Por Stakeholders

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Por: Crisólogo Cáceres
Presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (APEC)

Implementar, de una vez por todas, la quinta política de Estado consignada en el Código del Consumidor referida a la educación del consumidor en las escuelas. Para tal efecto, hay que modificar de manera integral la currícula escolar y capacitar a los docentes, en especial a los de educación primaria. Expedir, bajo responsabilidad de los titulares de los ministerios correspondientes, los reglamentos pendientes como los referidos a la ley de alimentación saludable, el etiquetado de transgénicos, las grasas trans, etc. No puede ser que las leyes fijen plazos específicos para la elaboración de los mismos y que ningún ministro los respete. Es una burla al estado de derecho que ninguno sea procesado por esta omisión. Los pesticidas sintéticos deben ser objeto de una reglamentación severa. Al Perú ingresan productos que han sido rechazados en otros países por una razón muy sencilla: son tan tóxicos que penetran la cáscara del fruto y lo contaminan poniendo en riesgo la salud y la vida del consumidor.

Incluso, ahora han comenzado a diseminarse utilizando avionetas, aumentando el peligro de contaminar zonas aledañas a los campos de cultivo tal como ocurrió en mayo de este año, cuando aproximadamente 50 niños de una escuela en Chimbote se intoxicaron gravemente como resultado de esta práctica.

Entender que el llamado boom de la gastronomía, al igual que cualquier otra eclosión, es algo que tiene un inicio y un final. Por ello, además de publicitar el buen sabor de nuestra comida, es necesario fomentar la inocuidad de los mencionados preparados. De nada sirve un plato con buen sabor si el consumidor acaba intoxicado, como le ocurrió al cantante británico Morrisey la penúltima vez que anduvo por Lima y que lo obligó a cancelar los conciertos que tenía programados. Buen sabor e inocuidad forman un binomio ganador que perdurará por mucho más tiempo que un “boom”.

Los escandalosos casos de concertación de precios por parte de las cadenas de boticas, las papeleras y las comercializadoras de GLP, entre otros, revelan que esta práctica se ha extendido en nuestro país con una sensación de impunidad que sorprende. Urge plantear medidas para que el INDECOPI pueda endurecer las sanciones a los infractores que, dados los miles de millones de soles, con los que lucran indebidamente, es obvio que hoy resultan insuficientes.

Hablando del INDECOPI, se trata de una institución que, a través de sus diversas comisiones y dependencias, tiene a su cargo muchas responsabilidades vinculadas al quehacer empresarial lo cual, como la experiencia de estos años demuestra, no necesariamente es beneficioso para el consumidor. Por ello, consideramos que ya es tiempo de crear en el Perú el Instituto Nacional del Consumidor, una entidad dedicada exclusivamente a ese tema tal como ocurre en Chile, Brasil, México, República Dominicana, etc.

Elaborar e impulsar hasta el final una propuesta de ley contra concentraciones y fusiones que ponga coto a estas prácticas que tanto perjudican los intereses económicos de los consumidores. El Perú, Cuba y los países más pobres de África son los únicos que carecen de una regulación de este tipo.

Promover una reforma del Sistema Privado de Pensiones con participación proporcional de los afiliados que, supuestamente, son los dueños de los fondos depositados en sus cuentas individuales de capitalización. Siempre que el gobierno alude a esta comisión, se cuida mucho de mencionar el rol que jugarán los representantes de los afiliados en la misma.

Desechar ideas cuestionables como la anunciada inclusión en los recibos de luz eléctrica de conceptos ajenos como es el caso del serenazgo. Ya dichos recibos se encuentran distorsionados por cuanto se incluyen en los mismos recargos por aportes a los fondos FISE, FOSE, Gasoducto del Sur, etc. Esto tiene que parar.







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