Por Estefany Orrillo, coordinadora de operaciones en Inversiones IO.
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Para hablar de vivienda social, el debate suele centrarse en el número de casas construidas o en la reducción de un déficit habitacional que asciende a 2 millones de hogares. No obstante, pocas veces se subestima el impacto económico que genera este segmento a nivel país.
Muchos no lo verán así pero una vivienda representa mucho más que una casa. Es un activo que brinda estabilidad, reduce la vulnerabilidad y permite que las familias tomen decisiones económicas con mayor confianza.
Cuando un hogar deja atrás la incertidumbre habitacional, aumenta su disposición a invertir en un pequeño negocio, acceder a un empleo formal, mejorar sus ingresos o destinar recursos a la educación de sus hijos. En otras palabras, la seguridad habitacional genera un efecto multiplicador que trasciende el sector construcción, inclusive al inmobiliario.
En ese contexto, programas como Techo Propio cumplen un rol estratégico. Durante 2025 se entregaron cerca de 45.100 Bonos Familiares Habitacionales, respaldados por una inversión de S/1.721 millones. Dentro de este esfuerzo, la modalidad de Construcción en Sitio Propio ha demostrado ser una herramienta eficaz para permitir que miles de familias construyan una vivienda formal sobre un terreno que ya poseen.
Ahora bien, cada proyecto moviliza una amplia cadena de valor que involucra mano de obra, proveedores de materiales, ferreterías, transportistas, ingenieros, arquitectos y a los promotores inmobiliarios. La inversión pública destinada a vivienda beneficia a las familias receptoras del bono y también tiene un efecto positivo en los indicadores de empleo en varias regiones del país.
Además, existe un efecto menos visible, pero igualmente relevante: la formalización. Una vivienda construida bajo estándares técnicos y con respaldo de programas estatales fortalece la seguridad jurídica del patrimonio familiar y facilita el acceso a servicios financieros. Para muchas familias, contar con una vivienda formal es el primer paso para incorporarse plenamente a la economía formal y acceder a nuevas oportunidades de desarrollo.
En cuanto al estado, la experiencia demuestra que la vivienda social no debe entenderse únicamente como una política asistencial, deberá entenderse como una inversión social que genera retornos económicos a largo plazo. No es casualidad que el Fondo MiVivienda haya beneficiado hasta la fecha a más de 800.000 familias mediante los programas Techo Propio y Crédito MiVivienda. Estas cifras reflejan una política pública que fortalece el crecimiento económico de las regiones.
