Por Stakeholders
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Expertos en prevención del delito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) piden una legislación más estricta y uniforme entre países y regiones, para la protección del medio ambiente. Los esfuerzos mundiales para prevenir los delitos contra la naturaleza y llevar a los delincuentes ante la justicia se están viendo obstaculizados por las diferencias en las leyes de protección del medio ambiente entre regiones.
“Una legislación más estricta puede contribuir a disuadir a los delincuentes potenciales y reincidentes y a ampliar las múltiples herramientas y recursos de investigación de las fuerzas del orden para acabar con los delitos que afectan al medio ambiente”, declaró Angela Me, directora de investigación y análisis de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), al presentar el informe el viernes.
Presentado en Viena, “El panorama de la penalización” es la primera parte del primer Informe referente al análisis mundial de los delitos que afectan al medio ambiente. La UNODC examina cómo definen los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas los delitos contra la naturaleza y las penas que establecen por infringir las leyes medioambientales.
Tras la examinación, se estableció que no menos del 85% de los Estados miembros de la ONU tipifican como delito los delitos contra la fauna y flora silvestres.
Al menos el 45% de los países imponen penas de cuatro o más años de prisión por algunos delitos contra el medio ambiente, lo que los clasifica como delitos graves según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), una norma universalmente reconocida.
“Nuestro examen muestra avances a escala mundial en las leyes de protección del medio ambiente”, declaró Angela Me. Sin embargo, señaló que la legislación y su aplicación siguen siendo desiguales, lo que crea “oportunidades para que los grupos delictivos exploten las lagunas en las respuestas.”
La fauna y flora silvestres y los residuos son los ámbitos en los que la mayoría de los países (164 y 160, respectivamente) incluyen al menos un delito penal relacionado en su legislación nacional. Por el contrario, la contaminación del suelo y acústica (99 y 97, respectivamente) son las áreas en las que menos países cuentan con disposiciones penales.
Variaciones regionales
El nivel de penalización y las sanciones cambian según el país y la región. Por ejemplo, en Oceanía, el 43% de los países consideran la pesca ilegal como un delito grave (que conlleva cuatro o más años de cárcel), mientras que en Europa sólo el 2% de los países lo clasifican como tal. Por su parte, 12 de los 18 países de África Oriental consideran delitos graves los delitos contra la vida silvestre.
África y Asia tienen el porcentaje medio más alto de Estados miembros con penas que se ajustan a la definición de delito grave, lo que indica que la legislación no es necesariamente débil, sino que hay una falta de aplicación.
De los nueve ámbitos estudiados, los delitos contra la fauna y la flora silvestres son los que con más frecuencia están contemplados en la legislación penal, ya que 164 Estados miembros mantienen disposiciones de este tipo.
La legislación nacional de muchos países supera incluso los requisitos de la CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
A nivel mundial, las penas por delitos contra la vida silvestre van desde unos pocos días hasta la cadena perpetua, mientras que las multas pueden oscilar entre unos pocos dólares y tres millones.
Junto a la fauna y la flora silvestres, los delitos vinculados con los residuos están muy penalizados: 160 países consideran delito el vertido inadecuado de residuos e incluyen en su legislación al menos un delito penal relacionado.
Por el contrario, la contaminación del suelo y acústica son las menos protegidas, con sólo 99 y 97 países, respectivamente, que consideran graves estas infracciones.
