Por Stakeholders
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El Gobierno de Donald Trump concretó la derogación de las normas que limitaban la contaminación climática de las centrales eléctricas de carbón y gas, un movimiento histórico para desmantelar las protecciones ambientales y del aire limpio.
El anuncio oficial ocurrió durante una reunión de ministros de Energía del G20 en Houston, Texas, donde la administración estadounidense defendió la medida como un rescate a la industria energética nacional.
Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), justificó la decisión al señalar que los gobiernos anteriores libraron una guerra contra el carbón, por lo que el actual mandato busca proteger la fuente de energía y garantizar tarifas accesibles para la ciudadanía. La agencia proyecta que esta revocación ahorrará 310.000 millones de dólares, reducirá los precios de la electricidad y liberará el potencial de los combustibles fósiles.
La medida anula directamente las regulaciones de 2024 impuestas por la administración de Joe Biden, las cuales exigían que las plantas redujeran sus emisiones o capturaran el 90% de su contaminación climática.
Aquella normativa previa estimaba una reducción del 75% en la contaminación por carbono del sector frente al máximo registrado en 2005, además de prevenir 1.200 muertes prematuras hacia 2035. Sin embargo, la EPA actual argumenta que las emisiones de estas plantas no generan un impacto sustancial en el cambio climático global ni constituyen una amenaza peligrosa bajo la Ley de Aire Limpiro.
Las reacciones adversas no tardaron en llegar. Diversas organizaciones ambientalistas criticaron duramente la decisión y confirmaron que llevarán el caso a los tribunales. Holly Bender, directora de programas del Sierra Club, calificó la propuesta como imprudente y peligrosa, mientras que Rachel Cleetus, de la Unión de Científicos Preocupados, acusó al Ejecutivo de priorizar a los contaminadores por encima de la salud pública. Asimismo, Meredith Hankins, del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, advirtió que la administración ignora la realidad climática tras el verano más caluroso registrado en el país.
El sector energético también enfrenta un panorama complejo. Expertos legales como Carrie Jenks, de la Facultad de Derecho de Harvard, señalan que la incertidumbre jurídica provocará caos en las empresas eléctricas ante la inminente lluvia de demandas. Paralelamente, analistas cuestionan el argumento oficial de abaratamiento, recordando que el carbón suele resultar más costoso que el gas natural y las energías renovables. Con este paso, que mantiene vigentes solo restricciones menores sobre plomo y mercurio, la EPA consolida una agresiva agenda desreguladora en favor de los combustibles fósiles.
