Por Denisse Torrico
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La confirmación de Keiko Fujimori como presidenta electa, tras culminar el procesamiento del 100% de las actas por parte de la ONPE, abre un nuevo escenario político y económico para el Perú. En entrevista con Stakeholders, Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), explica cómo este nuevo panorama podría impactar en la inversión privada, el empleo y el crecimiento económico, además de advertir sobre la necesidad de fortalecer la prevención ante un eventual Fenómeno El Niño Costero.
¿Cómo influye el actual escenario político en las perspectivas económicas del Perú para los próximos meses?
Los resultados electorales muestran una tendencia clara hacia una mayor estabilidad política. Si bien el partido de gobierno no tendría mayoría absoluta en el Congreso, sí sería la principal fuerza política, lo que reduce la probabilidad de episodios de inestabilidad como los que hemos vivido en los últimos años.
Esto genera mayor confianza entre los inversionistas, porque se espera una mayor continuidad en las políticas públicas, una menor rotación de ministros y un entorno más favorable para implementar proyectos de largo plazo.
Los riesgos persisten si la oposición adopta una posición obstruccionista o si surgen alianzas regionales que dificulten la ejecución de políticas. Sin embargo, el escenario general es de mayor certidumbre respecto a la economía.
¿Qué tan sostenible puede ser esta recuperación de la inversión privada y cuáles son los principales riesgos?
Hoy existen condiciones favorables para que la inversión privada continúe creciendo. Uno de los principales motores son los altos precios internacionales de los metales, impulsados por la transición energética global. Metales como el cobre y el zinc seguirán teniendo una demanda importante durante los próximos cinco o diez años, lo que incentiva nuevas inversiones mineras.
A ello se suma una mejora en la confianza empresarial y una importante cartera de proyectos de infraestructura, telecomunicaciones, aeropuertos y conectividad.
Para que esta tendencia se revierta tendría que ocurrir un fuerte choque de confianza asociado a una nueva inestabilidad política. Hoy ese escenario parece menos probable. El principal riesgo continúa siendo la conflictividad social y la llamada licencia social, especialmente en proyectos mineros ubicados en el sur del país.
¿Los beneficios de este crecimiento ya se reflejan en la economía de las familias?
Las cifras muestran señales positivas. En Lima Metropolitana y Callao el empleo viene creciendo a una de las tasas más altas de los últimos quince años, mientras que el desempleo se encuentra en mínimos históricos.
A nivel nacional también aumenta el empleo formal y la masa salarial. Incluso algunos indicadores de percepción familiar ya han vuelto a terreno positivo por primera vez desde antes de la pandemia.
Todavía existe cierto pesimismo acumulado tras una década de inestabilidad política, pero si la inversión privada mantiene un crecimiento sostenido, esos beneficios deberían reflejarse cada vez más en los hogares.
¿Cuáles deberían ser las principales prioridades económicas del próximo gobierno?
Una de las primeras medidas debería ser implementar un plan de acción frente al Fenómeno El Niño Costero. No solo por los impactos económicos que puede generar, sino porque también marcará la primera gran prueba de gestión del nuevo gobierno.
Además, sería importante avanzar en un proceso de desregulación que simplifique trámites y facilite la formalización de las empresas. Esto permitiría ampliar la base tributaria, mejorar el acceso al crédito y fortalecer especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
¿Qué tan vulnerable sigue siendo la economía peruana frente a un Fenómeno El Niño Costero?
El Perú continúa siendo altamente vulnerable. Los avances en obras de prevención siguen siendo limitados, especialmente en regiones del norte como Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.
Además, solo alrededor del 30% de los gobiernos regionales y locales cuenta con planes adecuados de gestión del riesgo de desastres. Esto refleja importantes brechas de planificación y coordinación entre los distintos niveles del Estado.
Fortalecer esa articulación será fundamental para reducir los impactos económicos y sociales de futuros eventos climáticos.
¿Qué sectores serían los más afectados por un nuevo evento climático de gran magnitud?
Los sectores más expuestos siguen siendo la pesca y la agricultura. En la pesca, el calentamiento del mar reduce la disponibilidad de especies como la anchoveta, afectando la producción de harina y aceite de pescado.
En el agro, las lluvias intensas dañan cultivos, afectan la floración de productos de exportación como uvas, mangos, arándanos y paltas, además de interrumpir las cadenas logísticas por los daños en carreteras.
También se verían afectados sectores como la construcción, debido a la paralización de obras, y el turismo interno, especialmente en el norte del país.
Más allá de las pérdidas inmediatas, ¿qué efectos económicos deja un Fenómeno El Niño?
Uno de los principales efectos es el incremento de la inflación. Esto ya ocurrió durante el episodio de 2023, cuando el aumento de precios deterioró aún más el poder adquisitivo de las familias.
La recuperación del consumo no es inmediata y puede tomar varios años. A ello se suman los largos procesos de reconstrucción de infraestructura y viviendas, que en el Perú suelen avanzar lentamente. Todo ello termina afectando la competitividad de las regiones más golpeadas.
¿Cuánto le cuesta al país no invertir oportunamente en prevención?
El mayor costo proviene de la falta de planificación. Muchas inversiones siguen concentrándose en responder a las emergencias, en lugar de prevenir los riesgos.
Esta situación está relacionada tanto con la inestabilidad política de los últimos años como con las limitadas capacidades de gestión de muchos gobiernos regionales y locales. Con un escenario político más estable, existe la oportunidad de desarrollar planes de prevención de largo plazo y mejorar la coordinación entre los distintos niveles del Estado.
¿Qué otros desafíos considera prioritarios para reducir la vulnerabilidad del país?
Un tema que suele recibir poca atención es la planificación urbana y la vivienda social. Más del 60% de las nuevas viviendas construidas en las últimas décadas son informales, muchas ubicadas en zonas de riesgo y sin una adecuada planificación urbana.
Esta situación incrementa la exposición frente a desastres naturales, dificulta la provisión de servicios básicos y complica la ejecución de obras de prevención.
Por ello, una estrategia integral frente al Fenómeno El Niño también debe incluir políticas de desarrollo urbano, vivienda social y una mayor articulación entre el Estado y el sector privado para impulsar proyectos habitacionales seguros y planificados.
