Por Stakeholders
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-Iniciemos hablando sobre esta semana convulsa en el Ejecutivo. Pedro Castillo tiene una denuncia constitucional por liderar una presunta organización criminal. La Fiscalía habla de un Gabinete en la sombra. Han salido registros irregulares de muertes en Reniec. El propio Castillo y un prófugo aparecieron “fallecidos”. ¿Qué sensación tiene de todo esto?
No es algo nuevo. No necesariamente todo lo que pasa está conectado, pero forma parte de un contexto que nos ha acompañado en los últimos meses. Así que tan sorpresivo no es.
-Castillo niega todo, claro. Pero tiene un discurso desconectado con la realidad. Para él el país está bien, aunque haya miles de personas en pobreza afectadas justamente por las pérdidas que genera la corrupción. ¿Hay un camino ante esta encrucijada?
Los problemas del país son previos a la llegada de este Gobierno. Hemos tenido presidentes que han enfrentado cuestionamientos ya. Sin embargo, cuando pasa esto, los mandatarios tienen un conjunto de herramientas que les permiten enfrentar esas situaciones.
No me refiero a las jurídicas, sino a las políticas: a la capacidad de enfrentar públicamente los enfrentamientos con cambios en los gabinetes y respuestas políticas de los aliados. Más bien lo que vemos ahora es ausencia de política. Hay una defensa formalista, legal, que se limita casi a una defensa penal para un tema que es político. La salida de todo esto probablemente, como en otras situaciones, sería un colapso de los actores involucrados.
-El caso de Castillo está en manos del Congreso. ¿Qué escenarios avizora para el presidente?
Depende de muchas cosas que pueden presentarse en un tiempo relativamente largo. La denuncia tiene un conjunto de condiciones formales, independientemente de la solidez de la misma. Es un proceso formal a seguir, que involucra meses y exigencias legales. Nadie en el Congreso a estas alturas, a días de que la Fiscal general presente la denuncia, puede decir cuál es la ruta clara.
«La corrupción es una suerte de síntoma no solo en el país, sino a nivel latinoamericano. Está vinculada a la manera en que se hizo el Estado en nuestra región».
Hay esa confusión hacia dónde ir, qué seguir. Es evidente que la Fiscalía ha puesto en manos del Congreso una decisión que tiene un contenido político finalmente. Entonces, puedes tener un entrampamiento largo, salvo que, como ha pasado antes, colapse una posición de estos grupos.
-Ayer, frente a las FFAA, Castillo volvió a atacar a la prensa. Ha dicho que está coludida con grupos de poder para intentar socavar la institucionalidad. ¿Cuán peligrosa es esa narrativa que intenta instalar?
El respeto a la libertad de expresión es una condición democrática básica. Sin embargo, creo que lo más peligroso viene por ese discurso con formas autoritarias del ejercicio del poder. Y también en qué contexto, con personas que levantan banderas donde la fuerza, inclusive militar, es un elemento legítimo para hacer política. Eso es terrible.
Ahí estamos yendo por un camino peligroso, no porque vaya a ocurrir algo inmediatamente, sino porque convierte en legítimas esas acciones en una democracia. No deberíamos estar jugando con discursos de esa naturaleza. En campaña hubo mucha apelación a la violencia. Pero vincular eso con elementos militares es doblemente peligroso. Castillo se equivoca al hacer ese vínculo.
-En lo que va de su gobierno, Castillo afronta seis investigaciones por casos de corrupción. ¿Cuál es su lectura sobre este escenario inédito?
Es inédito porque los temas se conocieron temprano. Tenemos un expresidente a punto de ser extraditado por corrupción, otro con serios cuestionamientos sobre el manejo del dinero que recibió en campañas, otro vinculado con corrupción de obras públicas -ya fallecido-, otro que recibió acusaciones por su mal manejo como gobernador regional y otro expresidente con un proceso por no saber distinguir entre lo público y privado en la gestión pública.
Con Castillo tenemos indicios de que, por lo menos —y esto me parece lo más políticamente claro—, toleró y mantuvo vínculo con personas ligadas a temas de corrupción, toleró su presencia en su círculo. Los designó y, ya conociendo información negativa sobre ellos, los mantuvo en puestos cercanos al poder. Y es inédito porque son seis investigaciones a un presidente en ejercicio, lo cual nos plantea los límites y posibilidades de cualquier régimen democrático.
En un régimen democrático, cuando un presidente recibe acusaciones de este calibre, las respuestas de los presidentes suelen ser contundentes: dan explicaciones, acuden a los medios, buscan desacreditar con pruebas e información, incluso si es mentira, muestran coartadas que los aparten del problema de corrupción. Por ejemplo, anuncian investigaciones serias, se defienden políticamente. Sin embargo, Castillo actúa como un acusado penal ordinario, se defiende mediante las vías legítimas desde el punto de vista jurídico: guardar silencio, no dar entrevistas. La salida democrática no es forzar el sistema para buscar una salida legalista a como dé lugar.
-¿Siente que la corrupción es un asunto endémico del Perú?
Basta leer el libro de Alfonso Quiróz [Historia de la corrupción en el Perú]. La corrupción es una suerte de síntoma no solo en el país, sino a nivel latinoamericano. Está vinculada a la manera en que se hizo el Estado en nuestra región. Los estados no se construyeron a partir de procesos de negociación de élites con cierta distancia de intereses particulares, sino que desde un inicio fue montado como una vía para, más bien, potenciar esos intereses.
Por eso el patrimonialismo es muy fuerte en América Latina, una forma casi tradicional de entender el Estado. La diferencia es que la gran corrupción, esa de miles de millones, opera con redes más complejas, el caso Odebrecht me parece una buena muestra.
-Las últimas elecciones han sido peculiares porque hemos visto funcionarios electos sin experiencia laboral y otros, más graves, denunciados por corrupción. ¿Siente que algo está fallando en los electores? finalmente ellos colocan a sus autoridades.
No es tanto un problema de electores, sino de oferta política, creo. Si encuentras a cinco candidatos vinculados a la corrupción, eventualmente vas a votar por uno de ellos porque no te queda otra opción. Me parece que estamos asumiendo que la corrupción es el principal punto para no votar o votar por alguien, aunque puede ser que otros elementos puedan ser considerados más relevantes.
«El sistema está diseñado para que los presidentes duren cinco años, pero el presidente no está haciendo nada significativo para enfrentar su debilitamiento».
Por ejemplo, un candidato a gobernador regional que en una gestión pasada ha favorecido diversos sectores y se vuelve a presentar, es creíble que haga lo mismo y por eso es elegido nuevamente, porque ha favorecido a ciertos sectores. Esa persona posiblemente mantenga redes de contacto locales que facilitan ese éxito político.
-¿Qué hallazgos ha encontrado el nuevo reporte de observación electoral de Transparencia?
No se aplicaron muchas reglas que pensamos que se aplicarían. No hubo primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, por ejemplo. La norma de acoso político también tuvo problemas. En ese marco, que no ha sido muy diferente a las elecciones previas, vemos que la capacidad de la ONPE ha sido óptima.
Además, ha habido un aumento de casos judiciales, de ahí a que hayan nulidad en algunas jurisprudencias; o casos de candidatos que han sido limitados de participar a última hora en la elección o viceversa. Es un problema serio. El sistema electoral exige plazos fijos, de lo contrario se genera una enorme incertidumbre y retrasa toda la logística.
Si el sistema judicial altera estos cronogramas se genera un caos. En otro escenario, se mantienen muchas formalidades para la inscripción: por una cosa menor un candidato puede quedar fuera, pero por cosas mucho mayores que no afectan esas formalidades un candidato puede seguir.
Todo lo anterior tiene que ver con un sistema que se ha enredado en formalidades. La jornada ocurrió casi con normalidad, con accidentes acotados y algunos casos de ánforas destruidas, pero muy pequeñas. Otra cosa que hemos visto es mucho ataque al organismo electoral con desinformación, que viene de la campaña anterior.
-Rafael Lopez Aliaga ya es el nuevo alcalde de Lima [al 100% de las actas contabilizadas de la ONPE]. ¿Qué desafíos le esperan?
Lima es un caso excepcional. La provincia no tiene un Gobierno Regional, sino una Municipalidad Metropolitana que tiene funciones especiales y que, además, por tamaño, puede ejercer funciones de GORE. Otra cosa loca de nuestro sistema territorial es que está dividida administrativamente del Callao, lo cual genera otra complicación de gestión.
El Gobierno de Lima ha sido difícil en cuanto a manejo de proyectos para darle cierto sentido del orden, por eso se crea la ATU [Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao], una respuesta a esa fragmentación territorial.
La otra respuesta es Sedapal [Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima]. En cuanto a lo financiero, depende de los tributos que se pagan en la ciudad y hay un gran nivel de morosidad, entonces es un desafío enorme. Finalmente están los temas políticos, que ya se verán si son viables o no las propuestas.
-¿Cómo podría definir esa negativa de concretar con Castillo y que consecuencias puede traer para Lima?
Eso no va a ocurrir, es inevitable. ATU es una instancia que no depende de la Municipalidad. El tema de Seguridad se coordina con el Ministerio del Interior. El gesto político de no tener un vínculo directo con la cabeza del Ejecutivo se queda ahí nomás, porque en la vida real es inevitable, ni siquiera es una opción. No hay otra manera de hacer gestión.
– Todo este deterioro político, con crisis y demás, ¿a qué expone como país?, ¿cómo afecta a los gremios empresariales e inversionistas?
Depende de qué tipo de inversión. Hay inversiones que desde luego son muy sensibles ante la inestabilidad política, necesitan estas condiciones para prosperar. Impacta en un sector. Pero hay otros que aprovechan esto: muchas economías ilegales están prosperando ante el debilitamiento del Estado.
Y otras economías formales de gran escala que tienen una mirada a largo plazo y lo que van evaluando son qué tanto estas crisis las debilitan para tomar decisiones. Pero son casos muy puntuales. Tenemos una mezcla de elementos.
-Castillo dice que sí llegará al 2026. ¿A usted qué le parece?
Es un pronóstico. El sistema está diseñado para que los presidentes duren cinco años, pero el presidente no está haciendo nada significativo para enfrentar su debilitamiento. Más que la declaración de si llegará, es qué está haciendo ante los problemas serios de su Gobierno.
-Hablemos de las regiones. ¿Por qué sigue habiendo una clara desconexión entre lo que pasa en Lima y las regiones?
No tenemos una estructura de discusión pública nacional. Nos cuesta incorporar las agendas regionales a la nacional. La parte de la agenda de regiones en los medios de Lima es casi como un “otros” o un minuto de noticias rápidas. El centralismo es histórico.
«Castillo actúa como un acusado penal ordinario, se defiende mediante las vías legítimas desde el punto de vista político: guardar silencio, no dar entrevistas».
-En regiones los principales problemas son de servicios básicos, salud y educación e inseguridad ciudadana. Con gobernadores investigados por corrupción y alcaldes novatos, ¿le esperan otros 4 años de retroceso a las regiones?
De continuidad, claro. Si el sistema judicial sigue operando como hasta ahora, muchos gobernadores o alcaldes van a caer presos. Aunque es probable, al mismo tiempo, que se siga acumulando los retrasos en la ejecución de las obras. Eso sí resulta importante. Ha sido una continuidad en los últimos años.
-¿Cómo evalúa al país en políticas ambientales?
Hace mucho tiempo se ha vivido una inercia. Lo que ha habido es una continuidad de las mismas [políticas]. En residuos sólidos nomás las normas son de los años 90 o 2000, ya estamos 2022 y ni siquiera han logrado implementar la norma. La disyuntiva está en las medidas de implementación, aunque es cierto que en otros campos la regulación tiene problemas.
-Hace poco salió el Índice de Desempeño Ambiental y Perú ocupa el puesto 101 de 180 países. ¿Qué implica este retroceso? ¿Estamos encaminados a la lucha contra el cambio climático?
La incapacidad para gestionar territorios amazónicos es inminente, a eso se le ha sumado los problemas de la gestión de ciudades e industrias, que obviamente nos indican que no estamos bien.
-Justamente en la Amazonía, que es el pulmón del mundo, han ganado gobernantes que defienden la minería informal y están vinculados a actividades de tala ilegal. ¿Cómo vigilar para evitar que desde el gore regional se siga alentando la destrucción de nuestra Amazonía?
Debería esa función cumplirla los organismos de control privados y públicos. Estas personas tienen detrás actores que los apoyan. Es sencillo ir contracorriente en ese escenario.
-¿Por qué se sigue postergando el Acuerdo de Escazú?
Hay una combinación de intereses en contra, claro. Pero también está un sector pequeño que tiene una visión que los elementos globales o internacionales es un problema, por más que esta regulación es respetuosa de la soberanía del Estado y control de sus recursos.
-¿Qué mecanismos tienen los ciudadanos para luchar contra la corrupción, desde casa, o desde su propio lugar? ¿Qué opciones hay para denunciar, vigilar?
Existen herramientas, pero el gran problema es la sensación de impunidad. La principal razón por la cual la gente no denuncia es porque cree que no pasará nada. Lo que se debe hacer es generar mecanismos para que haya casos exitosos donde la denuncia tenga un impacto y, segundo, protección al denunciante. Si no, estos mecanismos de denuncia no se usarán.
