Por Stakeholders
Lectura de:
Jorge Melo Vega Castro
Presidente de Responde
Mucho se ha debatido en el último año sobre la Constitución y la obsesión de su cambio por quienes consideran que es una herramienta que ha impedido el desarrollo de los más pobres para favorecer un modelo económico en beneficio de los más ricos, como si una norma fuera capaz de sustituir la pésima gestión de malas autoridades que no han permitido que los servicios esenciales lleguen a la mayoría, sobre todo, en las regiones más pobres.
La realidad nos indica que nunca en nuestra historia el país creció económicamente tanto como ha ocurrido en los últimos 20 años. Pero ese crecimiento no ha venido acompañado en igual proporción al desarrollo, a pesar que la mayor capacidad de gasto ha estado en manos de las regiones. Del 2001 al 2021 la población ha crecido en 23%, pero el presupuesto público creció 5 veces, el de salud por 6.5 veces y el de educación creció 17 veces. La pobreza monetaria que era del 54.8% de los habitantes en el 2001, se redujo y pasó a ser del 20% el 2019 y ahora por efecto de la pandemia se ha incrementado al 30% de la población.
Hay muchos datos del propio Banco Mundial que señalan que el Perú ha sido un caso de éxito en su crecimiento económico, dejando de ser un país pobre para pasar a ser uno de renta media alta. Pero de otro lado, ese mayor ingreso no se ha traducido en una mejora sustantiva para los ciudadanos de las provincias, a pesar que los mayores recursos se han dirigido hacia ellos.
Definitivamente tenemos un serio problema de institucionalidad que impide que tengamos una adecuada organización estatal y que el gasto público se destine de forma eficiente para atender las necesidades de saneamiento, salud, educación e infraestructura básica para los ciudadanos. El proceso de regionalización y descentralización ha sido mal llevado y el dinero que debía destinarse para atender esas necesidades no se empleó o lo que es peor, fue dirigido por la corrupción a obras innecesarias que tampoco se terminaban.
Por eso creemos que sí necesitamos reformar la Constitución, pero enfocándonos en el Capítulo XIV que corresponde a la Descentralización, y proceder así a reordenar los territorios y crear macroregiones para enfocar las capacidades del Estado en el desarrollo de las personas en sus territorios. No se trata de anteponer aspiraciones regionalistas por delante de los ciudadanos. Necesitamos que la persona sea el centro de la política pública y los derechos humanos propios de sus libertades y acceso a la educación, salud, vivienda y empleo digno, no se vean trastocados por factores políticos y reivindicaciones que afectan a su desarrollo, basado en supuestas reivindicaciones históricas.
El Instituto Peruano de Economía – IPE- ha hecho público recientemente su Índice de Competitividad Regional 2021, en el que se mide la competitividad de las regiones desde el punto de vista económico, educación, infraestructura, salud, laboral y de las instituciones. En el estudio se ve reflejado el drama del país como si fuera piezas de un rompecabezas, que tiene muchas piezas que no encajan entre sí y por tanto se dificulta su armado.
La descentralización es importante, pero el ciudadano es anterior a ella y necesitamos replantear la organización territorial del país, tanto con macroregiones en las provincias, mediante espacios, economías y demandas que convergen; pero también en las propias ciudades producto de la esquizofrenia de la distritalización.
