Por Stakeholders
Lectura de:
Jorge Melo Vega
Presidente de Responde
Abordar el tema de la informalidad en nuestro medio es un tema que ya no nos llama la atención, debido a que convivimos con ella, porque sabemos que empeora cada día, porque a las autoridades no les importa y no hacen nada por reducirla y lo peor, es que consideran que es una salida social frente a la crisis y un método de sobrevivencia ante la pobreza. El haber “normalizado” esta situación nos impide ver el desastroso impacto que genera esa informalidad en sectores como la minería, en el que el tema tributario resulta secundario frente al daño social y ambiental que es delictivo.
La minería informal se desarrolla, sobre todo, en zonas en las que está prohibida la actividad extractiva por el grave daño que genera al ecosistema natural, como es el caso del oro en Madre de Dios. Otro escenario es el que se practica en zonas que están concesionadas a un operador, pero el informal no respeta la concesión y sencillamente extrae minerales al margen de las regulaciones. En este caso el concesionario no puede hacer de policía. También existen ejemplos en los que hay una pequeña concesión y el informal paga un cupo para trabajar en una fórmula de subarriendo, infringiéndose las normas. Lo que distingue a esta actividad informal es que no cumple los parámetros en seguridad y salud que, en este escenario, resultan indispensables por la peligrosidad en la extracción y cuyo incumplimiento no hay más que ver las noticias- en la mayoría de los casos puede terminar en la muerte.
Tenemos entonces la situación de los trabajadores que se exponen a una situación de alto riesgo que requiere de herramientas y equipamiento especial. También hay otras figuras delictivas con trabajadores que no debieran estar allí, como es el caso de los niños que son obligados a esas tareas. Hay también trabajo esclavo y trata de personas. Estamos hablando de cerca de 500,000 personas involucradas y muchas de ellas se enriquecen a costa de la vida y la salud de otras en un encadenamiento en el que eslabón tras eslabón resulta pernicioso para la sociedad.
La dinámica que genera esa economía ilegal tiene un alto impacto negativo en las localidades próximas. Hay un comercio de insumos y materiales prohibidos y como ocurre en toda práctica fuera de la ley, se organizan mafias para que el modelo funciones. Esto es, dinero negro que se destina hacia actividades delictivas, como la prostitución infantil, venta de licor a menores, tráfico de drogas y negocios propios de la circulación de abundante dinero que no puede ingresar fácilmente al sistema financiero. Ese entorno mafioso, también requiere de sicarios. Todo esto en localidades rurales con escasos servicios públicos y mucha pobreza.
Ocurre también un grave daño ambiental que se genera desde la minería informal. No debemos olvidar que se trata de una actividad extractiva que requiere de autorizaciones y procedimientos muy rigurosos para proteger y vigilar los ecosistemas sociales y ambientales. Se trata de un sector que, por los diversos impactos negativos que genera, se encuentra muy regulado, y el Estado en los casos de la minería formal dispone de varios organismos fiscalizadores, ya que se enfocan en la principal fuente de ingresos para el país.
Se estima que la minería informal genera un movimiento aproximado de 4,000 millones de dólares que no tributan, no pagan canon minero y se apropia de localidades que terminan estando fuera del radar del Estado y las leyes.
