Por Stakeholders

Lectura de:

Hans Rothgiesser
– Director Adjunto Grupo Stakeholders

El presidente electo Pedro Pablo Kuczinsky ha insistido en que uno de los principales retos de su gobierno será el de destrabar inversiones y el de darle más competitividad al Estado. Y si bien esto suena como una tarea obvia para el siguiente gobierno en el contexto actual, puede tratarse de una misión que no resulte tan fácil o incluso posible.

Después de todo, estamos hablando de una reforma largamente esperada, pero que rendirá frutos muy a largo plazo. Además de que se trata de algo que implicará enfrentarse a grupos de poder en el interior del Estado. Solamente recuerden lo que le costó al gobierno de Alan García iniciar la reforma de la educación.

Para poder introducir evaluaciones verdaderas a los docentes -algo sin lo cual la reforma de la educación no era una realidad- tuvo que previamente realizer un proceso de difusión y de convencimiento a la población de que era algo urgente, de tal manera que se pudiera contrarrestar las protestas y los desmanes del sindicato de docentes públicos, SUTEP, que intentaba bloquear cualquier medida que el gobierno pretendía dar en esa dirección.

Solamente con el SUTEP debilitado ante los resultados de las pruebas PISA y de otras evidencias del pésimo nivel de la educación pública es que se pudo iniciar un primer intento de reforma del Estado, lo cual evolucionó lentamente hasta lo que hoy en día está haciendo el Ministerio de Educación con buenos resultados.

Ahora imagínense eso multiplicado por cien. La realidad es que PPK no va a poder transformar el Estado en cinco años. A lo mucho podrá iniciar un proceso de reforma que el siguiente gobierno podría retomar, si es que lo considera necesario. Solamente su promesa de reducir ministerios suena fantástica para aquellos que hemos trabajado en el Estado alguna vez y conocemos la resistencia al cambio que existe en los funcionarios públicos.

Para hacer esto y otros muchos cambios, PPK va a necesitar un fuerte trabajo de operación política, algo que Alan García hizo muy bien para poder hacerle frente al SUTEP, pero que el nuevo gobierno no parece tener ni siquiera planeado. Los nombres que han estado barajando y anunciando para el nuevo gabinete pueden ser excelente tecnócratas y especialistas, pero distan mucho de tener la muñeca política como para poder maniobrar en esta realidad peruana.

En ese sentido, se estaría cumpliendo el temor de los que comparaban la victoria de PPK con la de Susana Villarán, que también creía que podía gobernar la ciudad de Lima de espalda a la política, porque asumía que sus obras hablarían por ella, lo que hoy en día todos reconocemos como un error (menos ella).

En esa esfera política, el sector privado puede tener un importante papel. Los gremios sobre todo tienen la oportunidad de ser los que llenen ese vacío. Si el presidente electo no ve el peligro de no contar con operadores políticos, habrá un hueco del que se aprovecharán aquellos que se oponen a las reformas.

En el pasado, cuando fueron las primeras reformas económicas de los años noventa, el sector privado participó intensivamente en el debate público. Hoy en día, para esta siguiente ola de reformas que necesitamos, hace falta nuevamente un debate intenso.

Si el Estado no cumple con ese papel de difundir la necesidad de los cambios y las razones de las reformas, ¿quién será el que lo reemplace? O lamentarnos todos en el 2021 de lo poco o nada que se pudo hacer y de cómo el gobierno que venga luego dio marcha atrás en todo.







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