Por Jimena Sologuren, copresidente del Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad - GESS 2026
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Cada elección renueva la esperanza de que las cosas puedan cambiar. Pero sabemos también que el verdadero desafío empieza después: cuando toca tomar decisiones, construir acuerdos y, sobre todo, ejecutar.
El Perú tiene enormes recursos naturales, talento y una cartera de inversiones capaz de generar empleo, infraestructura y oportunidades. El reto es convertir ese potencial en bienestar. Y para eso necesitamos instituciones que funcionen, confianza y capacidad de trabajar juntos.
Porque el desarrollo no depende solo de la inversión privada ni solo del Estado. Necesitamos empresa, Gobierno, academia, comunidades y ciudadanía trabajando con objetivos compartidos. Esa articulación no es sencilla, pero es indispensable.
La minería lo demuestra claramente. Genera empleo, inversión y recursos para el país, pero su impacto puede ir mucho más allá: desarrollar proveedores, fortalecer capacidades locales, impulsar innovación y dinamizar economías regionales. La pregunta es cómo logramos que esa riqueza se traduzca realmente en mejor calidad de vida.
Durante años hemos hablado de cuánto canon y regalías reciben las regiones. Creo que debemos poner el foco también en qué hacemos con esos recursos. ¿Cómo logramos que se conviertan en agua, saneamiento, carreteras, escuelas y servicios de calidad?
Ahí tenemos una tarea pendiente. Necesitamos fortalecer capacidades en los gobiernos regionales y locales y encontrar mecanismos que permitan ejecutar mejor y más rápido. Obras por Impuestos demuestra que Estado y empresa pueden trabajar juntos para cerrar brechas. No se trata de reemplazar al Estado, sino de ayudar a que funcione mejor.
Y hay un tema que no podemos dejar de lado: la seguridad. No podemos hablar de desarrollo sostenible donde no impera la ley. Enfrentar las economías ilegales y recuperar el principio de autoridad es indispensable para proteger a las personas, al medio ambiente y a quienes quieren trabajar dentro de la legalidad.
Pero tampoco podemos poner toda la responsabilidad en las autoridades. Necesitamos una ciudadanía más activa: que participe, se informe, exija transparencia y haga seguimiento al uso de los recursos públicos. Los gobiernos cambian; las capacidades tienen que quedarse en los territorios.
Ese es justamente uno de los grandes desafíos que queremos poner sobre la mesa en el GESS: cómo construimos confianza para transformar nuestros territorios y dejar un legado. Confianza basada en diálogo, pero también en resultados.
El próximo gobierno tendrá una enorme oportunidad. No solo para impulsar inversiones o aprobar normas, sino para demostrar que podemos ponernos de acuerdo y hacer que las cosas pasen.
Construir confianza es una responsabilidad compartida. Y construir país también.
