Por Stakeholders

Lectura de:

POR RENZO ROJAS
rrojas@stakeholders.com.pe

 

Los primeros trabajos de exploración en Tía María iniciaron en el año 2003. Desde entonces, han pasado más de 15 años y el proyecto no ha encontrado un derrotero claro para su ejecución; es más, este afrontó el  pasado mes de julio una de sus crisis más agudas. Stakeholders dialogó con expertos sobre esta coyuntura.

La delicada situación del proyecto minero Tía María no es una historia reciente, por el contrario, tiene una larga data en su devenir. Los últimos episodios son una consecución de hechos que iniciaron aproximadamente el año 2011, cuando el conflicto registró las primeras protestas. A la actualidad, Tía María se encuentra suspendido, dado el contexto social generado a partir de que el Estado otorgó a la empresa Southern Perú la licencia de construcción el pasado mes de julio.

Antes de cualquier reflexión, hay que brevemente explicar en qué consiste Tía María. Este es un proyecto minero que tiene previsto obtener cobre de los yacimientos La Tapada y Tía María a partir de la lixiviación, proceso en el cual se usa cierta cantidad de ácido sulfúrico en la obtención del metal, para posteriormente ser transformados en cátodos (planchas) de cobre en una planta especializada. Cabe decir que los dos yacimientos están ubicados en el desierto de La Joya, Arequipa, y el punto más próximo de posible afectación está a 2.5 km en el Valle de Tambo.

Los antecedentes indican que se presentaron dos Estudios de Impacto Ambiental (EIA), el primero de ellos tuvo 138 observaciones por parte de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el siguiente, con los errores subsanados, contó con la aprobación del Estado. Su cronología tiene varios puntos álgidos, en el 2011, se registraron las primeras protestas con fallecidos de por medio, ante lo cual el proyecto terminó paralizándose. Para el 2015, y tras la aprobación del segundo EIA por parte del Ministerio de Minas y Energía (Minem), surgió un paro indefinido en el Valle de Tambo con víctimas mortales nuevamente.

Al presente año, en julio, el Ejecutivo otorgó la licencia de construcción y los pobladores retomaron el paro en Arequipa. A través del tiempo, sus reclamos se centran básicamente en dos aspectos: el posible daño a la agricultura y al agua del río Tambo. A raíz de lo anterior, el escenario se configuró en procesos de diálogos infructuosos, en figuras mediáticas de opinión, en carreteras tomadas, entre otros condimentos, que poco han aportado a la resolución del conflicto.

Motivo

En el marco del conversatorio “Tía María: mitos y realidades sobre el proyecto minero” organizado por el Capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú, evento donde se dialogó sobre este conflicto social, Stakeholders acudió a la consulta de especialistas para una explicación más clara.

Oscar Schiappa-Pietra, director de AgroAndino SRL y docente de CETRUM PUCP, hizo un importante análisis de los motivos por los que Tía María ha sido inviable. Hay diversas causas y, aunque la respuesta no merece ser corta, brindó un claro panorama al respecto. Confianza, eficacia y licencia social, son algunos de los conceptos a los que recurrió en esta problemática.

“Las causas son diversas. Este es un proyecto que se inició en 2003, y desde entonces no ha logrado generarse un clima de aceptación en la población del Valle de Tambo. Hay causas atribuibles a la conducta de los actores directamente involucrados en este proyecto, así como de actores que debieran estar presentes. También, la empresa Southern ha sido incapaz de generarse confianza y persuadir a las poblaciones que serán afectadas, debido a su historia en la Costa sur y a su ineficaz estrategia comunicacional”, señaló.

Lo referido a nivel comunicacional ha sido un factor clave. Y es que gestionar proyectos de esta envergadura requiere trabajar de la mano con la población y, precisamente, los encargados de esta gestión han errado en Tía María. Marina Irigoyen, co-coordinadora del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, también profundizó acerca de algunas de las causas que han llevado al proyecto Tía María a la situación actual en la que se encuentra. Entre ellas vislumbró importantes factores comunicacionales, algunos referidos al EIA que, como señalamos anteriormente, se realizaron dos.

“Creo que fueron elementos comunicacionales, pero también elementos que vienen de más larga trayectoria, de la historia del proyecto de la empresa. En lo comunicacional, me parece que no se ha llegado a fondo de manera transparente en los correctivos que se han hecho al EIA  famoso de la segunda fase, de la segunda protesta, pero también no se ha llegado a todos los posibles usuarios de los beneficios con un mensaje claro”, narró.

En una presentación al Congreso de la República, Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas, indicó que cerca de 250 millones de soles se han perdido tras los paros en Tía María. Aunque dijo que esto solo es un pequeño retraso en la economía, hay que ser conscientes de que su perjuicio sería mayor si esto se repite en los próximos conflictos; entonces, ¿en quién recaen las responsabilidades? Schiappa-Pietra es crítico a la hora de abordar esta interrogante, en especial en la función que cumple el Estado.

“El Estado debería ser el catalizador de esos procesos de concertación temprana y de shock de inversiones sociales-productivas, enfocados en el desarrollo territorial, en vez de seguir obsesivamente aferrado a su rol pasivo y reactivo. Es engañoso otorgar una licencia de construcción sin haber coadyuvado proactivamente a generar las condiciones de desarrollo social-productivo sobre las cuales sea posible forjar percepciones favorables al emprendimiento minero”, relató.

Una reflexión más centrada en el papel de la empresa Southern Perú lo hace Marina Irigoyen. Ella mencionó que se debió tomar en cuenta los antecedentes a lo largo del tiempo, para asumir efectivas acciones que ayuden a mejorar la relación con la comunidad.

“Pero más allá del tema comunicacional, que tiene que ver con este conflicto, hay elementos que tienen que ver con la historia de la propia Southern, los desencuentros, entre la primera y la segunda protesta, por los muertos, heridos y que evidentemente deja un resentimiento en la población, no ha habido una autocrítica en esta etapa. Por ejemplo, acabamos de ver lo que ha hecho Quellaveco, que ha señalado que sí han tenido errores, que se han distanciado, pero que quieren un nuevo acercamiento”, enfatizó.

Cómo se maneja la información es un eje central en estos casos, ya que es fundamental la claridad para una posterior confiabilidad; y no solo de parte de los actores primarios, sino de aquellos indirectos, como la prensa, líderes de opinión, etc. Según una encuesta de El Comercio – Ipsos en el mes de agosto, el 54 % de peruanos está informado sobre Tía María; asimismo, el mismo porcentaje de los informados están en contra del proyecto. Por otro lado, la evolución en cuanto a la cantidad de personas informadas entre junio y agosto ha ido en aumento; sin embargo, también lo ha hecho el número de personas que son opuestas a Tía María (de 38 % al 54 % de los informados).

¿Reflejan verdaderamente estas cifras qué piensa la gente? Al margen de un sí o no, hay que cuestionarnos si a más información, mayor eficiencia comunicativa. Lo que importa es cómo se gestiona la data, cómo se le entrega a los interesados para no crear falsos escenarios; aspavientos innecesarios como los vistos en la televisión, consecuencias de que cuando la protesta toma matices de violencia, resulta peligroso. Para la co-coordinadora del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, estas situaciones vienen impulsadas a veces por malos influenciadores.

“Hay varios elementos que influyen en esto. Usualmente, cuando la protesta no ha tenido como antecedente un proceso de diálogo fructífero, cuando la población, las organizaciones sociales han expresado su divergencia, sus preocupaciones, sus sentimientos y no han tenido una escucha adecuada, tanto en los aspectos formales como comunicacionales; es ahí entonces que este acto normal, como debe de ser dentro de los cauces democráticos, sufre la impulsión de alguna gente que evidentemente tiene otras intenciones y lamentablemente sucede en momentos que se exacerban los sentimientos y las emociones”, contó.

Minería y agricultura, una oportunidad

Uno de los mecanismos a los que se debe de acudir para evitar este tipo de confrontaciones, entre la comunidad y la empresa, es trabajar en una óptima relación sostenible entre la agricultura y la minería. Una oportunidad importante para Tía María, donde hay un grave desencuentro con la población. El director de AgroAndino SRL reflexionó acerca de esta coyuntura.

“Necesitamos cambiar la correlación entre agricultura y minería, para generar una convivencia armónica y mutuamente beneficiosa. Debido a la brecha tecnológica y técnica existente entre los requerimientos de las empresas mineras y las capacidades de las comunidades circundantes a las zonas de operación, la capacidad de absorción de mano de obra calificada y de proveedores locales por parte de aquellas es limitado. Además, la actividad minera es finita en el tiempo. Esas son dos poderosas razones por las que debiera priorizarse el desarrollo agropecuario en las zonas de operaciones mineras”, sostuvo.

Alternativas para la viabilidad de Tía María

Cultivar un fuerte vínculo de correspondencia con la comunidad es vital en estos conflictos. En este propósito, Marina Irigoyen brindó una vía de solución con la mediación de una tercera persona. “El encuentro de estos factores, tal como se ha llevado hasta ahora, ha sido infructífero; entonces, esto requiere la intervención de una tercera persona, validado, reconocido, alguien que tenga la confianza de todas las partes y que contribuya a reestablecer el diálogo. Una persona en las que todas puedan confiar en que haga funcionar el proceso”

Por otra parte, Oliverio Muñoz, presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas, indicó que en estos casos “el Estado tiene que crear plataformas, de tal manera que se pueda cargar toda la información para que sea pública; es decir, en plataformas virtuales, de tal forma que toda la información que se genere del proyecto: técnicas, ambientales, sociales, estén ahí para que la gente ingrese. Hoy no la tenemos”.

Y para culminar este artículo, Oscar Schiappa-Pietra hizo referencia al diálogo y al despliegue de una planificación correcta entre los actores primarios de este conflicto. “Hay que retomar el diálogo centrado exclusivamente en acordar la ejecución de un plan de desarrollo territorial, que responda a las expectativas y necesidades sociales y productivas de la localidad, prestando especial atención a lo concerniente a la potenciación del desarrollo agropecuario”, finalizó.

 







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