Por Stakeholders
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Durante el 2022, solo siete entidades públicas cumplieron con la cuota laboral de incorporar en su planilla al 5% de personas con discapacidad (PCD), así lo anunció el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) tras fiscalizar a un total de 118 entidades públicas en los tres niveles de gobierno.
La entidad reveló que hay siete entidades que sí cumplen con la cuota de empleo PCD 2022 y son gobiernos regionales y municipalidades. Estas instituciones, abarcan un total de 246 personas con discapacidad contratadas durante el año pasado.
Estas organizaciones son: la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar en Tumbes, con el 6.55% (11 personas); Municipalidad Distrital de Independencia en Lima, con el 6.51% (37 personas); Gobierno Regional de Tumbes, con el 5.84% (22 personas); Municipalidad Provincial de Piura, con el 5.34% (79 personas); Gobierno Regional de Loreto con el 5.15% (54 personas); Gobierno Regional de Pasco, con el 5.14% (13 personas); y Gobierno Regional de Piura, con el 5.05% (30 personas).
Mientras que, en las 118 entidades, trabajan un total de 1.276 personas con discapacidad. De las cuales 471 son mujeres (37%) y 805 varones (63%). El 46% del total de trabajadores con discapacidad pertenecen al régimen CAS; y, el 54% en otros regímenes.
Por otro lado, se evidencia que las 111 entidades restantes sí tienen registrada la contratación de personas con discapacidad; sin embargo, no cumplen el porcentaje exigido por la Ley.
Por su parte, el CONADIS reveló que, estas 111 entidades que aún no completan la cuota de empleo deben contratar a un total de 3387 personas con discapacidad, a fin de cumplir con la Ley Nº 29973.
Cumplimiento de la ley
De acuerdo con la Ley N° 29973, el CONADIS, entidad adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), hace un llamado a los titulares y funcionarios de las entidades públicas de los tres niveles de Gobierno, a cumplir con la obligación establecida en el artículo 49.1 de la referida Ley.
Según esta Ley “las entidades públicas tienen la obligación de contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores privados con más de 50 trabajadores en una proporción no inferior al 3%”.
Sector vulnerable de la población
Debido a la pandemia originada por la Covid-19, las personas con discapacidad y sus familias fueron las más golpeadas, ya que su economía era precaria, informal y de sobrevivencia; arrastrando los más altos índices de exclusión y desatención.
