Por Stakeholders
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Alrededor del 53,3 % de las alegaciones medioambientales examinadas en la Unión Europea eran vagas, engañosas o infundadas; y el 40 % de ellas carecían de fundamento, así lo reveló un estudio de la Comisión Europea de 2020.
Esto sucede por la falta de normas aplicables a las empresas que emiten declaraciones ecológicas voluntarias beneficiando el greenwashing.
Esta acción crea condiciones de competencia desiguales en el mercado de la UE, perjudicando a las empresas verdaderamente sostenibles.
Ante ello, la Comisión Europea ha propuesto criterios comunes contra el greenwashing y las declaraciones medioambientales engañosas.
Según la propuesta, cuando las empresas decidan formular una “declaración ecológica” acerca de sus productos o servicios deberán respetar unas normas mínimas sobre la manera de fundamentar y comunicar ese tipo de declaraciones.
Las declaraciones deberán ser expresas, por ejemplo, camiseta fabricada con botellas de plástico reciclado, entrega con emisiones de CO2 compensadas, envases fabricados con un 30 % de plástico reciclado o protección solar respetuosa con los océanos.
Esta iniciativa busca evitar la proliferación de etiquetas y de nuevas etiquetas medioambientales públicas y privadas. Abarca todas las declaraciones voluntarias sobre los impactos, los aspectos o el comportamiento de un producto o del propio comerciante desde el punto de vista del medio ambiente.
Sin embargo, no considera las declaraciones dispuestas en las normas vigentes de la UE, tales como la etiqueta ecológica de la UE o el logotipo de alimentos ecológicos, ya que la legislación vigente garantiza que esas declaraciones reguladas sean fidedignas. Por ello, se excluirán las reclamaciones que contemple la próxima normativa de la UE.
Por otro lado, antes de que las empresas informen a los consumidores cualquiera de los tipos cubiertos de «declaraciones ecológicas», estas deberán verificarse de forma independiente y demostrarse con pruebas científicas.
Los autores de la propuesta creen que de esta forma los consumidores tendrán la certeza de que los productos que compran si son ecológicos. Además, recibirán información de mejor calidad para elegir productos y servicios responsables con el medio ambiente.
Además, las empresas también saldrán ganando, ya que los consumidores podrán reconocer y premiar aquellas que realmente cumplan con los estándares de sostenibilidad medioambiental en sus productos, así promoverán sus ventas, en vez de sufrir una competencia desleal.
Actualmente hay al menos 230 etiquetas diferentes, esto genera confusión y desconfianza entre los consumidores. Por ello, la propuesta también regulará las etiquetas medioambientales a fin de controlar el incremento de tales etiquetas que no demuestran ser medioambientales.
