Por Jorge Melo Vega - Presidente de Responde
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Durante años, el cambio climático fue presentado como una discusión lejana: cumbres internacionales, informes técnicos, debates entre expertos. Para muchos era incluso una exageración. Esa percepción quedó atrás. El cambio climático ya no es una teoría abstracta ni un problema del futuro. Es una experiencia cotidiana. El calor extremo, la escasez de agua, las lluvias impredecibles, los huaicos y los cambios en las temporadas agrícolas forman parte de la información diaria. El problema ya no se observa solo en el deshielo del Huascarán o en documentales sobre el Ártico. Está ocurriendo en nuestras calles, campos y casas.
Pero quizá lo más preocupante es que el cambio climático no afecta a todos por igual. Sus consecuencias amplifican las desigualdades que ya existían, y el clima extremo golpea de manera muy distinta a quien tiene capacidad de protección y a quien apenas sobrevive. Un huracán en Estados Unidos provoca pérdidas enormes, pero existe un sistema de seguros, infraestructura y capacidad de reconstrucción relativamente rápida. Las familias afectadas logran recuperar parte de su patrimonio. Un huaico en el Perú, en cambio, destruye viviendas precarias, pequeños negocios y cultivos familiares, dejando a miles de personas dependiendo de ayuda humanitaria. Para los sectores vulnerables, un desastre climático no representa una incomodidad temporal: puede significar perder lo poco que tenían y caer en una pobreza aún más profunda. No en vano, entre 2008 y 2019, más de 656 000 peruanos fueron desplazados por desastres relacionados con el cambio climático. No son estadísticas; son familias que perdieron su punto de partida.
La diferencia es estructural. Quien tiene recursos puede adaptarse: accede a seguros, protege su vivienda, compra agua o instala climatización. Quien no tiene recursos queda expuesto. Lo mismo ocurre en las actividades productivas: la agricultura familiar depende directamente del clima y tiene escasa capacidad tecnológica para enfrentar sequías o lluvias extremas, mientras que la agroexportación posee sistemas tecnificados de riego, innovación genética y acceso a financiamiento para adaptarse. Ambos sectores sufren impactos, pero en condiciones radicalmente distintas. El cambio climático se convierte así en una nueva y cruel fuente de desigualdad.
«Es una realidad que modifica lo que comemos, lo que ganamos y dónde vivimos».
Lo paradójico es que todavía tratamos el cambio climático como si fuera un evento extraordinario, cuando ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Los peruanos entendemos perfectamente la necesidad de prepararnos para un terremoto: hacemos simulacros, construimos protocolos y hablamos permanentemente del riesgo sísmico. El cambio climático, pese a manifestarse todos los días, todavía no genera ese mismo sentido de urgencia. Y debería. Sus efectos ya son permanentes: el clima condiciona el precio de los alimentos, afecta el acceso al agua, modifica actividades económicas enteras y obliga a replantear cómo diseñamos ciudades, viviendas e infraestructura. El problema dejó de ser exclusivamente ambiental para convertirse también en un desafío económico, social y ciudadano.
Por eso el debate climático ya no puede limitarse a discursos internacionales o metas abstractas de reducción de emisiones. El Perú necesita políticas públicas que anticipen riesgos y reduzcan vulnerabilidades, especialmente para quienes menos tienen. Necesita inversión en sistemas de alerta temprana, infraestructura resiliente y protección social para comunidades rurales. Pero también necesita ciudadanía activa: personas conscientes de que esta nueva realidad exige planificación, responsabilidad colectiva y demanda organizada hacia el Estado.
El cambio climático ya no es un problema del futuro ni un debate de especialistas. Es una realidad que modifica lo que comemos, lo que ganamos y dónde vivimos. Y lo hace de forma profundamente injusta: quienes tienen más recursos pueden adaptarse; quienes no los tienen, pierden lo poco que tenían. En el Perú, esa no es una abstracción: son los 656 000 desplazados de la última década, son los agricultores que no tienen seguro, son las familias que esperan ayuda humanitaria después de cada huaico. El cambio climático no amplifica la desigualdad como metáfora. La amplifica como política pública ausente, como infraestructura que no existe y como un Estado que todavía no entiende la urgencia.
