Por Stakeholders
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En un movimiento de impacto, el Congreso de la República del Perú ha aprobado la Ley 31900, declarando la educación financiera como un asunto de interés nacional. ¿Se trata de un verdadero impulso hacia una mejor formación económica o será simplemente añadir una capa más a un currículo ya abarrotado?
Efectivamente, el reciente dispositivo del Legislativo en pro de la educación financiera ha generado tanto entusiasmo como escepticismo. La Ley 31900, que declara de interés nacional la integración de contenidos sobre educación financiera en el currículo nacional de la educación básica, ha sido recibida con una mezcla de aplausos y críticas. Si bien la intención detrás de esta iniciativa es clara: preparar a los jóvenes para enfrentar los desafíos económicos del siglo XXI, algunos expertos cuestionan si esta medida es realmente necesaria o si simplemente añadirá una carga más al ya abrumado sistema educativo peruano.
Al analizar la ley en relación con algunos de los estándares de competencia ya existentes en el currículo nacional, vemos que estos ya abordan aspectos relacionados con la gestión de recursos económicos y proyectos de emprendimiento. Si bien es cierto que la nueva ley pone un énfasis específico en la educación financiera y tributaria, así como en los derechos del consumidor, estos temas pueden fácilmente trabajarse dentro del plan de estudios actual.
Y es que lo más importante es comprender que, en un diseño curricular por competencias como el peruano, el punto no está en generar contenidos nuevos, sino en cómo lo que ya está previsto se articula mejor y se construye un contexto que dé sentido y motive los aprendizajes. No se trata de aprender “sobre” el ahorro y el cálculo de intereses, sino de “efectivamente ahorrar y tomar decisiones financieras” en la vida real -aprender haciendo.
«La implementación de la Ley 31900 y la integración de la educación financiera en el currículo nacional plantean un desafío crucial».
Alianza con la empresa: la ley deja a criterio del Ministerio su diseño e implementación, y en ese entendido, creemos que el principal aporte del Minedu puede ir, por ejemplo, en la línea de generar las alianzas estratégicas con la sociedad civil para que los estudiantes encuentren el contexto necesario para usar lo aprendido y que ser financieramente competentes sea algo realmente significativo para ellos (una competencia para la vida real). Hay una excelente oportunidad en aprovechar estas alianzas con la banca, las cooperativas de ahorro y las empresas, para ofrecer educación financiera, primero que nada a los mismos maestros, pues es algo que no se puede enseñar sin experiencia previa. Por otro lado, es mucho lo que se debe hacer en los primeros grados: ahorrar, emprender, invertir, vender y comprar responsablemente, y aprovechar bien los recursos digitales, son actitudes y disposiciones que se deben desarrollar desde los años de primaria y no esperar tan solo a los últimos grados de secundaria. No se trata de una materia más, es educar para la vida.
Integrar, integrar, integrar: no menos importante es que el Minedu vincule estos aprendizajes con las competencias del área de matemáticas, comunicación, y la competencia “se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC”; pues, como dijimos, no se trata de agregar elementos a un currículo ya de por sí abarrotado, sino de integrar significativamente los aprendizajes.
En última instancia, la implementación de la Ley 31900 y la integración de la educación financiera en el currículo nacional plantean un desafío crucial: ¿cómo asegurar que esta medida realmente prepare a los estudiantes para un mundo económico y financiero en constante cambio? Solo el tiempo dirá si esta nueva dirección en la educación peruana será verdaderamente revolucionaria o una ocasión perdida para darle relevancia y autenticidad al currículo. Pero una cosa es segura: el futuro económico del país depende en gran medida de la preparación de sus futuros líderes financieros.
