Si el calendario electoral se cumple y en abril el Perú elige un nuevo presidente, el país habrá tenido diez mandatarios en diez años. Entre 2016 y 2026 se configuraría una década marcada por vacancias, renuncias y transiciones abruptas. La reciente elección de José María Balcázar como presidente del Congreso y, por sucesión constitucional, mandatario interino, forma parte de una secuencia que se ha repetido en los últimos años.
Para el mercado financiero, la recurrencia de estos cambios deja de ser un hecho político aislado y se convierte en una variable económica. “Cuando los cambios en la jefatura del Estado se vuelven recurrentes, dejan de ser solo un asunto político y pasan a tener efectos económicos. La inestabilidad constante modifica la percepción de riesgo sobre el país, y esa percepción es determinante en las decisiones de inversión y financiamiento”, señala Max Huidobro, gerente general de Goal Capital.
Más riesgo país y menor inversión privada
Cada episodio de incertidumbre institucional obliga a los mercados a recalcular el riesgo del Perú. Según Huidobro, ese ajuste se traduce en una mayor prima por riesgo país, un mayor costo de financiamiento para el Estado cuando emite deuda, tasas más altas para las empresas y menor inversión privada. El resultado es una reducción del crecimiento potencial.
“Ese mayor riesgo percibido también impacta en las decisiones cotidianas de empresas y personas. Ante un entorno político incierto, una empresa puede postergar su expansión, un inversionista internacional puede reducir su exposición al mercado local, un banco puede encarecer el crédito y un emprendedor puede decidir esperar antes de invertir. Cuando estas decisiones se multiplican en distintos sectores, el resultado es menor productividad, menos empleo formal y menores ingresos en el largo plazo. La economía no necesariamente colapsa, pero crece por debajo de su capacidad”, explica.
El capital, añade, busca entornos previsibles. No responde a afinidades ideológicas, sino a cálculos de riesgo y retorno.
El rol del Banco Central y los límites de la estabilidad monetaria
En este contexto, el Banco Central de Reserva del Perú ha funcionado como un ancla de estabilidad. “Su independencia y manejo prudente de la política monetaria han permitido contener la volatilidad cambiaria, mantener bajo control las expectativas de inflación y sostener la credibilidad financiera internacional. Sin embargo, la estabilidad monetaria no sustituye la estabilidad política. Las reglas, la seguridad jurídica y la ejecución de políticas públicas dependen del sistema político y de su capacidad de generar continuidad”, precisa Huidobro.
Si el país completa el ciclo de diez presidentes en una década, el mensaje para los inversionistas es que la volatilidad dejó de ser temporal y pasó a ser estructural. Ello implica mayor volatilidad en activos locales, menor valorización de empresas, mayores spreads en emisiones soberanas y corporativas y un mayor costo de capital para el Estado y el sector privado.
La crisis política impacta en el patrimonio familiar
El encarecimiento del financiamiento y la desaceleración del crecimiento terminan afectando el patrimonio de las familias. Un menor crecimiento potencial reduce los retornos de inversiones locales, limita la valorización inmobiliaria y debilita el dinamismo empresarial. Además, incrementa la sensibilidad frente a movimientos cambiarios.
“Ese encarecimiento termina impactando en el patrimonio de las familias. Un menor crecimiento potencial implica menores retornos en inversiones locales, menor valorización inmobiliaria y menor dinamismo empresarial. Además, aumenta la sensibilidad frente a movimientos cambiarios. En este contexto, concentrar todo el patrimonio en una sola jurisdicción expone completamente a ese riesgo. Por ello, la diversificación internacional, en distintas monedas y bajo marcos regulatorios más estables, se convierte en una herramienta de gestión financiera frente a un entorno político que ha mostrado ser inestable durante una década”, concluye el gerente general de Goal Capital.
La década política que vive el Perú no solo redefine el mapa institucional, también reconfigura el costo del capital y las decisiones financieras de empresas y hogares.









