Por Jorge Melo Vega - Presidente de Responde
Lectura de:
Hay decisiones que comprometen al país durante décadas y congresistas que solo permanecerán cinco años en sus cargos. La pregunta es si quienes tienen en sus manos esas decisiones cuentan con la preparación y la experiencia necesarias para asumirlas. Pensiones, educación, seguridad ciudadana, agua, minería, infraestructura, inteligencia artificial o cambio climático no son asuntos que puedan resolverse únicamente con buenas intenciones, consignas políticas o respuestas inmediatas. Exigen entender sistemas complejos y evaluar consecuencias.
La discusión no debería reducirse al título profesional de nuestros congresistas. Tener una carrera universitaria, incluso habiendo pasado por instituciones de muy diferente calidad, no garantiza ser un buen legislador. No tenerla convierte a alguien automáticamente en un mal representante. Lo que importa es la trayectoria: la experiencia acumulada, la exposición a problemas complejos, la responsabilidad de gestionar recursos, dirigir organizaciones o tomar decisiones con consecuencias reales. Es legítimo preguntarnos si el Congreso cuenta hoy con una masa crítica suficiente de experiencia y conocimientos para enfrentar los desafíos del país.
En mi actividad profesional he aprendido que las decisiones importantes rara vez se toman solamente a partir de una buena idea. Antes de aprobar un proyecto se analizan sus costos, riesgos, impactos, alternativas y, sobre todo, qué puede ocurrir después. Nadie esperaría que una empresa seria comprometiera recursos importantes sin contar con información suficiente y personas capaces de cuestionar la propuesta. En el ámbito público debería ocurrir algo similar. Una ley no termina cuando se publica; allí comienza el verdadero examen de sus consecuencias.
«Porque legislar no consiste únicamente en responder a las demandas de hoy, más bien es hacerse responsable de lo que ocurrirá mañana».
Por eso los asesores parlamentarios son tan importantes. Un congresista no puede saber de todo. Una democracia moderna necesita que quienes toman decisiones tengan acceso a especialistas, información y evidencia. De allí que a un buen asesor no le corresponde acompañar al congresista en todo lo que piensa. Debería poder decirle: “No, esta propuesta no funciona, y estas son las razones”. Debe analizar su viabilidad, sus costos, sus efectos no deseados y su compatibilidad con otras políticas. La asesoría técnica debería ser un contrapeso al entusiasmo político, no un acompañamiento político.
A esta debilidad se suma otra aún más profunda: la desaparición práctica de los partidos como instituciones responsables de seleccionar y formar dirigentes. Muchos grupos que hoy presentan candidatos son principalmente vehículos electorales. No construyen carreras políticas, no forman cuadros y tampoco parecen asumir responsabilidad por la calidad o conducta de quienes llevan en sus listas. El resultado es un Congreso donde aparecen representantes cuestionados, investigados o con antecedentes penales que difícilmente habrían superado un proceso serio de selección. Cuando nadie responde por la calidad de los candidatos, terminamos aceptando la representación como un “es lo que hay”.
Y olvidamos algo fundamental: un congresista no es solamente alguien que aprueba leyes. Es también un referente público y un líder político. Representa a miles de ciudadanos y debería contribuir, con su conducta, a fortalecer la confianza en las instituciones. En mi experiencia profesional en el Senado que se disolvió, tuve oportunidad de observar el respeto que existía hacia los parlamentarios por parte de los ciudadanos y de los medios de comunicación. Esa relación se ha deteriorado profundamente. Hoy son demasiados los ciudadanos que no se sienten representados ni pueden mirar a sus congresistas como referentes de confianza.
La democracia necesita representación, pero también capacidad. No se trata de tecnocratizar. Se trata de profesionalizar el proceso legislativo: mejores mecanismos de selección, partidos que asuman responsabilidad por sus candidatos, asesores verdaderamente especializados y mayor uso de evidencia para evaluar las consecuencias de las leyes. Porque legislar no consiste únicamente en responder a las demandas de hoy, más bien es hacerse responsable de lo que ocurrirá mañana.
