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Por Stakeholders

Lectura de:

POR CARLO ÁNGELES – Exregidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima

En un mundo globalizado, las compras públicas pasan a ser un proceso esencial por el cual el Estado adquiere bienes y servicios y como tal, ha evolucionado más allá de un mero acto administrativo. En la actualidad, ante desafíos ambientales y sociales sin precedentes, estos procesos se han convertido en una herramienta indispensable para impulsar el desarrollo sostenible.

El concepto de compras públicas sostenibles es un proceso que integra criterios ambientales, sociales y económicos en las decisiones de adquisición. No se trata solo de una compra “verde”, sino de un equilibrio que busca el bienestar social y la protección del medio ambiente. En países como Perú, la legislación ha avanzado para promover una gestión pública eficiente, orientada a resultados y comprometida con la sostenibilidad a través del Decreto Legislativo 1499, y algunos esfuerzos (sin éxito) desde el Ministerio del Ambiente para priorizar algunas compras, precisamente aquellas que generan más contaminación, lamentablemente estos esfuerzos no han prosperado más allá de un informe. En Lima hubo un esfuerzo inicial, impulsado desde mi Despacho como Presidente de la Subcomisión de Ambiente del Concejo Metropolitano de Lima, lamentablemente con el inicio de la pandemia, estos esfuerzos quedaron relegados ante la evidente urgencia que representaba abordar la emergencia sanitaria primero.

El Estado, en su misión intrínseca de generar desarrollo y bienestar social, puede encontrar en las Compras Sostenibles una herramienta estratégica. Al trabajar con proveedores que cumplan criterios de sostenibilidad, no solo se reduce el impacto ambiental, sino que se fomenta la creación de empleos de calidad, la inclusión social y la innovación tecnológica. Establecer parámetros claros y estrictos, permite influir positivamente en el mercado no desde el poder normativo del Estado, sino desde su poder como consumidor considerando que es uno de los compradores individuales más grandes de la mayoría de economías en el mundo (considerando a todo el Estado a nivel local, regional y nacional como una entidad unitaria que se podría regir potencialmente por procesos de compras sostenibles estandarizados). Transitar hacia compras públicas sostenibles significa que el Estado pueda cumplir con sus objetivos institucionales desde su proceso de abastecimiento, orientándose hacia una economía más justa y sostenible. Y es que no tiene ningún sentido, que el Estado se esfuerce en hacer cumplir normativas ambientales o laborales (por dar un ejemplo) para luego contratar empresas que no cumplen con la misma normativa ambiental o laboral que establece el propio Estado.

La inversión en investigación y desarrollo es esencial en este contexto. Al priorizar las Compras Públicas Sostenibles, el Estado incentiva además al sector privado a invertir en soluciones más sostenibles, impulsando la innovación y el desarrollo de tecnologías esenciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta colaboración entre el sector público y privado es la clave para un desarrollo sostenible y duradero.

Las compras públicas sostenibles son más que una tendencia; son una estrategia esencial para el futuro. Al financiar proveedores sostenibles, el Estado genera desarrollo desde su cadena de abastecimiento, creando un círculo virtuoso de beneficios para la sociedad, el medio ambiente y el sector empresarial. Es imperativo que ambos sectores reconozcan el poder transformador de las Compras Públicas Sostenibles y trabajen juntos para construir un futuro más sostenible, próspero e inclusivo para todos. Es una inversión en el presente que garantiza un retorno invaluable para las generaciones futuras. Las compras públicas sostenibles son el puente hacia un futuro más sostenible para todos.







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