Por Stakeholders
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Un grupo de organizaciones de la sociedad civil respaldaron, mediante un pronunciamiento, la Ley 31622 que refuerza la lucha contra el tráfico de vida silvestre, la pesca ilegal y tráfico de recursos genéticos. La norma recientemente aprobada permite enfrentar al crimen organizado vinculado al tráfico de especies.
A pesar de dicho respaldo, diversas bancadas del Congreso buscan derogar la norma. En el pronunciamiento, las organizaciones civiles señalan que 324 zonas de extracción de fauna silvestre han sido identificadas en el Perú y entre el 2000 y 2018 se han decomisado casi 80 mil animales silvestres en cautiverio. Asimismo, en el ámbito marino, en el 2020, se decomisaron 117 kilos de caballitos de mar y más de 30 toneladas de partes de tiburones (carne y aletas).
“Incluir este delito dentro de los alcances de la Ley contra el Crimen Organizado brindará mayores estrategias y herramientas de investigación a jueces y fiscales, y ayudará a desarticular las redes delictivas. Con esta ley, el Ministerio Público puede aplicar la Ley contra el crimen organizado para investigar delitos contra la vida silvestre, lo que permitirá: incautar las ganancias del delito, decomisar bienes ilícitos, levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, usar agentes encubiertos, aumentar las penas, interceptar las comunicaciones”, resalta el documento.
El pronunciamiento también señala que «la ley 31622 servirá para atacar con mayor eficacia delitos que hoy en día afectan la economía de los pescadores peruanos como, por ejemplo: la construcción ilegal de nuevas embarcaciones, el tráfico de permisos de pesca falsos, las incursiones de barcos extranjeros que pescan en nuestro mar e incluso atacan a los pescadores peruanos, y el desvío de anchoveta de consumo humano directo hacia plantas ilegales de harina de pescado”.
El comunicado también indica que se debe mejorar los procesos de participación ciudadana en proyectos como estos, dado que han existido diversas informaciones que las y los fiscales han venido aclarando con grupos de pescadores. Esto es fundamental, señalan, “para que estén mejor informados y que desde el Gobierno se tomen acciones de manera proactiva para generar espacios en los que puedan aclarar sus dudas”.
