Por Stakeholders
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El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció el destrabe de al menos US$ 40.000 millones de una cartera minera que supera los US$ 64.000 millones en el Perú. Durante su exposición en el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), remarcó que la prioridad del gobierno será transformar la riqueza minera en bienestar tangible para la población, con un enfoque que sitúe al ciudadano y al territorio en el centro de cada decisión.
“La verdadera riqueza se mide en el bienestar, la paz social y el desarrollo humano de las poblaciones que habitan en los territorios donde se encuentran estos recursos”, afirmó Shinno, al explicar que el objetivo es que los beneficios de la actividad minera sean visibles y concretos para las comunidades.
La cartera nacional suma inversiones conjuntas por más de US$ 64.075 millones, distribuidas en proyectos a lo largo del país. El gobierno espera lograr avances por US$ 40.000 millones en los próximos cinco años. “
Personalmente conozco la cartera, he revisado cada uno de los proyectos y vamos a llamar a distintas empresas sabiendo que varios de ellos pueden tener avances significativos e incluso poderse inaugurar la operación durante este quinquenio”, sostuvo el ministro.
Shinno subrayó que la gestión estatal dejará atrás el modelo reactivo frente a conflictos sociales para avanzar hacia una gobernanza territorial preventiva. Explicó que en el pasado la respuesta se limitaba a intervenir cuando los conflictos ya habían estallado, sin lograr cambios sostenibles. El nuevo enfoque busca anticipar crisis y planificar el desarrollo territorial junto con empresas, gobiernos locales y comunidades.
“La gente necesita ver tangiblemente el beneficio que trae la actividad extractiva”, señaló, insistiendo en que el diálogo por sí solo ya no resulta suficiente. Su gestión apostará por el desarrollo territorial concertado y soluciones estructurales que hagan palpables los beneficios de la minería.
El ministro advirtió que la sostenibilidad del sector requiere una lucha frontal contra la minería ilegal y las economías criminales que afectan tanto la Amazonía como los Andes. Estas actividades ilícitas destruyen el tejido social, dañan ecosistemas y vulneran derechos de comunidades nativas y campesinas. “Proteger la sostenibilidad del país implica obligatoriamente erradicar la ilegalidad”, sentenció.
