Por Stakeholders
Lectura de:
Por: Aracelli Paulino
Manager Corporate Governance & Sustainability
El Perú es el primer país de la región en exigir que las empresas listadas en la bolsa presenten un Reporte de Sostenibilidad a la Superintendencia del Mercado de Valores y las estatales no son excepción. En el 2017, EY Perú ha revisado la información reportada en dichos informes de un grupo de 212 empresas, el cual incluye 14 empresas del Estado. Asimismo, sobre la percepción de la calidad del gobierno corporativo, desde hace 5 años, EY incluye en el estudio La Voz del Mercado a empresas estatales que voluntariamente postulan al concurso de reconocimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo realizado anualmente por la BVL y EY. No sorprende que los resultados arrojen que el sector estatal es el más rezagado en los criterios ambiental, social y de gobierno (ESG[1] por sus siglas en inglés).
Por otro lado, en la variable social, el 43% de empresas del Estado indicó enfrentar conflictos sociales con regularidad, el doble de lo indicado por las mineras evaluadas, y es el sector que invierte hasta tres veces que las mineras en programas sociales en el entorno donde tienen su principal actividad. Otro ejemplo de tarea pendiente es lo relacionado con la gestión de proveedores. Solo el 7% incluye su Política de Compra y Contratación, la selección de proveedores que cumplan con estándares de gestión sostenible o medio ambiental. Por otro lado, la cifra mejora a un 43% cuando se trata de incluir criterios éticos y de cumplimiento de la legislación laboral para la selección de proveedores. Mejora, pero debería ser el 100% en un contexto como lo actualmente vivido en el que, más que nunca, nos llama a promover la eliminación de conflictos de intereses en el sector público y privado.
También es un tema del tono que se establece desde arriba, y ello tiene que ver con la calidad del gobierno corporativo de las estatales. El sector ha sido el último en el ranking de La Voz del Mercado durante sus cuatro años, y solo el año pasado fue que una empresa estatal dejó de ocupar la última posición entre las más de 35 empresas evaluadas. Los especialistas encuestados demandan de las empresas estatales más transparencia, conforme expresaba un inversionista institucional: “El detalle de información y comunicaciones al mercado son débiles. Al ser estatal, el manejo político es un potencial desincentivo para invertir.”
Además, los conflictos de interés (reales o potenciales) entre la toma de decisión a favor de la sostenibilidad de la empresa y las motivaciones políticas del accionista controlador es un problema muy mencionado entre los encuestados. Por ejemplo, un inversionista institucional indicaba: “Estas empresas públicas responden al interés del accionista-Estado, siendo que sus directorios no necesariamente responden al interés de los accionistas minoritarios, sino a directivas políticas.”
Estos son algunos ejemplos que podrían ser abordados por las empresas del Estado cuando realmente exista la voluntad política de llevar a cabo planes de largo plazo independientes de los ciclos de gobierno o de gerentes de turno. La inclusión de una estrategia de sostenibilidad integrada al negocio contribuye a mitigar riesgos, ganar eficiencia y mejorar la cultura, y reputación de la empresa.
