Por Stakeholders
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Por: César Jordán P.
Ministro en el Servicio Diplomático de la República y Asesor Diplomático en la Agencia Peruana De Cooperación Internacional
La inauguración del mandato presidencial 2016-2021 y su significativa orientación a la celebración del Bicentenario de nuestra Independencia constituye una oportunidad para reflexionar sobre la cooperación internacional en el Perú.
Los países del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, utilizando como criterio la clasificación de Países según Renta (PBI per cápita): Baja, Media y Alta, priorizan la cooperación con los de Renta Baja, en desmedro de los de Renta Media Alta PRMA. El Perú es un PRMA (ingreso por habitante entre US$4,126 y US$12,735) pero esta categoría adolece de heterogeneidad externa (incluye a Brasil y Gabón) e interna (conviven dentro del país realidades de Bélgica, Brasil y Benín). Asimismo, nuestra dependencia de exportaciones primarias, inversión extranjera y expansión del consumo, plantea vulnerabilidades a nuestro crecimiento.
El Perú pasó de importante beneficiario de cooperación en 2005 (US$ 560 millones) a no prioritario en 2014 (US$ 337.3 millones)[1]. Sin embargo, se requiere aún del apoyo complementario de la cooperación internacional, no significativo cuantitativa pero sí cualitativamente, en la lucha contra la pobreza, facilitación del comercio, atracción de inversiones, desarrollo alternativo y transferencia científica y tecnológica. Todo ello aconseja aproximarnos a nuevas modalidades, fuentes y socios: Gremios, Fondos o Fundaciones; y, países como los árabes, los BRIC (Brasil, Rusia, India y China), Israel y estados europeos recientemente ingresados a la UE y la OCDE.
Asimismo, el Perú presenta varios sectores de excelencia (identidad, tecnología pesquera, agroindustria, entre otros) que lo ubican como País Dual, receptor y oferente de cooperación. Esta capacidad de ofrecer cooperación constituye un poderoso elemento de soft power internacional. Además de la capacidad técnica, se debe contar con una firme orientación política para adecuarla a nuestros intereses, pero todo ello pasa por un adecuado financiamiento, con la intervención de socios tradicionales (cooperación triangular) y la constitución de un Fondo de Cooperación Sur-Sur.
La cooperación privada, gestionada por ONGs ocupa casi el 50% del total que recibe el Perú y además canaliza parte importante de la Ayuda Oficial. Muchas ONGs poseen capacidad de realizar intervenciones ágiles y especializadas. Sólo cuando gestionan cooperación oficial o reciben beneficios del Estado, están sujetas a supervisión y fiscalización. Igualmente, el concepto de sociedad civil trasciende a las ONGs y se extiende a otros actores e incorpora principios que deben seguir, como representatividad, gestión por resultados y accountability (debida administración de los recursos a su disposición).
Es necesario un nuevo enfoque de la relación con estos gestores privados, con un criterio más asociativo que únicamente fiscalizador y enfatizando el uso transparente de recursos destinados al crecimiento del país.
El Perú del Bicentenario debe haber fortalecido la institucionalidad de la cooperación internacional como herramienta de su Política Exterior. Será esencial el rol de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y por ende a sus directivas, para promover nuevas modalidades, captar nuevos socios y adecuar la demanda y oferta de cooperación a las políticas del Estado y la presencia internacional del Perú.
[1] Las cifras y tendencias identificadas en este artículo provienen del documento “Situación y Tendencias de la Cooperación Internacional en el Perú 2011-2014”, editado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI
