Por Diego Castrillón Dioses, Director uDocz
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Empecemos por un número que rara vez se dice en voz alta en el debate público peruano: el Estado invierte hoy cerca de US$ 1,070 al año por cada alumno de primaria. El promedio de los países de la OCDE es de US$ 11,902. Once veces más. Este es probablemente el dato objetivo que revela el reto que tenemos por delante como país a nivel educación, pues no podemos verla como una diferencia de matices ni un margen que se cierre con voluntad política de corto plazo. Este dato más bien puede revelar: la distancia entre dos modelos de país, y define, en gran medida, con qué capital humano llegará el Perú a 2030 y 2035.
Estamos a pocos dias de entrar en una etapa de gestión del país, al parecer: un verdadero reinicio del tablero nacional. En este reinicio, la pregunta relevante no debe estar únicamente en lo que se prometió, sino sobre todo debe estar en ¿qué se prioriza?. En esa priorización debe estar más que nunca el sector educación en el centro de la agenda pública de corto, mediano y largo plazo. Pues debemos entender al sector educación como “la infraestructura invisible que decide si el país cuenta con los profesionales que su desarrollo exige, o si sigue importando talento mientras exporta el propio”
El diagnóstico es más duro de lo que solemos admitir, y la brecha de inversión es solo el punto de partida. Según la prueba PISA 2022 (dato oficial más reciente disponible; los resultados de la edición 2025 recién se conocerán en el Q32026), apenas el 34% de los estudiantes peruanos de 15 años alcanza el nivel mínimo de competencia en matemáticas para desenvolverse en el mundo contemporáneo, frente a un promedio de 69% en los países de la OCDE. En paralelo, solo 3 de cada 10 jóvenes logra transitar efectivamente hacia la educación superior, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares del INEI. No es un problema de vocación ni de esfuerzo individual: es un embudo estructural que empieza en la escuela y se estrecha en cada tránsito posterior, y que hoy funciona como el principal freno a la movilidad social de nuestro país.
El punto de partida material es igual de elocuente: a diciembre de 2024, la brecha en infraestructura educativa del país ascendía a S/ 158,832 millones, y el 16.2% de los colegios peruanos se encontraba al borde del colapso estructural. Es una cifra que por sí sola justificaría años de inversión pública sostenida. Pero durante años, la respuesta del Estado ha sido casi un reflejo: más colegios, más aulas, más cemento. No está mal, pues claramente es urgente, también; pero hoy resulta ser una respuesta muy incompleta si no se articula con la infraestructura digital del país. Según el INEI al cierre de 2024, solo el 21.7% de los hogares rurales del Perú contaba con servicio de internet, frente a cerca del 79% en Lima Metropolitana. Esa brecha no es un detalle técnico: es la diferencia entre un estudiante con acceso real a las tecnologías —presentes y futuras— que ya redefinen cómo se enseña y se aprende, y uno que queda fuera de esa conversación antes de empezarla. Por eso, una nueva estrategia educativa no puede diseñarse ni ejecutarse solo desde el Ministerio de Educación: exige una articulación institucional real con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (conectividad), el Ministerio de Salud (nutrición y desarrollo infantil temprano) y actores clave del sector privado y la sociedad civil, bajo un mismo propósito y una misma hoja de ruta.
Y aquí conviene ser específico, porque la tecnología por sí sola no transforma nada si no pone al docente en el centro. Según la OCDE, el 66% de los maestros peruanos declara necesitar capacitación para manejar entornos digitales, una brecha que antecede a la pandemia y que ningún dispositivo o plataforma resuelve por sí solo. Poner al docente en el centro de la estrategia significa, en la práctica, formarlo para un rol distinto al que ejerció durante décadas: ya no solo transmisor de contenido, sino guía y coach del proceso de aprendizaje de cada estudiante. Necesitamos docentes capacitados para interpretar lo que la tecnología le muestra sobre sus alumnos y actuar sobre ello. Porque cuando esa capacitación existe y se combina con analítica de datos orientada a la permanencia estudiantil, y no sólo a la matrícula, el impacto es concreto: detectar a tiempo a un estudiante en riesgo de desertar, o identificar de forma anonimizada en qué conceptos se atasca un salón entero; permite intervenir semanas antes de que la deserción sea irreversible. Esa capacidad de anticipación, hoy disponible y probada en otros sistemas educativos, es exactamente lo que un sistema tensionado por la escasez de recursos necesita para dejar de reaccionar tarde.
La pregunta que como nación no podemos seguir aplazando no es si debemos modernizar la educación peruana, sino quién va a liderar esa transformación y bajo qué propósito medible. Es clave construir un modelo educativo capaz de ser: técnicamente viable en conectividad, pedagógicamente riguroso en el uso de la IA y gobernado con criterios de inclusión; no debe ser más una aspiración de largo plazo. Tenemos que plantearnoslo como una ruta realista para dejar de hipotecar el futuro de nuestros niños y jóvenes y más despleguemos políticas que no lleven a un Perú donde finalmente construyamos el capital humano que su desarrollo exige. Once veces menos por alumno no es solo una cifra presupuestal. Es el tamaño real de la tarea pendiente.
