Por Hugo Roger Alvaro Soto, Antropólogo
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La transición energética suele narrarse como un desafío tecnológico: más redes eléctricas, vehículos de bajas emisiones y sistemas de almacenamiento. Sin embargo, esa transformación tiene una base material. Requiere cobre, litio y otros minerales cuya extracción ocurre en territorios habitados, con historia, autoridades, economías locales y expectativas sobre el futuro. Por ello, su principal reto no será solo geológico o financiero; también será social e institucional.
El Global Critical Minerals Outlook 2026 de la Agencia Internacional de Energía proyecta una demanda sostenida y mantiene, aun considerando los proyectos anunciados, una brecha de suministro de cobre cercana al 25 % hacia 2035. Esta presión puede acelerar nuevas inversiones. Pero acelerar el proyecto sin comprender el territorio puede trasladar la urgencia del mercado a comunidades que deciden con otros tiempos y bajo reglas propias.
El territorio no es una superficie disponible
Para una empresa, el área de interés puede expresarse mediante concesiones, componentes y zonas de influencia. Para una comunidad, el mismo espacio contiene parcelas, pastizales, manantiales, caminos, lugares de memoria y redes familiares. No son mapas incompatibles, pero responden a conocimientos y prioridades diferentes. La antropología ayuda a leer esa pluralidad y a evitar que una categoría técnica borre el significado social del territorio.
Tampoco corresponde reducir a las comunidades campesinas a un grupo de interés. El artículo 89 de la Constitución reconoce su existencia legal, personería jurídica y autonomía organizativa, económica y administrativa. Además, una comunidad no es homogénea: conviven posiciones distintas sobre empleo, agua, tierra, proveedores y desarrollo local. Dialogar únicamente con la autoridad formal puede dejar fuera a mujeres, jóvenes, familias usuarias del agua o sectores con menor capacidad de representación.
De la licencia social a la legitimidad territorial
La gestión social minera ha utilizado la idea de licencia social para reconocer que el cumplimiento legal no garantiza aceptación. El concepto fue útil, pero puede volverse insuficiente si se interpreta como una autorización que se obtiene una vez y luego se conserva. La legitimidad es dinámica: depende de la coherencia entre el discurso y la conducta, de la calidad del diálogo y de la capacidad institucional para cumplir compromisos aunque cambien las personas.
La inversión social tampoco reemplaza el relacionamiento. Una obra o un proyecto productivo puede crear valor, pero pierde legitimidad cuando funciona como respuesta automática a una tensión o como intercambio por silencio. Su aporte debe evaluarse por la prioridad definida con la población, la sostenibilidad de sus resultados y la transparencia de las decisiones. Gestionar compromisos es indispensable; construir una relación confiable exige, además, presencia, escucha y rendición de cuentas.
Una gestión social antropológicamente informada
Propongo avanzar hacia una gestión social antropológicamente informada. No es una nueva etiqueta, sino una forma de tomar decisiones basada en evidencia territorial. Su primer paso es investigar antes de intervenir: identificar actores no basta; hay que comprender vínculos, conflictos internos, memorias y cambios generacionales. El segundo es contrastar los datos técnicos con el conocimiento local, especialmente en asuntos sensibles como el agua, sin romantizarlo ni subordinarlo de antemano.
El tercer paso es adaptar la participación a cada contexto. Una audiencia extensa no garantiza deliberación si las personas no comprenden la información o no se sienten habilitadas para hablar. Se requieren formatos, lenguas, tiempos y espacios compatibles con la vida comunal. El cuarto es monitorear la relación, no solo el número de reuniones o acuerdos: deben observarse percepciones de justicia, calidad de la información, inclusión de voces y capacidad para resolver desacuerdos antes de que escalen.
Interculturalidad: comprender desde dentro para construir confianza
José María Arguedas ofrece una lección vigente para la gestión social: un territorio no puede comprenderse únicamente desde fuera. Su obra literaria y antropológica mostró un mundo rural andino atravesado por poder, desigualdad, transformación cultural y capacidad de agencia, sin reducirlo a categorías administrativas. La enseñanza no es idealizar a las comunidades, sino reconocer que sus decisiones adquieren sentido dentro de historias y experiencias que deben ser escuchadas.
Una base de datos puede registrar cuántas familias existen, cuántas reuniones se realizaron o cuántos proyectos se ejecutaron. Sin embargo, por sí sola no explica qué significa para una familia la tierra, el agua o la llegada de una empresa. Comprender desde dentro implica complementar los indicadores con trabajo de campo, escucha situada y análisis de las relaciones internas. Esta mirada permite reconocer temores, aspiraciones y desacuerdos antes de convertirlos en simples variables de riesgo.
La propuesta del pluriverso de Arturo Escobar amplía esta reflexión: no existe una única manera válida de definir el desarrollo. En un mismo territorio, la empresa puede observar un recurso y un proyecto; el Estado, una jurisdicción; los inversionistas, una oportunidad económica; y la comunidad, un espacio de vida. La gobernanza territorial no exige aceptar todas las posiciones sin evaluación, sino crear condiciones para que estas representaciones sean expresadas, contrastadas y traducidas en decisiones comprensibles y legítimas.
Aquí la interculturalidad resulta decisiva para construir confianza. No se limita a traducir información al quechua o incorporar elementos culturales en una reunión. Supone reconocer distintas formas de entender la autoridad, la evidencia, la tierra, el tiempo y la decisión colectiva. La confianza crece cuando el procedimiento se percibe como justo: la información es accesible, las preguntas pueden formularse sin temor, la comunidad dispone de tiempo para deliberar y el desacuerdo recibe una respuesta razonada.
Por ello, una gestión social antropológicamente informada cambia la secuencia de la decisión:
comprender, dialogar, negociar y monitorear. Arguedas y Escobar convergen en una advertencia: la interculturalidad no es cortesía, sino condición técnica e institucional para una confianza
duradera.
La nueva infraestructura estratégica es la confianza
El mercado opera con plazos económicos; la empresa, con cronogramas de proyecto; el Estado, con procedimientos administrativos; y las comunidades, con tiempos sociales y políticos. La gestión socia debe articularlos sin convertirse en sustituto del Estado ni en simple mecanismo de contención. Su horizonte es la gobernanza territorial: reglas claras, información verificable y decisiones compartidas entre empresa, comunidad y entidades públicas.
El Perú puede ser un actor relevante en las cadenas de minerales críticos, pero esa posición no se sostendrá solo con reservas y capital. Necesita instituciones que aprendan, compromisos que sobrevivan a la rotación de funcionarios y empresas capaces de comprender antes de intervenir. La transición energética también se juega en los territorios. Allí, la confianza no es un complemento reputacional: es infraestructura estratégica.
