Por Sandor Lukacs de Pereny, Ph.D. - Investigador, consultor y speaker en estrategia y sostenibilidad
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En mayo de 2026 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actualizó el Marco de Bonos Sostenibles del Perú y abrió la puerta a instrumentos que hace poco sonaban cuasi exóticos. Bonos azules para el océano, bonos de naturaleza, bonos de resiliencia y, sobre todo, bonos amazónicos pensados para financiar la protección del bosque tropical más importante del planeta. La noticia promovió un entusiasmo inicial. Sin embargo, es quizá más prudente ver más allá del anuncio pues el genuino reto no es emitir deuda con una buena etiqueta, sino demostrar que ese dinero genera cambios tangibles, palpables, reales.
Tras dos años de contracción, S&P Global Ratings proyecta entre US$ 25 mil y US$ 30 mil millones de dólares en nuevas emisiones de bonos sostenibles en América Latina durante 2026. Destacan México, Brasil y Chile concentrando la mayor parte, mientras que el Perú todavía juega en las ligas menores de la región. Ahora bien, aquí precisamente hay una oportunidad clara. La Amazonía peruana es un activo ambiental de escala global y pocos países pueden ofrecer algo parecido a los inversionistas que buscan exposición a clima y biodiversidad.
«Consideramos que las finanzas sostenibles peruanas están en un punto de inflexión clave».
Específicamente, gran parte de los bonos temáticos operan bajo la lógica del uso de fondos. No obstante, la problemática es vieja (y persistente) ya que el emisor promete destinar el capital a proyectos verdes y luego reporta en qué lo gastó. Esa arquitectura, lamentablemente, premia la intención mas no el resultado. Por ejemplo, un bono puede financiar hectáreas reforestadas que después se degradan; y cuando eso sucede, el branding sostenible se vuelve marketing sofisticado. Como resultado, el mercado pierde credibilidad.
Por otro lado, los instrumentos vinculados a desempeño modifican la ecuación anterior porque atan el costo del financiamiento a metas verificables. En simple, si el emisor cumple, paga menos; si falla, el cupón sube. De esta manera, la deforestación evitada, la calidad del agua o las toneladas de carbono dejan de ser una narrativa bonita y se convierten en una variable financiera con consecuencias. Ese es el salto que el Perú debería ambicionar con sus bonos amazónicos, y no solo replicar el viejo molde de la promesa reportada. Asimismo, representa una franca puerta para erradicar el greenwashing.
Sin embargo, reiteramos que nada de esto ocurre sin medición seria. En la actualidad, la conversación global se mueve hacia normas que integran la información de sostenibilidad a los estados financieros. Por ejemplo, la adopción de los estándares del ISSB en la región, impulsada por la Fundación IFRS junto al Banco Interamericano de Desarrollo, apunta a que los datos climáticos dejen de vivir en un reporte aparte y pasen a ser cifras auditadas (con el mismo rigor que se exige a un balance). Sin indicadores de monitoreo, data, reportes y verificación, la promesa de proteger el bosque torna a voto de fe.
Ahora bien, cabe preguntarnos también si el Perú construyendo la infraestructura de datos que estos instrumentos exigen. Dicho de otra forma, ¿corremos el riesgo de emitir deuda ambiciosa sin la capacidad de probar su impacto? La respuesta define si atraemos capital de calidad o si repetimos el ciclo conocido de anuncios que luego se desinflan. Consideramos que las finanzas sostenibles peruanas están en un punto de inflexión clave. El marco ya existe, el apetito internacional existe y la materia prima natural nos sobra. Lo que falta es decidir si nos volvemos emisores de etiquetas o priorizamos los resultados medibles. Indiscutiblemente, la Amazonía, su población, flora y fauna merece lo segundo.
