Las fuerzas armadas de Myanmar continúan llevando a cabo detenciones arbitrarias, tortura y asesinatos, impunemente, dos años después de dar el golpe de estado, ha manifestado hoy Amnistía Internacional, que pide una mayor acción global y solidaridad con ocasión del aniversario el 1 de febrero.
Desde el golpe, al menos 3.000 personas han sido víctimas de homicidio, 1,5 millones fueron desplazadas internamente, más de 13.000 continúan encerradas en condiciones inhumanas, y se ha ejecutado a 4 personas y condenado a muerte al menos a 100. Además, hay 7,8 millones de niños sin acudir a la escuela.
Los militares atacan a cualquier persona a la que ellos consideren opositora. Esto ha dado lugar a graves violaciones de derechos humanos con acciones como lanzar ataques aéreos y terrestres contra población civil.
Para Ming Yu Hah, directora regional adjunta de Campañas, las fuerzas armadas continúan actuando con violencia debido al insuficiente apoyo global a esta crisis. “No podemos permitir que esto quede en el olvido, necesitamos que la comunidad internacional y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático determinen una acción global urgente para proteger al pueblo de Myanmar” manifestó.
En esa línea, agregó que debemos alzar la voz por las personas de Myanmar que continúan manifestándose pacíficamente, arriesgándose a largas penas de cárcel, torturas y otros ataques violentos. “Es importante ser solidarios, esto puede levantar el ánimo de la gente y mostrarle que no está sola en estos terribles momentos” agregó
Myanmar necesita más que mensajes de apoyo.
La reciente resolución histórica sobre Myanmar del Consejo de Seguridad de la ONU fue recibida con satisfacción, pero los gobiernos del mundo deben realizar acciones para aumentar la presión sobre el ejército y conseguir la libertad de todas las personas recluidas arbitrariamente por ejercer sus derechos humanos.
El Consejo de Seguridad de la ONU debe enviar la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional.Asimismo, debe obligar un embargo de armas global y completo a Myanmar, así como la formación y cualquier otra forma de asistencia en esos ámbitos.
En esa línea, Estados y empresas deben frenar el suministro directo e indirecto, la venta o transferencia —incluidos el tránsito, el transbordo y la intermediación— de combustible de aviación a Myanmar hasta saber que éste no será utilizado para realizar ataques aéreos devastadores.
Información complementaria
Desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, Amnistía ha identificado violaciones de derechos humanos generalizadas por parte de la represión de la oposición que ejercen las fuerzas armadas en todo el país.
En noviembre de 2022, Amnistía puso en marcha una campaña para que se suspendiera la provisión de combustible de aviación a fin de que las fuerzas armadas de Myanmar no puedan realizar ataques aéreos ilegítimos.