Por Paul Súmar Gilt - Socio Santivañez, Capella, Rocha, Súmar & Reyes Abogados
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En Perú, la distancia que nos separa del acceso universal a electricidad está compuesta de tres grupos. El primero son lotizaciones y asentamientos humanos urbanos marginales, a los que no se les conecta mientras no se edifiquen un grupo de viviendas que justifiquen un cierto consumo eléctrico. El segundo, son viviendas remotas y aisladas, lejos de redes, cuya única solución serían dos o tres paneles solares por casa. El tercer grupo, está conformado por centros poblados y agrupaciones de viviendas aisladas de las redes, generalmente en la Amazonía; que tienen suministro eléctrico muy precario. En las líneas que siguen, me referiré a este tercer grupo, considerando que es increíblemente extenso.
Según Osinergmin, serían alrededor de 880 las localidades aisladas identificadas en las que existe algún tipo de suministro eléctrico. No más de 25 son servidas por distribuidores estatales, y el resto por municipalidades o comités locales. En más del 95 % de casos, la generación es térmica con combustible líquido. En no más de 10 casos, la máxima demanda pasaría 1 MW, siendo la regla entre 50 y 200 kW. El suministro suele limitarse a algunas horas del día, o, peor, algunos días de la semana. Mucha demanda reprimida. Si la cobertura eléctrica se midiera por continuidad del servicio en lugar de viviendas conectadas, habría que rectificar a la baja el valor oficial. Estamos hablando de entre 700 y 800 mil peruanos con servicio eléctrico muy precario. En el sector eléctrico, esta es la verdadera “última milla”, diría yo.
Dos son los problemas a resolver: tecnológico y administrativo. Como toma días enteros navegar por los ríos para alcanzar las localidades, la logística para llevar combustibles, lubricantes y repuestos para las pequeñas plantas térmicas, es muy costosa y complicada. Dado el tamaño que tienen, los grupos de generación son “rápidos” (altas revoluciones por minuto) y no tienen mantenimiento, por lo que andan malográndose al cabo de pocos años de funcionamiento.
«Estamos hablando de entre 700 y 800 mil peruanos con servicio eléctrico muy precario».
Este problema tecnológico es simple de abatir. Se debe sustituir generación térmica por pequeños sistemas fotovoltaicos centralizados. Incluso con baterías, el precio de largo plazo de la generación caería de más de 250 dólares o más por MWh a menos de 100, y la calidad y el bienestar se triplicarían, por así decirlo. Electro Ucayali ya empezó con Atalaya y Purús, y Electro Oriente tiene contratos con terceros para Iquitos y otras localidades menores. Bien por ambas empresas, pero esas localidades representan 200 mil personas.
El problema administrativo es el modelo de intervención. La empresa estatal y las municipalidades no tienen lo que se necesita para moverse en la Amazonía: agilidad y tarifas suficientes. Debe sustituirse por un modelo privado: dividir el territorio en tres o cuatro áreas, definir niveles de servicialidad deseados (cobertura, calidad, etc.), y entregarlas en concesión de largo plazo bajo concurso, donde la variable de competencia sea la retribución a pagar.
Las tarifas deben reflejar la capacidad de pago, no los costos del servicio. La diferencia entre ingreso tarifario y retribución prometida puede ser financiada por el Impuesto de Electrificación Rural (IER) y el Aporte por Regulación Eléctrica (ARE). Hace tiempo que los saldos no utilizados de IER y ARE están creciendo, engordando al Tesoro Público porque sus destinatarios originales (Osinergmin y la Dirección General de Electrificación Rural) ya no necesitan más dinero o no tienen ya proyectos ejecutables. Sobra dinero. Falta, abandonar el confortable lugar de pensar que todo debe hacerse mediante obra pública. Este es un modelo que puede implementarse desde la Dirección General de Electrificación Rural, o desde el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).
