Por Susana Tejada - Directora de Sostenibilidad & Desarrollo en EQUITY Risk & Sustainability
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Perú lleva más de una década construyendo su ecosistema de finanzas sostenibles, aunque el proceso se ha acelerado notablemente en los últimos años. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó en 2024 su Hoja de Ruta de Cambio Climático y Finanzas Sostenibles, un documento que traza los pasos que deben seguir bancos, aseguradoras y administradoras de fondos de pensiones para incorporar la gestión de riesgos climáticos en su gobernanza y operaciones.
Del compromiso internacional a la consolidación del marco regulatorio
En este panorama, la SBS publicó el 23 de marzo de 2026, la Guía sobre la gestión de riesgos derivados de la sostenibilidad, que orienta al sistema financiero, de seguros y de pensiones en la incorporación progresiva de la sostenibilidad en la gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y divulgación de información ASG.
El hito regulatorio más reciente llegó el 27 de marzo de 2026, cuando el Consejo Normativo de Contabilidad, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, oficializó mediante la Resolución N.º 001-2026-EF/30 la adopción de las normas NIIF S1 y NIIF S2 en el país. Aunque estas normas serán obligatorias recién a partir del 1 de enero de 2029 para las empresas no reguladas por la SMV o la SBS, los especialistas coinciden en que la etapa de preparación respecto al diagnósticos, identificación de brechas y definición de gobernanza interna debería iniciarse ya dentro de las organizaciones, entre 2026 y 2028.
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), por su parte, incluyó este tema en su Agenda Temprana 2026-2027, reconociendo la necesidad de avanzar hacia un reporte integrado bajo estándares internacionales; aunque aclaró que la norma del Consejo (sobre las NIIF de sostenibilidad) no le resulta vinculante de forma automática por tratarse de un organismo autónomo. No obstante, y como yo sugiero a todos mis clientes, lo que en un principio no es obligatorio, o es voluntario, es un riesgo de compliance que en algún momento puede volverse crítico.
El auge de los bonos temáticos
El desarrollo del mercado de bonos verdes a nivel internacional se consolidó con la publicación de los Green Bond Principles (GBP) por parte de la International Capital Market Association (ICMA) en 2014. Estos principios establecieron un estándar voluntario para estructurar emisiones destinadas a financiar proyectos con beneficios ambientales, sustentado en cuatro pilares: i. el uso específico de los recursos (Use of Proceeds), ii. un proceso transparente de evaluación y selección de proyectos, iii. la adecuada gestión de los fondos obtenidos y iv. la presentación periódica de reportes sobre el uso de los recursos y los impactos alcanzados.
“Las finanzas sostenibles serán cada vez menos una categoría especializada y más un componente normal de la gestión financiera”.
En ese mismo contexto, el Perú realizó un importante avance mediante la emisión del primer bono verde corporativo del país. En diciembre de 2014, Energía Eólica S.A. emitió aproximadamente USD 204 millones para refinanciar proyectos de generación de energía eólica. La operación fue estructurada siguiendo los Green Bond Principles, incorporó una evaluación externa independiente y comprometió la divulgación periódica de resultados ambientales, convirtiéndose en un referente para futuras emisiones sostenibles en el mercado peruano.
En 2018 se sumó Protisa Perú, con una emisión de 30 millones de dólares destinada a eficiencia energética y manejo sostenible del agua. A partir de 2019 el mercado se aceleró, con COFIDE como protagonista; ese año la institución emitió su primer bono verde, por 100 millones de soles, cuyos recursos financiaron el proyecto de la Central Hidroeléctrica RenovAndes H1; y meses después colocó el primer bono sostenible del país.
A la fecha, COFIDE ha emitido seis bonos temáticos locales, uno verde, uno sostenible y cuatro sociales, por más de 640 millones de soles, cerca de la mitad de todas las emisiones temáticas del mercado peruano, y se preparaba para lanzar el primer bono azul del país.
El sector bancario privado entró a este mercado en 2022, cuando el Banco de Crédito del Perú (BCP) realizó la primera emisión verde internacional de la banca peruana, por 30 millones de dólares, adquirida por la gestora francesa Amundi, tras publicar su propio Marco de Financiamiento Sostenible. Ese mismo año, Credicorp emitió otro bono verde por un monto similar, consolidando la entrada de la banca comercial al segmento.
En el sector privado, Parque Arauco emitió en 2025 el primer bono verde del sector inmobiliario retail en el país (y de la región) por US$ 42 millones del tramo verde de una operación mayor, destinado a proyectos con certificación LEED, como el centro comercial Parque La Molina. BanBif colocó el primer bono subordinado temático, y Caja Cusco emitió su primer bono sostenible subordinado con participación de LAGreen e IFC, canalizando recursos hacia agricultura climáticamente inteligente, energías renovables, economía circular, vivienda asequible e inclusión financiera rural.
Un mercado que gana escala
En conjunto, el mercado de capitales peruano ha emitido bonos temáticos por más de 1308 millones de soles, de los cuales el 63 % corresponde a bonos sociales, 20 % a bonos sostenibles y 17 % a bonos verdes, una distribución que refleja tanto las necesidades de desarrollo social del país como su creciente ambición climática.
Mirando hacia adelante, las finanzas sostenibles serán cada vez menos una categoría especializada y más un componente normal de la gestión financiera. La integración de criterios ESG en el análisis de riesgo, la valoración de activos y las decisiones de inversión tenderá a consolidarse como parte del funcionamiento habitual de los mercados.
Para el Perú, esta transición representa una oportunidad estratégica. El país posee ventajas comparativas importantes en recursos naturales, energías renovables, biodiversidad y proyectos de infraestructura resiliente, aprovechar ese potencial dependerá de fortalecer el mercado de capitales, consolidar un marco regulatorio predecible, desarrollar una taxonomía nacional robusta y continuar promoviendo la transparencia en la divulgación de información de sostenibilidad.
