Rodrigo Salcedo
Especialista Senior en Desarrollo Rural Sostenible
El Perú es considerado uno de los países con mayor oferta de recursos hídricos y se coloca en el décimo primer lugar de mayor disponibilidad de agua dulce por habitante en el mundo y primero de Latinoamérica. Sin embargo, existen diversos factores que dificultan su gestión eficiente y sostenible.
Por ejemplo, la disponibilidad de agua por persona en la mayoría de las cuencas de la vertiente del Amazonas supera los 50 000 m3 al año, pero a la vez existen cuencas de la vertiente del Pacífico en donde la disponibilidad por persona no supera los 500 m3 al año y se encuentran en una situación permanente de estrés hídrico. Este escenario se agrava si se considera que las cuencas del Pacífico albergan a más del 64% de la población nacional.
Por otro lado, el agua en el país se destina principalmente al uso agropecuario. Así, el 84% del uso consuntivo del agua se concentra en el sector agropecuario (un total de 15 818 millones de m3 en el año 2018) y aproximadamente 10% se destina para uso poblacional (1 853 millones de m3 en el año 2018). Cabe resaltar que el producto agropecuario con mayor huella hídrica absoluta es el arroz: se necesitan 3 041 millones de m3 al año para producir todo el arroz del país, de los cuales el 71% se asigna gracias a la infraestructura de riego instalada o por la extracción de agua a través de pozos (huella hídrica azul).
Sin embargo, para producir un kilogramo de café, se necesitan 10 348 litros de agua, aproximadamente 3 veces más que la cantidad necesaria para producir un kilogramo de arroz, siendo el café el producto agropecuario con la mayor huella hídrica por kilogramo producido (principalmente, huella verde). El exceso de agua destinada para la producción de arroz en la costa conlleva a problemas graves de salinización de los suelos y una posterior caída en los rendimientos en la producción. En ese caso, es fundamental incentivar la producción de cultivos que no degraden el suelo, más rentables y que brinden un retorno asegurado a las grandes inversiones en infraestructura de riego en la costa.
Por otro lado, es necesario acortar las brechas en el acceso a agua para uso doméstico. El 5% y 24% de las poblaciones urbana y rural, respectivamente, no accede a agua proveniente de la red pública. La situación se agrava si consideramos el acceso a agua con niveles adecuados de cloro.
El 51% y 93% de las poblaciones urbana y rural, respectivamente, no acceden a agua con niveles adecuados de cloro. Es fundamental mejorar la calidad de la inversión del servicio de saneamiento rural, especialmente en la sierra y la selva. No solo es necesario incrementar el gasto en inversión en infraestructura, sino también invertir en tecnologías y sistemas de gestión innovadores. Finalmente, es necesario repensar la gestión de las fuentes de agua, especialmente en un contexto de cambio climático. Los glaciares, ecosistemas fundamentales para la regulación del ciclo hidrológico y la temperatura en el país, se encuentran en un proceso de derretimiento. Entre los años 1989 y 2018 se ha perdido más del 50% de la superficie glaciar.
En ese sentido, debemos rediseñar las actividades de siembra y cosecha de agua de manera que se asegure su sostenibilidad económica, social y ambiental, considerando la participación de las comunidades y diseñando mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos más efectivos. Asimismo, es clave la conservación de los bofedales de las zonas altoandinas y humedales de la selva, especialmente las turberas. Estos últimos son considerados grandes depósitos de carbono con el riesgo de ser liberado y propiciar un incremento significativo en las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Debemos considerar declarar los humedales del país como zonas intangibles.