Por Stakeholders
Lectura de:
Belén Ríos
Especialista en Desarrollo Sostenible
En ese contexto, desde finales de 2019 y estos primeros meses del año 2020, el mundo enfrenta un enorme desafío que pone en jaque, además de nuestras propias existencias, la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El advenimiento del COVID-19, como una enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, ha remecido a nivel global nuestros sistemas políticos, económicos y sociales, y nos ha llevado a un replanteamiento de las prioridades que los gobiernos y demás actores sociales deben acometer para mitigar las consecuencias de la pandemia.
Una de las medidas de mitigación ha sido, sin duda, el aislamiento preventivo que muchos ciudadanos y ciudadanas estamos viviendo, durante estados decretados en “emergencia”, “alerta” o, en todo caso, regímenes de excepción -de plazos determinados- en los que, claramente, algunos de nuestros derechos quedan restringidos.
En nuestro país, por ejemplo, quedan suspendidos nuestros derechos constitucionales relativos a la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión -en la medida en que las personas accedan a locales privados y públicos- y la libertad de tránsito en el territorio nacional.2
Nuestro derecho al trabajo no queda restringido, sino más bien, se ha tomado medidas restrictivas en aras de preservar nuestra salud y calidad de vida a nivel nacional. Evidentemente, el aislamiento social ha traído como consecuencia que varias actividades económicas se vean afectadas, y, por consiguiente, las actividades laborales también.
Es por esa razón que el Estado ha tomado medidas para asegurar los ingresos económicos de los ciudadanos y ciudadanas, como, por ejemplo, el retiro de un monto fijo de CTS3, e incluso la disposición de un porcentaje de los ahorros del fondo de pensiones, entre otros tipos de asistencia económica. Lógicamente, los trabajadores del Perú no solo prestan sus servicios al sector privado, desde luego están los que trabajan para el sector público, los independientes, los desempleados y subempleados y, desafortunadamente, los trabajadores informales.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 precisamente hace referencia a “trabajo decente y crecimiento económico”, pero cabe preguntarnos si frente a esta agresiva pandemia, en Perú podemos lograr el propósito que éste ODS persigue, que es: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.4
Por suerte y con bastante agilidad, ya el Estado peruano está trabajando en una serie de medidas que nos conducirán a la reactivación de la economía, y junto con ello, la protección de los derechos laborales y fundamentales de los peruanos y peruanas, como los son el derecho al trabajo digno y a percibir ingresos para la sostenibilidad de las familias. A su vez, las empresas, cumpliendo con su responsabilidad social, están asumiendo un rol importante en redefinir la situación de sus trabajadores, tomando en consideración el marco laboral planteado por el Estado.
Sin duda, el legado que nos trae el enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es esperanzador, pues ya nos marca la hoja de ruta que, en esta oportunidad, debemos emprender como nación de cara al futuro y tras el fin de la pandemia.
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
2 https://laley.pe/art/9369/estado-de-emergencia-por-el-coronavirus-20-preguntas-clave
3 El abono de la CTS es un beneficio que se otorga a los trabajadores comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada. https://rpp.pe/economia/economia/cts-que-es-quienes-la- reciben-y-cuanto-deben-depositarte-este-15-de-noviembre-noticia-1228033
4https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wpcontent/uploads/sites/3/2016/10/8_Spanish_Why_it_Matters.pdf
