Por Stakeholders

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La suspensión temporal de Perú como miembro de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) es “un golpe que debilita la gobernanza del sector” y “pone en alerta sobre la importancia de exigir a las empresas tener reglas claras de transparencia”, según un pronunciamiento de organizaciones de la sociedad civil e instituciones medioambientales.

El documento, firmado por 71 organizaciones y 3 personas naturales, exige al Gobierno una respuesta inmediata ante esta suspensión tomada por el Consejo Internacional de la Iniciativa porque el país excedió el límite del 31 de marzo para presentar el Informe Nacional de Transparencia correspondiente al 2019-2020, un documento del que el Ministerio de Energías y Minas es responsable.  

Perú y Tayikistán son los únicos países que se encuentran suspendidos por el incumplimiento de plazos. El director general de Promoción y Sostenibilidad Minera de la cartera de Energía y Minas, Kaimer Dolmos, ha informado que el Gobierno prepara un informe con el objetivo de regresar a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), una estrategia mundial que pretende aumentar la transparencia acerca de pagos por empresas privadas de los sectores minero o petrolero a los gobiernos y entidades.

“Esta suspensión es temporal, nosotros estamos preparando, ya tenemos pasos muy fuertes, un presupuesto para presentar un informe. Nos han dado un plazo determinado para recuperar el puesto que teníamos en la EITI”, dijo Dolmos durante su participación en un debate del decimocuarto Simposium Internacional del Oro, Plata y Cobre que se realiza en Lima.

Entre las demandas de la sociedad civil se incluye asegurar el cumplimiento de la elaboración del Octavo Informe Nacional de Transparencia en el plazo indicado por el Secretariado Internacional; y asegurar la elaboración de los estudios regionales de Loreto, Arequipa, Apurímac, Piura y Moquegua, para no detener el trabajo de los EITIs regionales. 

Asimismo, insta a incluir información relacionada a los gastos sociales y ambientales, así como aquellos que realizan las empresas por concepto de acciones de contingencia, acciones inmediatas, rehabilitación y remediación siguiendo el estándar EITI.    

La organización medioambiental DAR ya había advertido del incumplimiento de este compromiso asumido por el Estado peruano y recordó que «el Ministerio de Energía y Minas es la entidad encargada de financiar la elaboración del referido informe».

También recordó que, en un país que ha sufrido más de 470 derrames por parte de empresas extractoras en una década, «iniciativas como el EITI resultan fundamentales como espacios de interacción entre el Gobierno, empresas y sociedad civil que contribuyen al desarrollo sostenible del país y calidad de vida de las poblaciones locales, a través de la transparencia y acceso a la información».







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