Por Alfredo Prado - Magíster en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de la Universidad de Salamanca

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Obras por Impuestos (OxI), con 15 años de vigencia, ha demostrado con creces ser un instrumento eficaz para acortar brechas sociales a través de infraestructura y servicios. Es, probablemente, la respuesta más solvente en términos de inversión social empresarial.

OxI se crea a través de la ley 29230, siendo emitida en 2009. Su objetivo es impulsar la inversión pública con participación privada, en armonía con políticas de desarrollo nacional. En ese sentido, es expresión estelar de sinergia, entre Estado, empresa y sociedad. Por ello, se afirma que en OxI gana el país en su conjunto. Los actuales desafíos, imponen su fortalecimiento.

En el Perú, se empieza a evidenciar zozobra, por los niveles de criminalidad y prosperidad de economías ilegales. La constitución política, dispone en su artículo 44°, que el Estado tiene dos deberes primordiales: proteger a su población de amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general.

En 1993, cuando se promulgó esta norma básica del Estado, no era evidente la ligazón entre seguridad pública y bienestar. Hoy a nadie queda duda que constituyen requisitos insoslayables para su viabilidad. El Estado es (en términos constitucionales) el detentor del poder. Por tanto, se encuentra legitimado para el uso de la fuerza pública a fin de garantizar la seguridad. Si este fundamento de la vida estatal no se verifica, su continuidad queda en entredicho.

La inseguridad, en criterio de los investigadores en estos temas, acrecienta la pobreza. El BID, en su Hoja Informativa sobre Seguridad – 2024, señala que en los países de la región una de cada cuatro empresas identifica el crimen como restricción muy seria para hacer negocios.

Sin seguridad, no hay competitividad; menos aún, sostenibilidad.

Cómo puede ser factible aspirar a estos objetivos sociales, si el núcleo del comercio en el país está jaqueado por la criminalidad. El Consejo Peruano de Competitividad señala que en Lima metropolitana el 86.2 % de bodegueros considera que el robo y extorsión son limitantes muy graves para la continuidad de sus pequeños negocios. Desoladora cifra.

“Los desafíos para que el binomio seguridad y bienestar se traduzcan en realidad no requiere nueva legislación; tampoco incremento punitivo”.

Los desafíos para que el binomio seguridad y bienestar se traduzcan en realidad no requiere nueva legislación; tampoco incremento punitivo. Demanda reingeniería social con nuevos instrumentos; uno de estos es Obras por Impuestos (OxI).

OxI es una institución que puede incrementar su rentabilidad social, respondiendo a los desafíos actuales de inseguridad.

En estas líneas, algunas reflexiones que sustentan por qué será una tendencia para enfrentar la inseguridad.

  1. El Decreto Supremo 011-2024- EF, emitido en febrero último, dispone que seguridad nacional es un nuevo ámbito de inversión, vía OxI. Por tanto, pueden firmarse convenios de inversión para (i) ninfraestructura policial, (ii) inteligencia y procesamiento de información para prevenir riesgos y amenazas, y (iii) adquisición de equipos y avituallamiento, por citar algunos supuestos, que contribuyen directamente a combatir criminalidad. El ámbito inversor es suficientemente amplio.
  2. Existe consenso sobre la complejidad normativa, que complica la motivación privada para invertir vía OxI. Es un instrumento con un marco normativo innecesariamente frondoso. Necesita revisión normativa y digitalización de sus procedimientos (como se efectúa con la Ventanilla Digital Minera) para que -con un solo click- se sepa cuándo estará concluida la comisaría o implementada la central de emergencia. Una racionalización de procedimientos y digitalización, genera mayor valor a su aporte social.
  3. El liderazgo de ProInversión, en la materia que nos ocupa, es solvente. Con su conducción, el Gobierno regional de Ica, y un consorcio de empresas que opera en esa región, han suscrito (el 11 de enero) un convenio para implementar una central de seguridad integral (nivel C5) en la región, con una inversión de S/. 67 millones. El proyecto está destinado a la construcción y operatividad de un centro de operaciones, comunicaciones e inteligencia, integrado con capacidad de respuesta inmediata, de todas las entidades vinculadas a seguridad pública. Un ejemplo que, en pocos meses, será replicado por las lógicas bondades que manifiesta, y el apremio que la inseguridad genera.
  4. Lo descrito en párrafo previo se debe replicar (bajo los alcances de OxI, con marco normativo más ágil y digitalización de sus procedimientos), en todo el país. A fin de acercar este objetivo, toda entidad pública debe incorporar en su cartera de proyectos priorizados (a ser ejecutado vía OxI) uno en materia de seguridad pública.

    La seguridad demanda respuestas disruptivas. OxI será una tendencia porque, en términos coloquiales, hace click entre seguridad y bienestar.







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