Cuando la crisis energética amenaza la seguridad alimentaria del Perú

La crisis del petróleo no puede entenderse únicamente como un problema energético o geopolítico. En nuestro país, sus efectos llegan rápidamente a la mesa familiar. Cuando sube el precio del crudo, aumentan los costos del transporte, los fertilizantes, la producción agrícola y la canasta básica. En un país donde millones viven con ingresos frágiles y la agricultura familiar sostiene el abastecimiento interno, una crisis petrolera puede convertirse en una crisis alimentaria. El problema se agrava dentro del marco general del cambio climático. 

Los sistemas alimentarios dependen fuertemente de los combustibles fósiles: diésel para tractores, gas para fertilizantes, camiones para la distribución. A nivel global, este sector consume alrededor del 15 % de los combustibles fósiles. Por eso, cada crisis energética internacional expone los precios de los alimentos.

La cadena invisible que une al petróleo la inflación y los alimentos en el Perú

El Perú es especialmente vulnerable porque depende en gran medida de combustibles importados. En un escenario de tensión internacional, como una interrupción en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, el impacto no tarda en sentirse: el encarecimiento del barril golpea el transporte, la producción y el comercio. El efecto más sensible, sin embargo, aparece en los alimentos, porque producirlos y llevarlos a los mercados nos cuesta más.

El primer canal de impacto es el transporte. Los alimentos que llegan a Lima viajan por carretera desde regiones agrícolas de la costa, la sierra y la selva. Si sube el diésel, sube el costo de trasladarlos, y ese aumento se incorpora al precio final. Para los hogares de menores ingresos, incluso un incremento moderado puede significar comprar menos o reemplazar alimentos nutritivos por opciones más baratas.

El segundo canal es la producción agrícola. Muchos pequeños productores dependen de fertilizantes, pesticidas y maquinaria vinculados al precio del gas y del petróleo. Si estos insumos suben, los agricultores enfrentan una disyuntiva: asumir mayores costos, reducir fertilizantes o trasladar el alza al precio de venta. En cualquiera de los casos, la seguridad alimentaria se debilita.

El tercer canal es la inflación. El encarecimiento del petróleo no solo afecta alimentos frescos, sino también productos industrializados que incorporan energía en distintas etapas: procesamiento, refrigeración, empaque y distribución. Por eso, una crisis petrolera funciona como una cadena de transmisión de precios. Lo que empieza como un conflicto internacional termina apareciendo en el mercado de barrio, en el comedor popular, en la olla común y en la lonchera escolar.

Comedores populares, ollas comunes y hambre nacional

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social autorizó recientemente una transferencia de más de S/ 29.5 millones de soles para garantizar la continuidad del servicio alimentario en comedores populares y ollas comunes a nivel nacional. La medida busca asegurar la alimentación de más de un millón de personas en situación de vulnerabilidad mediante el Programa de Complementación Alimentaria. 

Los datos muestran la magnitud de la dependencia social de estos espacios comunitarios. Las ollas comunes atienden a 287 139 de usuarios, principalmente familias en situación de riesgo y casos sociales. Los comedores populares, por su parte, benefician a 800 222 de usuarios, entre ellos personas en condición de pobreza, adultos mayores y madres solteras. En ambos casos, el precio que pagan los usuarios es de S/ 2.25 Soles por ración. 

“El Perú necesita reducir la dependencia de combustibles fósiles en su sistema alimentario”.

Estos números son claves para entender cómo una crisis petrolera afecta la seguridad alimentaria. Si el precio del combustible sube, también suben los costos de compra, transporte y distribución de los alimentos que sostienen estos programas. Con el mismo presupuesto se compra menos. En consecuencia, los comedores y ollas comunes enfrentan tres presiones simultáneas: mayor demanda de familias empobrecidas, mayores costos de abastecimiento y menor capacidad para mantener la calidad nutricional de las raciones.

Hambre: un flagelo nacional

La situación se vuelve más preocupante si se considera el deterioro del hambre en el país. El Índice Global del Hambre 2025 reveló que el Perú alcanzó su peor nivel de los últimos 15 años. Nuestro país obtuvo un puntaje de 18.8, ubicándose en la frontera entre la categoría de hambre “moderada” y “grave”. Según el reporte, las regiones con indicadores más alarmantes son Pasco, Huancavelica, Loreto, Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Puno y Huánuco. 

Este dato cambia el enfoque del problema. La crisis del petróleo no golpea a un país alimentariamente estable, sino a uno que ya arrastra una vulnerabilidad estructural. El hambre en el Perú no se explica por falta de producción, sino por dificultades de acceso, distribución e ingresos insuficientes. Lo que falla no es la producción: es la capacidad de una parte importante de la población para acceder a los alimentos. 

Variables climáticas y la agricultura familiar

El cambio climático agrava aún más este escenario. Sequías, lluvias extremas, huaicos y alteraciones del Fenómeno El Niño afectan la producción agrícola y dañan la infraestructura rural, encareciendo el transporte. La crisis petrolera y la crisis climática se refuerzan mutuamente: una eleva el costo de la energía y los insumos, la otra reduce la productividad y aumenta la incertidumbre.

En este contexto, la agricultura familiar es estratégica ya que aporta entre 60 % y 70 % de la alimentación de los hogares peruanos. Sin embargo, este sector enfrenta alta vulnerabilidad frente al aumento de precios de insumos, la variabilidad climática, la falta de infraestructura y el limitado acceso a mercados. Si los pequeños productores no pueden sostener sus costos, la seguridad alimentaria nacional queda comprometida. 

Por eso, la respuesta pública no debería limitarse a subsidios temporales. Estas medidas alivian el golpe inmediato, pero no resuelven el problema de fondo. El Perú necesita reducir la dependencia de combustibles fósiles en su sistema alimentario, fortalecer la agricultura familiar, mejorar caminos rurales, impulsar energías renovables y apoyar prácticas agroecológicas menos dependientes de fertilizantes importados.

En conclusión…

La crisis del petróleo muestra que la seguridad alimentaria no depende únicamente de producir más alimentos, sino de transportarlos, distribuirlos y consumirlos a precios accesibles. Cuando el combustible sube, todo ese sistema se encarece. Y cuando eso ocurre en un país con más de un millón de personas apoyadas por comedores y ollas comunes, con un Índice Global del Hambre en retroceso y una agricultura familiar vulnerable, el problema deja de ser económico y se convierte en social.

El Perú no puede controlar el precio internacional del petróleo ni resolver los conflictos geopolíticos que sacuden el mercado energético mundial. Pero sí puede reducir su exposición. La pregunta de fondo no es cuánto costará el combustible mañana, sino cuánto tiempo más el país mantendrá su alimentación atada a un sistema fósil, frágil y climáticamente riesgoso. Porque proteger la seguridad alimentaria exige, hoy, una transición energética y agrícola. De lo contrario, cada nueva crisis seguirá mermando, silenciosamente, el plato de los peruanos.