El costo de los conflictos sociales, desde el 2016 a la fecha, es de alrededor de 528 días de operaciones interrumpidas en el transporte de concentrado, casi un año y medio de paralización.

Por Stakeholders

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De seis mesas instaladas en Las Bambas, el gran yacimiento de cobre que opera la minera MMG, cuatro ya tienen prácticamente el 100 % de los compromisos revisados, aseguró Edgardo Orderique, gerente general de Operaciones de la compañía.

Según el directivo, en las dos mesas restantes aún hay temas pendientes relacionados a las comunidades de Huancuire y de Fuerabamba, acerca de los temas de reasentamiento y adquisición de tierras.

“Estamos pasando de un modelo de revisión de conflictos a un modelo de desarrollo y de ejecución de proyectos que es importante para ambas partes”, dijo Orderique durante su participación en PERUMIN 35.

Recordó que el costo de los conflictos sociales, desde el 2016 a la fecha, es de alrededor de 528 días de operaciones interrumpidas en el transporte de concentrado, casi un año y medio de paralización.

En junio pasado, dirigentes de seis comunidades de la provincia de Cotabambas reclamaron a la minera MMG el cumplimiento de los 126 compromisos no atendidos con sus pobladores para solucionar la protesta que paralizó la mina durante 50 días.

Al tiempo que ingresaron a los terrenos de la minera y bloquearon sus accesos, los comuneros demandaron la entrega de 180 hectáreas de tierra para uso agrícola y rechazaron que las comunidades de Chila y Choaquere hayan sido excluidas del área de influencia, después de haber vendido sus terrenos para la operación de Las Bambas.

Según Orderique, solo en la última suspensión de operaciones, el país dejó de percibir más de 540 millones de dólares en exportaciones. Además, Apurímac perdió unos 182 millones de soles en recursos económicos y 75 mil personas que dependen de la compañía fueron impactadas.

A la fecha, Las Bambas se ha explorado el 10 % de las concesiones mineras y aún tienen por delante la exploración del 90 % de las 35 mil hectáreas concesionadas y tienen la confianza en encontrar recursos adicionales que agreguen valor a su operación.

“Es necesario que se fortalezcan la institucional y el estado de derecho de todos los actores y prevenir y gestionar los desafíos sociales oportunamente y no después de, porque luego es mucho más complicado viabilizar acuerdos sostenibles con las comunidades”, remarcó Orderique.

En su conferencia también mencionó que en el tema ambiental están orientados a reducir en 40% las emisiones del efecto invernadero al 2030 y, al 2050, llegar con cero emisiones mediante el consumo por energía renovable.







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