Los intentos son muchos hasta ahora, pero se necesitan acciones concretas para que por fin se reconozcan adecuadamente los derechos de las personas LGBTIQ+ en el país. Al respecto, los buenos visos provienen de empresas que trabajan en diversidad e inclusión. Desde una perspectiva legal, aún falta mayor respaldo sobre estas iniciativas, que prometen convertir al país en un lugar cada vez más inclusivo.

Por: Estefani Delgado
edelgado@stakeholders.com.pe

La madrugada de febrero de 2008, se convirtió en una fecha para recordar, Azul Rojas Marín era víctima de tortura, violencia sexual, física y verbal, solo por ser homosexual. Una mujer que con el tiempo se convirtió en símbolo de orgullo y valentía para la comunidad LGBTIQ+ y la sociedad peruana.

En los grandes apartados de historia del Perú debería incluirse este caso emblemático que llegó hasta los tribunales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que Rojas Marín había sido víctima de una detención ilegal y arbitraria, torturada sexualmente y maltratada físicamente por tres guardias de la Policía Nacional del Perú.

Lo sucedido para Azul fue un capítulo que no se quiso recordar, pero que hoy mirando hacia atrás se convierte en el primer caso, que después de once años de impunidad, fue visto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el primer caso emblemático de violencia de género en todas sus formas y que cambió el panorama en la historia del Perú.

La lucha de Azul sirvió para sembrar un avance de igualdad de derechos en el país, llegando al siglo XX con una minoría que luchaba por la justicia e igualdad de derechos y oportunidades, algo que mucho antes no se había considerado.

Aunque los esfuerzos de las masas pequeñas no crearon un avance significativo, se logró establecer el tema y que distintos proyectos de ley figuren en el radar de la legislatura peruana, a pesar de que hasta hoy se encuentran estancados. El escenario hoy en día no dista mucho del avance. Durante los últimos años, el Perú ha sido un foco de atención debido al fuerte crecimiento de grupos de anti derechos como respuesta a los planes de gobierno en materia de igualdad de género.

En la cola de Sudamérica

De acuerdo con Alberto de Belaúnde, abogado y excongresista de la República, existe un ataque reiterativo hacia el trabajo conjunto y las Mesas de Diálogo que buscan crear legislaturas en base de la igualdad de género. Además, se ha frenado los posibles avances de esta materia creando retrocesos para nuestro país.

“En materia de reconocimiento legal estamos a la cola de Sudamérica, con Venezuela y Paraguay que no son países que se caracterizan por su fuerte institucionalidad democrática. Habría que pensar que estamos haciendo mal, lamentablemente es que, en los últimos años, hay un ataque hacia lo poco que se ha logrado, creando una mezcla de mediocridad y servicios que atacan. Lo que necesitamos es que haya más empatía y comparar lo que hacen otros países no muy distantes al nuestro como Chile, Reino Unido, Colombia”, dijo el activista y exparlamentario.

Alberto de Belaúnde
Abogado y excongresista
de la República

En el Perú, hasta la fecha, no hay ninguna ley de reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTIQ+. Recordemos que, en el gobierno de Ollanta Humala, se retiró el capítulo de Protección de derechos LGBTI del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016. En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynsky se anunció la sanción para los crímenes de odio y violencia de género, pero finalmente se desaprobó por causar modificaciones en el Código Penal. Existen otros escenarios que dan cuenta del contexto de desprotección jurídica, personal y patrimonial de las personas LGBTIQ+. 

Existe una urgente necesidad de contar con un tratado internacional en materia de derechos humanos de las personas LGBTIQ+, el cual pueda tutelar de manera más efectiva los diferentes derechos de este grupo.

Estancamiento de iniciativas legales

De acuerdo con Elida Guerra, coordinadora de Litigio Estratégico de Promsex, existe una urgente necesidad de contar con un tratado internacional en materia de derechos humanos de las personas LGBTIQ+, el cual pueda tutelar de manera más efectiva los diferentes derechos de este grupo.

Igualmente, el derecho a la igualdad y no discriminación es un principio y a la vez un derecho que ha alcanzado carácter de ius cogens, lo que implica que es imperativo su cumplimiento para todos los estados a nivel internacional, independientemente de haber firmado un tratado que contenga este derecho.

Elida Guerra
Coordinadora de Litigio Estratégico
de Promsex

«La Constitución Política del Perú no consigna la prohibición de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Por otro lado, el Código Procesal Constitucional en el artículo Nº 37 inciso 1), señala expresamente “El amparo procede en defensa de los siguientes derechos: de igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual” (…) En este sentido, el Código Procesal Constitucional solo protege orientaciones sexuales, más no las identidades de género. El Estado Peruano ha firmado el 25 de octubre de 2016 la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia que incluye la orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, está pendiente de ser debatida y ratificada por el Congreso de la República, sin lo cual no entra en vigencia en el país”, mencionó la abogada y especialista en defensa legal de Promsex.

Así, se ve un estancamiento de las iniciativas legales como la Ley de Identidad de Género, propuesta multipartidaria que busca respetar y reconocer la identidad de las personas transgénero para cambiar su identidad natal ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), un trámite que hasta ahora es negado.

Percy Castillo
Adjunto para los Derechos Humanos y
Personas con Discapacidad
de la Defensoría del Pueblo

Según Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, se han elaborado informes que insisten con el cambio de leyes y normativa que el Estado necesita modificar. Sin embargo, aparecen cuestionamientos morales que limitan los cambios y permiten que el proyecto de ley de identidad de género esté pendiente de discusión en el Congreso.

“Tiene que ver con que no hay una lógica de derechos instalada en los funcionarios públicos ni en las autoridades elegidas ni políticas sobre la necesidad de respetar y promover el ejercicio de derecho de las personas”, dijo el vocero de la Defensoría del Pueblo.

Sin ninguna ley

Por otro lado, no existe una ley que proteja a las personas LGBTIQ+ contra la discriminación en Perú. Al respecto, el proyecto de ley llamado “Ley que modifica el numeral 2 del Artículo 2 de la Constitución Política del Perú” busca incorporar la no discriminación por identidad de género ya que únicamente se contempla por orientación sexual.

“La discriminación es inmoral, además, tiene un costo económico. Está demostrado desde otros informes donde hay una fuga de talentos del país debido a la homofobia y transfobia, personas con estudios que no pueden ejercer. Hay que preguntarnos cuál es el costo, porque estamos perdiendo personas altamente capacitadas”, mencionó Alberto de Belaúnde.

Cambiar las leyes si van a significar un gran avance. A pesar de la presión de grupos opositores a los cambios, esta puede crear un entorno más equitativo e inclusivo en el país. “No hay país en el mundo donde se haya aprobado el matrimonio igualitario y el nivel de intolerancia a las personas del mismo sexo haya aumentado después”, agregó.

Avances logrados

De acuerdo con el informe elaborado por Promsex este año, existen algunos avances durante el 2020 y 2021 que han cambiado el ordenamiento jurídico en cuanto a la población LGBTIQ+.

El primero de ellos es la medida aprobada en el sistema de salud y contexto de la Covid-19: mediante el Decreto Supremo N 220-2020-EF se dispuso el apoyo solidario de los funcionarios y servidores públicos para brindar ayuda a deudos del personal de salud fallecidos por Covid-19. También, se establecieron medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia para personas LGBTIQ+.

Por otro lado, en el marco de las elecciones presidenciales de 2021, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mediante Resolución Jefatural aprobó el protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans en la jornada electoral.

De acuerdo con Percy Castillo, estos cambios también están a nivel de otras instituciones como el Ministerio público que ha tomado las recomendaciones del Informe 175 Defensorial donde se incluye una base de datos para identificar los casos de violencia contra las personas LGBTIQ+.

“Hemos planteado al Estado qué aspectos deben cambiar a fin de que sean compatibles respecto a los Derechos Humanos, mediante documentos de estudio señalamos cuáles son las normativas que el Estado no está cumpliendo”, añadió Castillo.

Según Elida Guerra, otro de los avances significativos es por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que ha creado un mecanismo intersectorial para las personas LGBTIQ+ para garantizar la protección y prevención de las personas en situaciones de riesgo.

Pero lejos de la normativa, se encuentra la representación que se ha conseguido hasta hoy. Según Alberto de Belaúnde, “nunca como hoy el Perú ha tenido un porcentaje tan alto de ciudadanos abiertamente LGBTIQ+, estamos a un año en que el porcentaje era impensado. Además, de los ciudadanos que se han sumado a la marcha de orgullo, por primera vez, nunca como hoy hemos visto empresas por el mes del orgullo y con políticas internas a favor de la igualdad”.

Hacia la inclusión en las empresas

Por parte de las empresas, se han visto políticas de inclusión y cambios a favor del trabajador LGBTIQ+. Así lo muestra la sexta edición del ranking PAR Latam de 2020, organizado por Aequales, la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que contó con la participación de 910 empresas regionales para medir sus avances en equidad de género y donde, por segundo año consecutivo, Konecta ocupó el primer lugar del ranking en Latinoamérica y también en el ranking del Perú.

La discriminación es inmoral, además, tiene un costo económico. Está demostrado desde otros informes donde hay una fuga de talentos del país debido a la homofobia y transfobia, personas con estudios que no pueden ejercer.

Paloma Salazar
Jefa de Comunicaciones, Cultura y
Responsabilidad Social en Konecta

Paloma Salazar, jefa de Comunicaciones, Cultura y Responsabilidad Social en Konecta, precisó que en la empresa cuentan con dos políticas de inclusión de género: la política de Equidad de Género y la política de Diversidad e Inclusión; ambas refuerzan el compromiso de la alta dirección con la sostenibilidad y solidez sobre Diversidad, Equidad e Inclusión a todo nivel de la compañía.

“Buscamos garantizar que todas las actividades a favor del personal, llámense planes de formación, capacitación y beneficios, se realicen en igualdad de condiciones, en base al trato digno, el respeto, la no discriminación y la compatibilidad entre la vida personal, familiar y laboral”, mencionó.

En tanto, en el top 10 del ranking Latam también figura Sodimac, que ocupó el sexto lugar del ranking PAR 2020.  “Trabajamos con la Comunidad LGBTIQ+ desde el 2017 como parte de nuestra estrategia de Diversidad, Equidad, Inclusión y Prevención de la Violencia (EDIPVI). En principio, fue importante iniciar con estas acciones en el marco de nuestro compromiso con las diversidades en la empresa; sin embargo, fuimos conociendo más sobre el tema e identificando las necesidades que tenían nuestros asesore/as, en busca de un tratamiento respetuoso, digno y con igualdad de oportunidades”, mencionó la empresa.

Reformas urgentes

En este mes del llamado Orgullo o Pride siempre es importante recordar que aún hacen falta reformas para que en el Perú mejoren las condiciones de vida para las personas LGBTIQ+.

Una de ellas es la aprobación de la Ley contra los crímenes de odio. De acuerdo con el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero de 2012 y mayo de 2021, el Ministerio Público identificó 84 denuncias penales relacionadas con muertes de personas presuntamente LGBTIQ+, o percibidas como tales, cifra que involucra a 88 víctimas y 72 imputados identificados, según la investigación “Características criminológicas de las muertes dolosas de personas LGTB en el Perú 2012 – 2021”.

Otro paso importante es la aprobación de la ley de identidad de género que no hay en el Perú. A pesar de que la Comisión de la Mujer y la Familia del Congreso el año pasado aprobó el pre-dictamen, no ha pasado al pleno del Parlamento para su debate y aprobación definitiva. En este camino, se han presentado casos que han conseguido cambiar su nombre y género en los documentos por vía judicial, pero son casos aislados que no generan seguridad en las personas trans.

Por último, se considera también importante el matrimonio igualitario, una constante propuesta que es rechazada en el parlamento y que refleja el amplio concepto del sistema de normas y prácticas que organizan a la sociedad. Una relación que nos une con la iglesia católica y que nos separa de los derechos que intentan conseguir la comunidad LGBTIQ+.

Conceptos básicos

  • Orientación sexual: es la atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género.
  • Identidad de género: es como cada persona se siente identificado.
  • Persona cisgénero: cuando la identidad de género de la persona corresponde con el sexo asignado al nacer. El prefijo “cis” es antónimo del prefijo “trans”.
  • Persona trans: cuando la identidad de género de la persona no corresponde con el sexo asignado al nacer. Las personas trans construyen su identidad independientemente de tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas.
  • Heteronormatividad: sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, las cuales son consideradas “normales, naturales e ideales” y son preferidas por sobre relaciones del mismo sexo o del mismo género.
  • Crimen de odio: la Ley de Estados Unidos define los crímenes de odio como “delitos que manifiestan la evidencia de prejuicios basados en raza, género o identidad de género, religión, discapacidad, orientación sexual o etnia”.

Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)







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