Por Stakeholders
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Un nuevo proyecto legislativo por el Congreso de Perú ha encendido las alarmas entre la sociedad, colectivos feministas y defensores de los derechos humanos. Se trata del Proyecto de Ley N.° 10342/2024-CR, presentado por la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, que plantea eliminar el delito de feminicidio del Código Penal y reemplazarlo por la figura de «asesinato de pareja».
La iniciativa, presentada en febrero de 2025, señala aplicar la misma sanción del delito bajo «el principio constitucional de igualdad ante la ley de mujeres y hombres, evitando la discriminación por sexo».
Propuesta legislativa genera rechazo inmediato de organizaciones
La organización Familias Unidas por la Justicia: Familiares de víctimas de feminicidio calificó el proyecto como un «grave retroceso» y advirtió que el feminicidio no se limita al ámbito de la pareja, sino que involucra a exparejas, familiares, conocidos e incluso desconocidos. “No aceptamos retrocesos ni la invisibilización de las víctimas. Exigimos justicia para todas”, señalaron.
En un pronunciamiento conjunto, Amnistía Internacional, Flora Tristán, DEMUS, Manuela Ramos, PROMSEX y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresaron su profunda preocupación. Recordaron que en lo que va de 2026 se han registrado 38 feminicidios y al menos 56 tentativas en el país. “El proyecto desconoce que el feminicidio sanciona asesinatos por razones de género en distintos contextos, no solo dentro de relaciones de pareja”, advirtieron.
Desde el colectivo Tejedoras también rechazó la propuesta y sostuvo que limitar el delito a cónyuges o convivientes deja fuera múltiples casos «abriendo espacios de impunidad». Exigieron el archivo inmediato del proyecto y remarcaron que la respuesta no es eliminar la figura penal, sino fortalecer del sistema de justicia para investigar y sancionar eficazmente.
La tipificación del feminicidio en Perú responde al reconocimiento de una violencia estructural que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. En esa línea Natalia Manso, docente e investigadora, señaló a Wayka que, entre 2015 y 2024 fueron asesinadas 1,345 mujeres por feminicidio, según cifras del INEI.
De ese total, 71% fueron asesinadas por su pareja o expareja, 11% por parientes o conocidos y 8% por desconocidos.
“Asemejar un asesinato por robo con un asesinato porque una mujer decidió dejar una relación va en contra del ordenamiento jurídico nacional e internacional”, sostuvo.
La eliminación del feminicidio posibilita el riesgo de impunidad
Las organizaciones alertaron que eliminar la figura penal del feminicidio debilita la capacidad del Estado para identificar patrones de violencia y diseñar políticas públicas basadas en evidencia. Recordaron que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya expresó su rechazo y señalaron que el Congreso debe cumplir con su obligación de garantizar la vida, integridad y dignidad de las mujeres.
Además, remarcaron que la iniciativa vulnera el principio de no regresividad en derechos humanos, que impide retroceder en estándares ya alcanzados de protección.
El intento de eliminar el feminicidio ocurre en un contexto donde sectores conservadores impulsan iniciativas contra políticas de igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos. Para defensoras de derechos humanos, la propuesta busca negar la existencia de la violencia machista como fenómeno estructural.
Mientras tanto, el país continúa registrando asesinatos de mujeres por el solo hecho de ser mujeres, lo que refuerza la exigencia de una respuesta basada en evidencia, justicia y protección.
