Por Susana Tejada - Directora de Sostenibilidad & Desarrollo en EQUITY Risk & Sustainability
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El Perú es un país megadiverso y altamente vulnerable al cambio climático. La agroindustria, la minería, la generación hidroeléctrica, la pesca y el turismo dependen de manera directa de servicios ecosistémicos esenciales como la disponibilidad de agua, la estabilidad de los suelos, la polinización y la regulación climática. En este contexto, la biodiversidad se convierte en un capital estratégico que condiciona la resiliencia y sostenibilidad financiera de las organizaciones.
La evidencia muestra que la degradación de ecosistemas incrementa costos operativos, interrumpe cadenas de valor y eleva riesgos financieros. En Ica, por ejemplo, empresas agroexportadoras como Agrokasa han invertido en proyectos de “siembra y cosecha de agua” construyendo zanjas de infiltración que recargan acuíferos. Gracias a estas intervenciones, reportan una disponibilidad hídrica mayor en épocas de estiaje frente a competidores que no invierten en agua. La motivación financiera es clara, una hectárea de palta Hass demanda entre 10 000 y 14 000 m³ de agua al año, y el costo del agua subterránea se ha triplicado en la última década.
Antamina por su parte, destinó más de US$11 millones a la restauración de bofedales altoandinos, logrando un 40 % más de almacenamiento de agua en época seca y la recuperación de especies como ranas altoandinas y vicuñas. Estos indicadores ya forman parte de sus reportes bajo el estándar TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures), reflejando cómo la biodiversidad se integra en la gestión de riesgos corporativos.
«Tradicionalmente, la gestión ambiental se concebía como un ejercicio de cumplimiento normativo».
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) advirtió que el 32 % de la cartera crediticia de la banca múltiple está expuesta a sectores altamente dependientes de servicios ecosistémicos, lo que equivale a S/ 115 000 millones en 2026. Pero frente a los riesgos, emergen oportunidades. Las Soluciones Basadas en la Naturaleza, como la restauración de ecosistemas, el manejo forestal sostenible y los bionegocios, permiten mitigar emisiones y generar valor compartido.
El mecanismo REDD+ (conservación y manejo sostenible de bosques) se ha convertido en herramienta clave para compensar huellas de carbono y apoyar comunidades locales. La bioeconomía ofrece productos como cacao, café, miel o ingredientes naturales certificados y trazables, capaces de diferenciar empresas en mercados premium y atraer financiamiento verde. Iniciativas del BID y GIZ apoyan la movilización de capital hacia estos bionegocios.
Ejemplos concretos como Ferreycorp, que compensa emisiones desde 2016 mediante proyectos REDD+ en áreas protegidas, logrando sedes carbono neutrales y reconocimiento oficial. InRetail Perú impulsa economía circular con reciclaje, compostaje y movilidad sostenible, siendo incluido en rankings globales de sostenibilidad. En el sector financiero, bancos como BBVA y aseguradoras como RIMAC integran riesgos climáticos y de biodiversidad en sus portafolios, ofreciendo productos verdes. Estos casos evidencian que la acción empresarial va más allá de la compensación e implica una visión de innovación operativa alineado a estándares internacionales como SBTi y TNFD.
Tradicionalmente, la gestión ambiental se concebía como un ejercicio de cumplimiento normativo, hoy, la discusión se desplaza hacia la resiliencia empresarial, entendida como la capacidad de asegurar la continuidad del negocio en un escenario marcado por la incertidumbre climática, la escasez de recursos y la creciente complejidad regulatoria. Las organizaciones que logren comprender con mayor profundidad sus dependencias respecto de la naturaleza estarán mejor posicionadas para anticipar riesgos, impulsar la innovación y fortalecer su capacidad de adaptación.
