Por Stakeholders
Lectura de:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el último lunes su preocupación ante “las acciones arbitrarias” y “los abusos de autoridad a manos de agentes de seguridad de Venezuela” contra personas LGBTI, por lo que exigió al país a “abstenerse de criminalizar” a esta comunidad.
“La comisión insta a Venezuela a respetar los derechos humanos y a poner fin la criminalización de las personas LGBTI, en estricto cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación. Asimismo, se hace un llamado al Estado para garantizar el principio de legalidad, asegurando la libertad de las personas en casos donde no represente imputabilidad o delito”, puntualizó la CIDH.
El comunicado, difundido por la Organización de los Estados Americanos (OEA), hace alusión a la reciente detención de 33 hombres durante un operativo policial en un local privado frecuentado por personas LGBTI en el estado de Carabobo (norte), los cuales ya fueron excarcelados, “bajo régimen de presencia en los juzgados”.
“Pese a que el operativo se originó presuntamente por quejas de vecinos vinculadas con el ruido, personas defensoras de derechos humanos aseguran que la motivación detrás de estas detenciones ha sido el prejuicio y la discriminación hacia esas personas por su orientación sexual”, anunció la Comisión.
Esto, prosiguió, sucede en un contexto en el que las “personas LGBTI están especialmente expuestas a acciones arbitrarias o abusos de autoridad por agentes de seguridad del Estado”, con base en “prejuicios contra sus orientaciones sexuales o identidades de género no normativas”.
“La CIDH advierte que la criminalización de relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo ya sea mediante leyes o por acciones de los órganos de seguridad y justicia, es contraria a los estándares interamericanos y universales de derechos humanos”, aseveró.
La comisión también exigió a las autoridades a “abstenerse de exponer públicamente a las personas imputadas y a velar por el estricto cumplimiento de los estándares de debida diligencia”.
El pasado viernes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseveró que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) requerirá el sobreseimiento de la causa contra 30 de los 33 hombres, mientras que a los otros tres, a los que identificó como los dueños del local, “continuarán las investigaciones”.
