Por Stakeholders
Lectura de:
Jorge Melo Vega Castro
Presidente de Responde
Ya no nos sorprenden los bandazos que viene dando la opinión pública frente a diferentes decisiones trascendentes que debería tomar el gobierno. Esa situación refleja nuestra precaria formación ciudadana que impide identificar las prioridades nacionales con una mirada honesta, reconociendo la realidad, para encontrar una salida auténtica y así construir nuestro desarrollo. Lo hemos visto ante la imposibilidad de sacar adelante una reforma laboral que genere empleo juvenil o que permita contar con contratos de trabajo a largo plazo. El facilismo populista lo ha impedido más de una vez, en base a premisas falsas, como la defensa de unos derechos que no existen, salvo para una minoría y porque la reforma serviría para favorecer a las grandes empresas, cuando en el Perú, no las tenemos hay muy pocas y es parte de nuestras limitantes para la competitividad. La respuesta de la autoridad ante el humor de la calle ha sido entonces, la inacción. “No hay condiciones”.
Otro ejemplo es el que estamos viviendo con la minería y la renuncia a crear las condiciones para sacar los proyectos mineros que nos permitan generar desarrollo. Insistimos en que no se trata únicamente de crear crecimiento económico, porque eso se obtiene con inversión, mientras que el desarrollo significa compromiso auténtico de las autoridades, diálogo, presencia del Estado en la zona que se expresa con la oferta de servicios básicos: salud, educación, seguridad, justicia y transporte. Esa es la actuación del Estado y no promesas que luego se incumplen.
El diálogo es indispensable y si hay sectores que no lo desean hay que proscribirlos. El diálogo es fundamental para cualquier decisión, incluso en los escenarios de consulta previa que algunos sectores exigen. El Convenio 169 de la OIT precisa que sólo puede haber consulta previa si hay información. Hablar de diálogo entonces, es involucrarse en la protección y respeto a los Derechos Humanos, de allí que quienes se oponen a ese espacio, están violentando derechos fundamentales y la autoridad está obligada a hacer respetar el diálogo.
Debemos de una vez por todas comprender, como una sociedad madura, que todas, absolutamente todas las actividades generan impactos positivos y negativos, las haga quien las haga: el privado, el Estado, la Iglesia, la sociedad civil o la academia. El reto, el entendimiento, el diálogo, pasa por identificar los impactos positivos para la sociedad y probablemente mi colectivo o uno individualmente tendrá más impactos negativos y por tanto, mediante ese diálogo se abordará la forma de mitigarlo o compensarlo. Pero no se puede impedir el desarrollo de todos por el impacto a unos pocos. La obligación de la autoridad es precisamente la de convencernos, actuando, que sí lo mejor para todos es que haya una carretera, un hospital, una iglesia, una mina, un aeropuerto o una iglesia frente a mi casa o en mis terrenos, yo tengo que aceptar y ser adecuadamente compensado por ello. Mi respuesta no puede ser agarrarme a balazos contra la autoridad.
Estamos experimentando el ejercicio de un Estado débil incapaz de hacer cumplir las leyes y una administración de justicia que evita pronunciarse en base a valoraciones políticas frente al conflicto. Mientras tanto, importantes sectores de la población también empiezan a modificar sus prioridades abandonando la opción por la inversión y el desarrollo; y así sumando una cosa y la otra, la percepción de futuro y confianza en el país se está deteriorando considerablemente. Nos falta información y diálogo, practicar la ciudadanía.
