuenta con una hoja de ruta. Los principales factores que impulsan la deforestación, la contaminación y la degradación ambiental han sido identificados, mientras que la Política Nacional del Ambiente al 2030 establece objetivos e indicadores para enfrentarlos. El reto, sostiene, ya no es diseñar nuevas metas, sino acelerar su implementación.

“La pregunta es, ¿este gobierno entrante, el 28 de julio, va a poder cumplir con lo que ya está establecido que es la política nacional al 2030? ¿Va a mejorar la ambición?”, concluye.

Más allá de las propuestas contenidas en el plan de gobierno, los especialistas coinciden en que el éxito de la próxima gestión dependerá de su capacidad para convertir los compromisos ambientales en políticas públicas con presupuesto, articulación entre sectores y resultados medibles. 

Solo así será posible enfrentar desafíos como la minería ilegal, la deforestación, la gestión de residuos y la adaptación al cambio climático, y consolidar una agenda ambiental que contribuya al desarrollo sostenible del país.