Por Stakeholders

Lectura de:

Hans Rothgiesser
Miembro del Consejo Consultivo Stakeholders

En el Perú tenemos un grave problema de infraestructura. Cada cierto tiempo algún instituto o gremio calcula cuánto es ese problema medido en dinero. Hace relativamente poco el gobierno hizo el esfuerzo de trazar una raya en el suelo y dejar definido un punto de partida para, sobre la base de eso, solucionar el asunto de manera ordenada. Esto fue cuando Martín Vizcarra aun era presidente y se consolidó en el documento Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que está disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Bájenselo mientras se pueda.

Sin carreteras, puertos, aeropuertos, etc., de calidad todo el país sufre. Los costos para los campesinos, por ejemplo, se incrementan. Así, hacer llegar su producto al mercado final cuesta más, porque una carretera mal hecha y mal mantenida genera más deterioro de los camiones que transportan frutas o verduras a la ciudad y, por lo tanto, no pueden darse el lujo de cobrar un poco menos por el servicio. Con un puerto obsoleto enviar espárragos o ají seco a un mercado en otro país en el que pagan más por lo mismo cuesta más, lo que perjudica a todos los involucrados en esa cadena.

Con colegios bien construidos se aprende más. Si están conectados a internet gracias a cableado y otras obras pendientes, más aún. Con aeropuertos modernos más turistas viajan a visitar nuestros atractivos turísticos, lo que deja más ingreso para las familias de esa actividad. Los beneficios de infraestructura de uso público bien implementada y completa son incuestionables. Y si lo son, entonces, ¿por qué lleva el país tres décadas insistiendo en su necesidad y aun no logramos cerrar esa brecha?

Como tantos otros problemas del país, buena parte de la culpa la tiene la mala gestión del Estado. Tomen como ejemplo lo que está pasando en este momento. El Plan define dos paquetes de inversiones que hay que abordar. Uno es de largo plazo: Las obras con las que deberíamos contar para considerarnos un país moderno y desarrollado. O sea, lo que sería bueno que en algún momento podamos tener. Soñar no cuesta nada. Y el otro paquete es más urgente.
Se trata de obras que necesitamos pronto, porque no tenerlas nos está costando pérdida de eficiencia social a nivel país.

Es decir, acelerar el paquete urgente de obras sería conveniente para recuperar competitividad y para continuar reduciendo la pobreza. ¿Le importa eso al actual gobierno? No realmente. Todos hemos visto en las noticias que este gobierno tiene atorados más de cincuenta obras de infraestructura. ¿Qué obras creen que son? Así es, en buena parte las que el Plan identificaba como urgentes. Les tiene sin cuidado lo que implica no hacer nada. Ni qué decir del hecho de que activar estas obras implica inyectar más dinero a la economía a través de la contratación de las empresas que trabajarían en su construcción.

El economista peruano Richard Webb alguna vez calculó que es más rentable para un pueblo alejado y aislado conectarse al circuito económico nacional por medio de una buena carretera, que perpetuar programas sociales para ayudar a los que están en situación de pobreza viviendo ahí. Conectándolos se les permite sacar sus productos mejor, venderlos a mejores precios, salir adelante por su cuenta. En cambio, con programas sociales perpetuos haces que la pobreza se mantenga generación tras generación. Un gobierno realmente preocupado por eliminar la pobreza haría lo primero, no lo segundo. Este gobierno que bloquea obras de infraestructura, ¿puede calificar como tal?







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