Por Stakeholders
Lectura de:
Carlos Zapata Dávila
Senior Staff – ESG. Catedrático de Sostenibilidad
en la Universidad de San Francisco y la Universidad
de California San Diego.
El desastre ecológico producido por la empresa Repsol en nuestro litoral el pasado 15 de enero, y calificado por nuestra cancillería como el peor desastre ecológico en el Perú, debe establecer un precedente desde varios aspectos, para que las empresas petroleras en el país -y otras también expuestas a riesgos ambientales- se responsabilicen de sus actos.
En esta columna hemos escrito extensivamente sobre los factores ASG, la responsabilidad de compañías de todos los rubros de adherirse a estos factores, los principios y valores de empresas para integrar éstos en sus operaciones de negocios, y entre otras cosas, la expectativa y exigencia de los distintos grupos de interés para que empresas atiendan estos factores ASG.
Integrar criterios ASG en las operaciones de negocios de una empresa no significa reaccionar ante un desastre de cualquier tipo. Significa implementar medidas de prevención de riesgos, gestionar eficazmente estas medidas y procesos, y responder debida y rápidamente ante cualquier eventualidad. Repsol, la empresa española que opera en el Perú desde el año 1995 y que promulga a todo pulmón su fuerte compromiso con el medio ambiente y la biodiversidad, su ética y transparencia, y el respeto por las comunidades que rodean sus centros de operaciones -entre otros criterios ASG a los cuales aseguran adherirse- violó de manera grosera, todos y cada uno de esos criterios que pregonan valorar.
Bajo esta óptica -y muy aparte del ecocidio cometido, la total evasión de responsabilidad por lo ocurrido antes y después del desastre, y la falta de medidas preventivas enfocaré estas líneas en la responsabilidad social y ambiental que empresas como Repsol deben asumir ante hechos como los ocurridos en Lima el mes pasado. Sobre todo, cuando se trata de empresas, como mencioné líneas arriba, que aseguran y manifiestan abiertamente total compromiso con la responsabilidad social y ambiental. En el caso de Repsol, su Comité Ejecutivo Corporativo adoptó y publicó una Política de Salud, Seguridad y Medioambiente en marzo del 2017 en la cual, entre otros temas, aseguran puntualmente una gestión proactiva del riesgo e impactos con el medio ambiente y las comunidades donde operan.
Ante lo expuesto, y la forma como Repsol reaccionó después del derrame de más de 6,000 barriles de petróleo en nuestro mar y las consecuencias harto conocidas, y que tendrán efectos desastrosos de largo plazo, no resulta descabellado deducir que la compañía española se burló descaradamente de todo el Perú y de cada uno de sus grupos de interés. Sin embargo, lo más alarmante es que el único grupo de interés en tomar medidas drásticas y exigir la responsabilidad por parte de Repsol ante lo acontecido, fue el gobierno peruano. La respuesta de algunas ONG no se dejó esperar. Igualmente significativo fue la falta de intervención de 3 de las compañías de gestión de activos más grandes del mundo, BlackRock, Amundi o JP Morgan Chase, cuales en conjunto son propietarias de casi el 15% de Repsol.
La responsabilidad de Repsol va más allá de aceptar su participación directa en el derrame, o cubrir los gastos por los daños ocurridos. Debido a que las consecuencias de este derrame serán de largo plazo, no solamente en nuestra ecología, sino también en el sustento de vida de cientos de peruanos, Repsol debe remediar inmediatamente las fuentes de trabajo que se perdieron, específicamente en el sector pesquero, o retribuir económicamente a los afectados. Igualmente, Repsol está en la obligación de atender la necesidad alimenticia que este desastre ocasionó a la fauna del sector. Todo esto, sumado a la obligación de Repsol de implementar y publicar medidas de prevención y gestión de riesgos, haciendo partícipes a la comunidad.
