El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), adscrito al Ministerio del Ambiente, impuso una nueva multa a Repsol por 124.000 dólares por haber incumplido medidas administrativas dictadas tras el derrame de crudo ocurrido el 15 de enero pasado en el norte de Lima.

Según el organismo fiscalizador, la nueva sanción contra la compañía española responde a la omisión del rescate, limpieza y custodia temporal de la fauna de las áreas naturales protegidas y ecosistemas frágiles afectada por el derrame.

Con esta multa, que equivale a 100 Unidades Impositivas Tributarias (unos 124.000 dólares), la petrolera ya acumula seis sanciones económicas que suman un total de 745.200 dólares, cinco de las cuales ya fueron pagadas.

En total, la autoridad ambiental peruana impuso 16 medidas contra Repsol para garantizar la identificación y limpieza de la zona afectada, así como la adecuada gestión de los residuos sólidos y el rescate de la fauna contaminada, entre otros.

Hasta la fecha, sin embargo, siete de estas medidas ya han sido incumplidas por la empresa, que el pasado 13 de abril reportó la culminación de las acciones de primera respuesta en 28 zonas.

El derrame ocurrió el 15 de enero cuando el buque petrolero italiano Mare Doricum descargaba el hidrocarburo de la terminal 2 de la refinería La Pampilla, que opera Repsol en el municipio de Ventanilla, ubicado a unos 20 kilómetros de Lima.

A raíz de esta fuga, que la ONU calificó como «el peor desastre ecológico en la historia del país», el litoral peruano recibió el vertido de unos 10.396 barriles de crudo, según datos de Repsol, mientras que las autoridades peruanas aseguran que fueron 11.900 barriles.

Fruto de la catástrofe ambiental, el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) presentó una demanda judicial contra la compañía por 3.000 millones de dólares por los daños causados por el derrame y otros 1.500 millones por el daño moral a los consumidores, usuarios y afectados, una cifra que tiene que ser definida por un juez.

Por su parte, Repsol tachó de «infundada, improcedente e incongruente» la demanda, y puso a disposición de la población damnificada un mecanismo de ayuda económica de emergencia que alcanzó a más de 4.600 personas, además del acuerdo firmado con el Gobierno para entregar un anticipo de la indemnización final al padrón de los afectados.







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