Por Stakeholders
Lectura de:
Hans Rothgiesser
– Director Adjunto de la Revista Stakeholders
La minería es un sector bastante complejo. No solamente por los retos técnicos que representa o por la fuerte inversión que requiere, sino además porque implica una relación con la comunidad que no siempre hemos sabido manejar en el Perú. Y cuando digo “hemos”, me refiero a todos nosotros: desde algunas empresas mineras que no han sabido manejar los conflictos o prepararse para ellos, hasta el Estado que no cumplió con su parte luego del lanzamiento de la consulta previa durante el gobierno anterior, un recurso que se suponía sería la herramienta para acabar con todos los conflictos. Claramente no lo fue.
En el 2016 el 66.8% de los conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo eran socioambientales. De estos, el 61.3% tenían que ver con la actividad minera. No es casualidad, entonces, que la inversión ejecutada en el sector minero, según el Ministerio de Energía y Minas, haya estado en caída desde el 2013.
Pues bien, en el Perú a partir de la nueva realidad en la que las mineras necesitan la aprobación de las comunidades locales para poder operar se comenzó a hablar de la licencia social. Y tiene sentido. Las reglas del juego ahora son ésas. No puedes instalar una mina sin previamente haber trabajado con las comunidades aledañas, de tal manera que después no se aprovechen de lo que en economía se llama oportunismo de capital. Es decir, que luego de haber hecho una fuerte inversión y sabiendo que no puedes simplemente empacar tus cosas e irte, sino que estás atado a esa zona por varios años, los dirigentes de estas comunidades usen esto a su favor para hacer exigencias cada vez más grandes a la empresa que opera la mina.
El escritor Malcolm Gladwell, en su artículo The lady vanishes, comenta cómo a veces aplicamos lo que llama licencia moral para justificar malas prácticas. Se refiere a esas ocasiones en las que hacemos algo “bueno” y con eso compensamos muchas otras cosas “malas” que hacemos después. Él usa este fenómeno para explicar cómo es que hay tantos países que han tenido una y solamente una gobernante mujer elegida democráticamente. En el cerebro de los habitantes surge la idea de que ya les dimos una oportunidad a las mujeres y que con eso es suficiente. Pero, además, a continuación, se desata una serie de actitudes altamente machistas, compensadas en la cabeza de muchos por el hecho de que hicimos esta una cosa en la otra dirección.
En el Perú tenemos a los maestros de este asunto. La expresión “el fin justifica los medios” o su versión más perversa “roba, pero hace obra” lo evidencian. Pero funciona de varias formas. Por ejemplo, mineras que creen que aplicar un potente programa de responsabilidad social le trae como consecuencia una carta blanca para hacer lo que quiera por el otro lado. No, de eso no se trata. De hecho, se trata de no solamente acercarse a la comunidad trabajando juntos en solucionar problemas que pudiera haber, sino mostrar respeto integralmente.
Pero en la otra dirección también lo vemos. Gente que considera que, dado que está luchando por una causa que considera superior a todo lo demás -la protección absoluta al medio ambiente, por ejemplo-, está autorizado a hacer uso de malas prácticas. Desde activistas que perdieron el rumbo hasta periodistas cínicos que han olvidado que su compromiso es con la verdad. Ejemplos tenemos de sobra.
¿Cómo se combate esto? Con la verdad. Y con una ruta recta, que no busque atajos y que sea sincera en su propuesta de trabajar todos juntos para beneficiar a todos. No hay otra manera.
