La organización de mujeres demanda formular reglamentos y asignar presupuesto para elaborar ordenanzas para combatir la violencia de género en distintas provincias de Cusco. 

 

Por Stakeholders

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Solo el 35,4 % de mujeres que fueron agredidas físicamente buscaron ayuda en alguna institución en Cusco, señala un reciente informe de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). Esta cifra no solo evidencia las altas tasas de violencia contra la mujer en la región, sino también la urgencia por mejorar la respuesta del Estado ante la violencia contra la mujer.

Cabe mencionar que Cusco es la tercera localidad donde se han registrado el mayor número de feminicidios en los últimos cinco años, con 35 asesinatos a mujeres (después de Lima y Arequipa).

En ese sentido, existen organizaciones Warmikuna Puririsun (Mujeres Caminando) que agrupan a mujeres del Cusco quienes vienen generando espacios de reflexión comunitarios, demandando a las autoridades que tomen acción ante esta problemática que vulnera los derechos de las mujeres.

Desde la agenda de las mujeres del Cusco, especialmente de Canchis y Sicuani, demanda al Gobierno Central formular reglamentos, así como asignar presupuesto para las ordenanzas sobre violencia de género. Para ello se requiere – aseguran – promover un trabajo descentralizado en la respuesta del Estado.

ENDES también revela que entre las mujeres cusqueñas que no buscaron ayuda, el 39,6% mencionó que no era necesario. Un 19,8% se refirió a que tuvo vergüenza; el 22,7% de mujeres tuvo diferentes miedos para no buscar ayuda, entre ellos el más frecuente fue el miedo a que le pegara de nuevo a ella o a sus hijos (12,2%). Por último, el 10,1% que no sabe a dónde ir o no conoce servicios, mientras que otras razones alcanzaron menores porcentajes.

Al respecto las mujeres de “Warmikuna Puririsun” señalan que esta falta de confianza a los servicios del Estado podría ser superada con una adecuada transversalización del enfoque de género en el Gobierno Regional, los Gobiernos Provinciales y Municipales con mecanismos de seguimiento y fiscalización para su cumplimiento, tal como lo señalan en su denominada “Agenda Social y Plural”.

Asimismo, el colectivo resalta que se debe alertar sobre la legislación contraria a la garantía de los derechos de las mujeres impulsada y aprobada por el Congreso de la República en los últimos meses.







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