Por Stakeholders
Lectura de:
Raúl Andrade
APOYO Consultoría S.A.C
El reporte Microscopio Global del 2020, elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, coloca al Perú, junto con Colombia, en el primer puesto en un ranking que ordena a 55 países en vías de desarrollo según sus avances en inclusión financiera. El ranking evalúa cinco dimensiones en las que Perú obtuvo puntajes más altos que el promedio. En la dimensión referida al apoyo gubernamental y político a la inclusión financiera y en la que evalúa si las regulaciones facilitan la estabilidad e integridad del sistema financiero, Perú obtuvo 84 puntos sobre un máximo de 100. Asimismo, en las dimensiones que evalúan la calidad de la protección al consumidor y la infraestructura, sobre todo la digital, obtuvo puntajes de 88 y 83, respectivamente. Finalmente, obtuvo el puntaje máximo posible en la dimensión referida a la promoción de mayor diversidad de productos y puntos de venta.
Estos resultados muestran los avances que hubo en el país desde hace varios años. Tanto el auge de las microfinanzas, que crecieron significativamente desde fines de la década del 90, como los esfuerzos de instituciones financieras más grandes por atender nuevos mercados, y el aprovechamiento de tecnologías de la información para innovar en productos y formas de acercamiento a clientes, han contribuido con ello. Las facilidades existentes para la apertura remota de cuentas, la gran presencia de cajeros, la diversidad de agentes que sirven como puntos de venta financieros, son manifestaciones de este avance.
La contribución del sector público en este desarrollo también ha sido importante. El 2015 se publicó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), una iniciativa de distintas entidades del Estado que trabajaban independientemente en este tema (como el Banco de la Nación, la SBS, el MIDIS, el MEF, entre otros) para potenciar el impacto de sus esfuerzos a través de su acción conjunta. A partir de esta experiencia, en 2019 se aprobó la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), lo que brinda a estas iniciativas el carácter de política de Estado. Y en la PNIF, además, se establece la necesidad de tener un plan de acción que continúe los esfuerzos iniciados con la ENIF, y que establezca metas cuantitativas específicas que puedan ser monitoreadas permanentemente.
Continuar con este trabajo es importante. A pesar de los buenos resultados agregados, aún existen evidentes oportunidades para seguir incluyendo. Por ejemplo, de acuerdo con datos del INEI para 2020, 72% de hogares a nivel nacional tiene una cuenta bancaria, pero existen 15 puntos de diferencia entre el sector urbano y el sector rural, en donde este porcentaje llega a 61%. Las diferencias entre niveles socioeconómicos también son relevantes: mientras en el NSE A el 94% de hogares tienen cuenta bancaria, en los NSE más pobres, este porcentaje disminuye hasta 60%.
Otros indicadores reflejan mayores oportunidades de expansión, y, nuevamente, diferencias entre segmentos de la población. Es el caso, por ejemplo, del uso de medios digitales para realizar pagos. Por la pandemia del COVID-19, durante 2020 el uso de medios digitales aumentó, pero aún se mantiene en niveles relativamente bajos. Según datos del INEI, en los NSE más altos aproximadamente 20% de hogares ha reportado el uso de medio digitales para realizar transacciones, en los NSE más bajos el porcentaje es la décima parte, y en el sector rural es estadísticamente inexistente.
La pandemia ha mostrado la utilidad de los servicios financieros para ayudar a paliar situaciones críticas. Pero, además, a través de la inclusión financiera, cualquier persona, incluidas aquellas con menores ingresos, pueden ampliar sus oportunidades de consumo, de inversión, de generación de ingresos y, mejorar sostenidamente su calidad de vida.
