Por Stakeholders
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Unas 25 playas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en enero pasado en una refinería operada por Repsol en el norte de Lima siguen contaminadas por hidrocarburos, mientras que 10 han sido declaradas libres de crudo, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
En un comunicado, la institución detalló que, hasta el momento, ha evaluado el estado de 40 lugares, incluidas 35 playas y 5 puntas, y, de ellos, solo 13, correspondientes a 10 playas y 3 puntas, se encuentran libres de hidrocarburos.
En cambio, otros 27 sitios, conformados por 25 playas y 2 puntas, aún se encuentran afectados con petróleo, 7 meses después del desastre ecológico.
En total, el OEFA está evaluando 97 sitios desde la playa La Pampilla, ubicada en el municipio de Ventanilla, hasta la playa Punta Salinas, en Huacho, y 57 siguen en proceso de evaluación.
El organismo fiscalizador agregó que, hasta el momento, ha impuesto siete multas coercitivas a Repsol por un monto de 2,852 millones de soles (unos 735.000 dólares), que ya ha sido pagado.
Además, abrió seis procedimientos administrativos contra la compañía y, uno de ellos, determinó la responsabilidad administrativa e impuso a la compañía una sanción de más de 5 millones de soles (1,3 millones de dólares).
El Ministerio del Ambiente informó recientemente que, en paralelo a las sanciones del OEFA, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) inició dos procedimientos administrativos sancionadores a Repsol por contaminación a la diversidad biológica en la Zona Reservada Ancón y la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.
Estos procedimientos, por los que la empresa podría ser multada por hasta 46 millones de soles (casi 12 millones de dólares), se espera que culminen en septiembre próximo, siempre según el Ministerio.
El derrame ocurrió el 15 de enero pasado, cuando el buque petrolero italiano Mare Doricum descargaba el hidrocarburo de la terminal 2 de la refinería La Pampilla, que opera Repsol en el municipio de Ventanilla, ubicado a unos 20 kilómetros al norte de Lima.
A raíz de esta fuga, que Naciones Unidas calificó como «el peor desastre ecológico en la historia del país», el litoral peruano recibió el vertido de unos 10.396 barriles de crudo, según datos de Repsol, mientras que las autoridades peruanas aseguran que fueron 11.900 barriles.
Debido a la catástrofe ambiental, el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) presentó una demanda judicial contra la compañía por 3.000 millones de dólares por los daños causados por el derrame y otros 1.500 millones por el daño moral a los consumidores, usuarios y afectados, una cifra que tiene que ser definida por un juez.
Por su parte, Repsol, que tachó de «infundada, improcedente e incongruente» la demanda, puso a disposición de la población damnificada un mecanismo de ayuda económica de emergencia que alcanzó a más de 4.600 personas, además del acuerdo firmado con el Gobierno peruano para entregar un anticipo de la indemnización final al padrón de los afectados.
La compañía reportó a las autoridades peruanas el pasado 13 de abril el fin de las acciones de limpieza en 28 playas que, aseguró, fueron «declaradas limpias y listas para el monitoreo respectivo y en espera de la conformidad por parte de la autoridad».
