Por Stakeholders
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En Nicaragua “continúa el silenciamiento de las voces críticas en un contexto de miedo y hostigamiento por parte de las autoridades, que prácticamente no da apertura a ningún debate público abierto e inclusivo”, informó la Alta Comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos.
En ese sentido, la representante de la ONU pidió al gobierno nicaragüense poner fin y revertir las medidas que dañan el estado de derecho, el espacio cívico y las garantías fundamentales.
En una actualización oral al Consejo de Derechos Humanos, Nada Al-Nashif expresó que, del 3 de marzo pasado a la fecha, su Oficina ha recopilado casos de graves violaciones de las garantías fundamentales cometidas por funcionariado del Estado en el contexto de “un deterioro constante de la situación general de los derechos humanos”.
Añadió que las restricciones del espacio cívico, junto con el desmantelamiento gradual del estado de derecho, continúan impidiendo el ejercicio y goce pleno de los derechos humanos, en especial de quienes tienen opiniones opuestas.
Detenciones arbitrarias
Al-Nashif reveló que en abril y mayo hubo nuevas privaciones arbitrarias de libertad de defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, miembros del movimiento campesino y personas vinculadas a la Iglesia Católica.
Más de 63 personas en todo el país fueron detenidas en un solo día y 55 de ellas fueron acusadas de conspiración “para atentar contra la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”.
“Estos delitos son utilizados frecuentemente por las autoridades para vandalizar a la oposición política y la labor legítima de las personas defensoras de los derechos humanos, utilizando para ello el sistema judicial”, detalló la subtitular de la Alta Comisaría.
Persecución de la Iglesia Católica
Al-Nashif mencionó también que en los últimos tres meses se ha cancelado la personalidad jurídica a un total de 119 ONG y ocho universidades, y se ha acrecentado la persecución de los miembros de la Iglesia Católica.
La Iglesia reportó que seis de sus miembros fueron expulsados del país y otros cuatro detenidos sólo este año. Las cuentas bancarias de al menos tres diócesis fueron congeladas y durante las celebraciones de Semana Santa, la policía habría acosado e intimidado a sacerdotes y participantes en procesiones.
